Let Fake States Fail: Anarchy as a Viable Solution to Artificial States. Interesante artículo de Claudia Williamson, economista especializada en temas de desarrollo económico, public choice, papel de las instituciones informales… Está dentro del entorno del programa de investigación de Peter Boettke y sus discípulos (como Peter Leeson, Ben Powell, Chris Coyne, etc.).

Habla sobre los efectos perniciosos que supuso para el continente africano la creación/imposición por parte de autoridades coloniales de “Estados Artificiales” con fronteras dibujadas arbitrariamente, sin tener en cuenta que se podían estar separando en dos ‘países’ distintos grupos étnicos idénticos, o que se podía estar metiendo en un mismo ‘país’ distintos grupos étnicos. Referencia un paper en el que se muestra cómo estos “Estados Artificiales” presentan indicadores políticos y económicos peores que el resto.

La propuesta de Williamson es dejar que estos “Estados Artificiales” colapsen por sí mismos, en lugar de mantenerlos con vida a base de ayuda externa o intervenciones militares. Así, piensa, se daría paso posiblemente a una situación mejor, donde aflorarían las instituciones africanas indígenas y podría darse cierta cooperación. Pone el caso de Somalia, estudiado por Leeson y Powell donde concluyen que Somalia estuvo mejor sin Estado que con él, y que este país ha tenido un mejor desempeño que otros países con Estado. Hay quienes critican el trabajo de estos investigadores sobre Somalia, ridiculizándolo con comentarios del estilo de:

Hm, did I miss something here? We’re glorifying Somalia now? “Hey everybody, look how great anarchy (or competitive gov’t) works! Isn’t Somalia the envy of the world?”

La comparación correcta de Somalia no es con cualquier país occidental con un Estado democrático, instituciones sólidas, etc. La comparación que debe hacerse es Somalia con otros países con instituciones débiles y gobiernos corruptos/predatorios. Si pensamos que el estado de anarquía podría sumir a los países en guerras y conflictos étnicos horribles, podemos pensar en cómo países africanos con estados han sufrido precisamente este escenario.

Probablemente sería más deseable que contaran con un gobierno limitado, responsable, democrático, que se ocupara del interés general proveyendo bienes públicos (infraestructuras, educación y sanidad mínimas…) y que se encargara de sus funciones mínimas (seguridad, justicia, proporcionar un marco institucional adecuado que proteja y exija el cumplimiento de los derechos de propiedad privada y los contratos..), etc. etc. Pero, ¿qué probabilidades hay de que algo así exista en países con instituciones tan débiles como los países pobres africanos? Lo anterior parecería más bien la Nirvana Fallacy aplicada al gobierno.

Sabemos que la efectividad en la protección de los derechos de propiedad privada es importante para el desarrollo económico. Ésta podría dividirse en ofrecer:

a)      Restricciones sobre la ‘predación pública/estatal’

b)      Protección de la ‘predación privada’

Aquí existiría un aparente trade-off: en principio la existencia del Estado se justifica para garantizar y proteger los derechos de propiedad privada. Cuanto más poder le das al gobierno, tendría más recursos para realizar esa función, con lo que pondría límite a la predación privada. Pero al mismo tiempo, cuanto más poder le das al gobierno, mayores incentivos puede tener el gobierno para cometer predación estatal. La cuestión clave es: ¿qué tipo de predación es más importante?, ¿nos centramos en restringir al gobierno o a los ciudadanos en sus actividades de violación de la propiedad privada?

Bueno, pues estas respuestas han sido contestadas en la literatura reciente sobre desarrollo e instituciones. Tenemos el paper de Daron Acemoglu y Simon Johnson, “Unbundling Institutions” (2005, en Journal of Political Economy). Su conclusión:

State expropriation, not predation by private individuals, is more harmful to economic progress, and thus more important to prevent. Conversely, institutional restraints that prevent government from violating the private property rights of their citizens are the dominant determinant of economic development.