“En México les pasa como aquí, hay un gran apego a los bienes raíces, la gente prefiere invertir sus ahorros en tierras o en propiedades pues, a diferencia del dinero, nadie te los puede quitar: los cacos no se pueden llevar la tierra o la casa”.

Esta es la reflexión que me hacían hace unas semanas unos chicos mexicanos con los que departí brevemente tras dar una charla en El Hueco, un centro pionero de coworking para jóvenes emprendedores en mi tierra, Soria.

Ciertamente, frente al caco convencional o el estafador financiero, el ahorro está más seguro en el ladrillo. Sin embargo, se da la paradoja de que ante la acción del Estado, la inversión inmobiliaria no tiene escapatoria. El perfecto rehén: “Fomentan la burbuja inmobiliaria, compramos casa, lo perdemos todo con las políticas estatales, sólo nos queda la casa, y ahora quieren gravarla”, resumía en 140 caracteres el economista Miguel García Tormo.

Si bien nuestra Carta Magna establece el principio de no confiscatoriedad expresamente en su artículo 31, a nadie se le escapa que eso es papel mojado en un país en el que el gasto público ronda el 50% del PIB. Y los próceres de la patria no ahorrarán argumentos para convencernos de la bondad de sus iniciativas. Imputar rentas a un activo que no las genera es un total despropósito que en su día ya fue eliminado por precisamente un gobierno del mismo partido que el actual.

Seguramente muchos de ustedes no tienen contratado servicio doméstico. Así pues, la limpieza de su casa, la plancha, las camas, los platos, etc., son tareas que se reparten en familia. Habida cuenta de que hay muchos hogares en que estas funciones las realiza una persona contratada a tal fin, ¿podría el Estado imputar el coste de ese servicio y hacerle tributar en alguna medida por ello, aún cuando lo haga Ud. mismo? Seguramente le parecería una barbaridad, ¿verdad? Pues eso es la imputación de rentas.

Ustedes han tributado, y no poco, inicialmente por el dinero que han obtenido fruto de su trabajo o negocios, y después lo han invertido en un activo del que no quieren o no esperan obtener una rentabilidad. De hecho, ese mismo dinero ahorrado, estando en cuenta corriente sin remuneración, no tributa –de momento-. Pero tenemos la mala suerte de que los dos grandes partidos del país (y a buen seguro el tercero) coinciden en que el problema de España es de ingresos, no de gasto. Y como de los rendimientos ya no saben o no pueden extraer más, ahora deciden mermar su patrimonio. Conscientes de que gracias a la libertad de capitales podrían mover su dinero allende nuestras fronteras, ¡qué mejor que gravar aquellos activos de lo que son rehenes! En efecto, el caco vulgar no puede llevarse su piso, pero, ay, el sofisticado…

Sin contar la enorme cantidad de tributos y cesiones imputables a una vivienda en virtud del proceso de transformación urbanística de un terreno, alrededor de un tercio del precio final de una vivienda se lo lleva la Administración Pública en impuestos varios. El día que venda su vivienda ésta deberá soportar ITP, AJD, plusvalía, los peajes del notario y el registro,… Actualmente por la mera tenencia ya paga un IBI que de media ha subido un 40% desde el inicio de la crisis. Hace más de un año que no hay desgravación por compra de la primera vivienda. Pues bien, no les basta. Quieren más.

Más nos vale que de verdad se recupere la economía; de otro modo, los sheriffs de Nottingham nos van a sacar los higadillos.