El Partido Socialista, tanto en la oposición como en el poder, ha argumentado que la subida espectacular de los precios del suelo durante el boom fue responsabilidad de la Ley del Suelo aprobada por Aznar, a la que tachaban de excesivamente liberalizadora. La ley que promulgaron ellos en 2007 responde por el contrario a la filosofía de “sólo es urbanizable lo que expresamente se autorice”. Yo siempre digo que una de las mejores cosas que nos trajo la crisis fue la imposibilidad de llevar a la práctica esta ley y que, si no ha sido más criticada, es porque las circunstancias económicas han impedido que los promotores se enfrenten a su desarrollo.

No entiendo cómo pretenden abaratar el suelo reduciendo su oferta (y encareciendo sus condiciones vía aumento de la cesión del aprovechamiento y del porcentaje destinado a protegida). En este sentido, si por algo es criticable la Ley de 1998 es justo por lo contrario, es decir,  por no haber liberalizado suficientemente el mercado del suelo.

En “Adiós, ladrillo, adiós” dedico bastante espacio al problema del suelo. También en el blog he dedicado un par de posts al respecto (“España capital, Luanda”, y “¿Cuánto vale el suelo?”) . Básicamente, en el libro planteo dos opciones con las que pienso que se puede obtener el mismo resultado (¿o no?).

La primera es la liberalización total del suelo; es decir, considerar como urbanizable todo terreno que no esté especialmente protegido. Así, considerado el suelo como una commodity se evitaría en buena medida la especulación, la corrupción, y será por tanto el promotor o el desarrollador de suelo el que genere valor añadido mediante el diseño de un urbanismo atractivo.

La otra opción es la de “socializar” el incremento de valor que se genera en los terrenos por el cambio de uso. Me explico: si lo que hace que un terreno valga más que otro es una pura decisión administrativa, ¿qué derecho tiene el propietario del terreno a hacer suyo ese incremento de valor? Así, si la plusvalía revierte a aquél que la ha generado (la Administración), la especulación y las corruptelas desaparecen. (Evidentemente estoy simplificando el argumento que desarrollo con más detenimiento en el libro).

¿Cuál de las dos opciones es más eficaz? ¿Cuál más justa? ¿Se os ocurre otra? ¿Es posible llevarlas a la práctica?