El País Semanal del domingo día 7 de noviembre incluía un reportaje titulado Luanda: cara y pobre, un caso extremo –pero no único- que invita a la reflexión. La capital de Angola es, en 2010, la ciudad más cara del mundo para los expatriados, relegando a Tokio a la segunda posición. Así, se estima que un técnico expatriado de Washington tiene que duplicar sus ingresos para mantener su poder adquisitivo, si bien con una calidad de vida inferior.

Según el economista local Manuel Ennes Ferreira todo es muy caro “porque todo es importado, la producción local es casi inexistente. Los costes de importación, transporte y comercialización son elevadísimos y, además, en Luanda no hay competencia porque impera un oligopolio cuando no un monopolio”. La revista añade: “Los costes de transporte (…) tienen que ver con el funcionamiento deplorable del puerto, carcomido por la ineficiencia y la corrupción”. En un país donde dos tercios de la población sobrevive con 1,4 € al día, una hamburguesa cuesta 13 euros, y un cubo de fregona ¡setenta!

Parece obvio que lo que sucede en Angola es que la escasez de un producto –escasez natural en la medida en que en aquel país no hay producción, y artificial en cuanto que el régimen ha favorecido la existencia de una trama que retiene y especula con los bienes importados- genera un fuerte incremento del precio siempre y cuando la demanda para ese producto es elevada.

La ley del Suelo que en su día propuso el gobierno de José María Aznar distaba mucho de la perfección. Se la ha culpado del enorme incremento de los precios del suelo durante la década del boom. Sin duda importantes aspectos quedaron mal resueltos en esta ley, aunque se me antoja abusivo hacerla responsable del fenómeno. De hecho, la brutal demanda de vivienda durante esos años –espoleada, no lo olvidemos, por el crédito fácil y por un sistema hipotecario temerario-, con fines en su mayoría especulativos, sobrepasó con creces la capacidad de producción de suelo listo para edificar. Y eso a pesar de que la filosofía que inspiraba la ley consideraba que todo suelo no especialmente protegible fuera urbanizable.

Por eso, es sorprendente que el Ejecutivo haya considerado como la mejor medida para luchar contra la especulación la supresión del principio del “todo urbanizable” y, además, haya cargado al promotor del suelo con más cesiones gratuitas, y más porcentaje de la antieconómica vivienda protegida. Una nueva ley del Suelo que fomenta la escasez del mismo y sus costes.

Como el mercado está “muerto” por causa de la crisis, los efectos de esta ley son, por ahora, inapreciables. Pero cuando la demanda empiece a tirar, ya veremos lo que pasa: yo apuesto por Luanda.