La decisión que ha tomado la presidenta Kirchner sobre YPF sólo puede calificarse de una manera: robo. Es una violación injustificable del derecho de propiedad. Incluso aunque el Gobierno argentino termine pagando lo que le parezca por esta transmisión de propiedad indeseada –mal menor-, la decisión es unilateral y contraria a la voluntad de su actual y legítimo propietario: Repsol.

La actuación arbitraria de la administración pública no es exclusiva de naciones con tradición bananera y propensión al incumplimiento de sus compromisos. Por desgracia, en países que se creen abanderados de la modernidad, la democracia y la seguridad jurídica también se producen frecuentes agresiones a la propiedad privada. Sí, estoy pensando en España. Y, sí, me estoy acordando de la particular forma en que nuestras administraciones suelen abordar el urbanismo, probablemente el único ámbito de la economía nacional donde la “planificación” al más puro estilo soviético goza de la mayor de las impunidades; indubitada a izquierda y –sorprendentemente- a derecha.

Muchos argentinos quizá piensen que su presidenta no es ninguna “patotera”; sino una latina brava y corajuda que se enfrenta a unos gallegos arrogantes y colonialistas. Pobres. Van muy bien dirigidos a su próximo default. Lean, lean este post de Daniel Lacalle que vaticinaba el fatal desenlace de estos lemmings del hemisferio sur. Un proceso que se acelera en la medida en que en el pecado llevan la penitencia: ¿quién va a meter un duro en ese país? Nadie en su sano juicio. Nadie que, de alguna manera, no espere obtener una rentabilidad tal que le compense la altísima probabilidad de intervención -inseguridad jurídica-. Nadie que no juegue, de alguna manera, con cartas marcadas. Lo más parecido al capitalismo, en ese país, es el capitalismo crony. Y ni eso.

No hay más que ver la foto del lugarteniente económico de la Kirchner: ¿sólo a mí me recuerda a uno de esos personajes de los bajos fondos londinenses que tanto han prodigado en el cine desde Snatch: cerdos y diamantes?

Ahora bien, como ciudadanos españoles y sólo como tales, lo que nos debe ocupar y preocupar es la posición de España frente a esta situación. Debo reconocer que la declaración del ministro Soria el jueves pasado me sorprendió, por contundente y preventiva: “los gestos de hostilidad contra las empresas españolas también serán considerados hostilidad a España y al Gobierno de España y tendrán consecuencias”. Una afirmación tan categórica que por un momento pensé que nos quedaba algún Perejil por la zona.

Primero: ¿es Repsol una empresa española? Según la web de la compañía, el 43,54% de sus acciones está en manos españolas mientras que el 51,49% pertenece a nacionales de otros países (el 5% restante es autocartera). Por lo tanto, es bastante española aunque sin mayoría absoluta. Bueno, a lo mejor lo es por empleados. Según la misma web corporativa, en España reside el 46% de la plantilla. Por lo tanto, el 54% lo hace fuera (37% en Argentina). ¿Será por los impuestos? En la web no he sido capaz de encontrarlos, pero sí en un artículo de Alberto Garzón (por lo que pongo el dato en cuarentena). Según el político comunista –y cristinista-, el beneficio antes de impuestos de 2010 fue de 6.613 millones de euros, de los que 3.534 (53,4%) se liquidaron aquí. Y eso que –según también Garzón- sólo el 24,8% de esos beneficios se generaron en España. De lo que se concluye que España-Estado hace un buen negocio fiscal con esta empresa. Por último, Repsol tiene su sede social en España. ¿Es suficiente para merecer la asistencia de un país ante una inversión fallida? ¿La hostilidad hacia una empresa que sólo es -siendo magnánimos- medio española debe considerarse hostilidad hacia el Gobierno de España? ¿Y qué, si lo fuera? Por otra parte, si eso fuera garantía de apoyo gubernamental las grandes sociedades del mundo se domiciliarían en Miami, buscando el cobijo de la Sexta Flota. Y pregunto: si mañana, o anteayer, la Exxon, Lukoil o los árabes oparan Repsol, ¿significaría que el Gobierno se debe inhibir? ¿Dónde está el límite?

Segundo: ¿actúan los Gobiernos de la misma manera para con todas las empresas que salen, han salido y saldrán con el rabo entre las piernas de un país de dudosa seguridad jurídica? Todos los que estamos en el mundo empresarial conocemos situaciones en las que un empresario se ha visto obligado a malvender a la mafia local progubernamental el negocio que había montado en países de dudosa reputación (que prefiero omitir por razones obvias). Y nunca el Gobierno, del signo que sea, ha dado la cara por estos empresarios -y, si lo ha hecho excepcionalmente, con la máxima discreción diplomática-. Sin ir más lejos y para que nadie se ofenda, la suspensión de las primas a las renovables en nuestro país ha perjudicado muchas inversiones españolas y extranjeras –la mayoría alemanas: ¿se imaginan a Merkel considerando este hecho como “hostilidad” hacia Alemania?-

Tercero: ¿De verdad alguien piensa que Argentina es un país fiable para los negocios? ¿El país de la hiperinflación y el corralito? Cuando un empresario realiza una inversión en este país sabe a lo que se expone.

Cuarto: Las nacionalizaciones de recursos naturales energéticos están a la orden del día. Y ha sucedido en países de todas las culturas y latitudes.

Concluyendo:

-         Una empresa privada tomó una decisión –con riesgo, como todas- de inversión con plena libertad.

-         Si sopesó bien o mal ese riesgo es algo que atañe a su directiva y a sus accionistas.

-         No resulta obvio que el Gobierno de España y sus servicios diplomáticos –pagados con el dinero de los ciudadanos- estén al servicio de empresas privadas, sean o no españolas (¿qué es ser español?), por decisiones de inversión tomadas en el normal desenvolvimiento de los negocios. Hay instancias apropiadas –los tribunales- para dirimir estas disputas.

-         Los recursos energéticos y las materias primas siempre están expuestos a situaciones de este tipo: no es el primero ni el único caso en que se ha producido una nacionalización –con independencia del país-.

-         La gestión de esta crisis, y la actitud en general que muestra Repsol hacia los gobiernos de los países donde tiene intereses, puede que no sea la más adecuada (ver el artículo de Daniel Lacalle mencionado). Que los accionistas exijan responsabilidades a sus directivos.

Y entonces, ¿por qué se ha tomado como algo personal el Gobierno de España esta crisis? No lo sé a ciencia cierta, y espero que alguien desvele las claves más pronto que tarde. Aunque no es difícil suponerlo, dadas las tradicionales conexiones en nuestro país entre la clase política y la gran empresa oligopolística.