Nunca me hubiera imaginado que un partido con supuesto adn liberal pudiera arremeter contra el ciudadano de la manera en que lo está haciendo el PP de Rajoy. Si la reencarnación existe, no me cabe duda de que el rumboso ministro sevillano de Hacienda fue en otra vida el sheriff de Nottingham. La Ley de Medidas de Lucha Contra el Fraude Fiscal aprobada en octubre es probablemente el mayor ataque que ha sufrido el ciudadano en la historia reciente de España. ¿Cómo calificar lo que está pasando en el país? Exceso, desequilibrio, desproporción de medios y fines, más cesión de libertad a cambio de una supuesta seguridad. La entrega (o la toma) de parcelas cada vez mayores de libertad, esto es, de la capacidad de decisión, esto es, de tomar y asumir responsabilidades. La “generación más preparada de la historia” –otro bulo del calibre de “el sistema financiero más sólido del mundo”- no se entera de la misa la media, y anda embrutecida a merced de los medios de comunicación y de las redes sociales. La generación más preparada de la historia sólo quiere que le den pan y la llamen tonta.

En este entorno de adocenamiento y adoctrinamiento, la ley de “la patada en la puerta” tributaria ha pasado, cuando no desapercibida, elogiada por los amigos de lo ajeno y de la sumisión del individuo al Estado. ¿Cómo es posible que la norma prohíba pagar en la moneda de curso legal y nadie levante la voz? ¿Por qué aceptamos sin más que el Estado tenga acceso ilimitado a todos nuestros movimientos patrimoniales? “El que no tenga nada que esconder no tiene por qué preocuparse”, dicen los nuevos fariseos. ¿Y qué hay de la privacidad, de la intimidad? ¿Acabaremos poniendo cámaras en nuestras casas, coches, etc.? Total, si no tienes nada que esconder…

Como enunció John Müller en un brillante artículo publicado el 15 de enero en El Mundo, además de limitar los pagos en efectivo, se declara la imprescriptibilidad de las rentas no declaradas, se dispone el adelanto de las medidas cautelares, se amplía la responsabilidad patrimonial y se repotencia la delación, entre otras perlas orwellianas. El Estatuto del Contribuyente que en su día edificara José María Aznar, que dotaba de equilibrio las relaciones entre Estado y ciudadano, concediendo a este último la presunción de inocencia, ha sido dinamitado por este singular cuerpo de burócratas extractivos para los que todo es poco.

El colmo de la desfachatez, empero, se encuentra hoy en la portada de El Mundo. Cuenta el diario que el PP está preparando una reforma educativa para introducir en los planes de estudios, a partir de los once años, la que viene en llamar “Educación para la Fiscalidad”. El objetivo, dicen, es prevenir el fraude fiscal. Vamos, que quieren que los chicos sean duchos desde la adolescencia en el modelo 390 y en el programa PADRE, que interioricen desde bien pequeños que sus vidas y haciendas son meras concesiones de este feudalismo moderno disfrazado de igualdad –o sea, igualitarismo- y progreso.

Más les valdría educarnos -y educarse- no tanto en la captación de ingresos sino en el destino de los gastos. Que luego te sale una ministra que te dice que “el dinero público no es de nadie”. La misma que, a pesar de una licenciatura en derecho y un doctorado en derecho constitucional, confunde en sede parlamentaria el latinajo dixit con uno de esos “marditoh roedoreh” que atormentaban al gato Jinks en las sobremesas sabatinas de nuestra infancia.

Más les valdría dar ejemplo y poner negro sobre blanco en el destino de nuestro dinero, en especial en el que se destina a subvenciones a partidos, fundaciones, ONGs, sindicatos o patronales.

Más les valdría explicarnos cómo funciona eso de la amnistía fiscal para los amiguetes con cuentas en Suiza, o a explicarnos el papel que juegan en el Estado empresas supuestamente privadas de telefonía o del sector energético.

Y sobre todo, más les valdría explicarnos cómo funciona eso del indulto; o la condonación de deudas financieras de partidos por parte de los bancos; o los acuerdos con la Fiscalía que cierran procesos bastando devolver lo robado, sin mayor trascendencia.

Porque si no lo hacen, nos va a dar por pensar que la ley y las obligaciones sólo se aplican a Juan Nadie, a las sufridas clases medias y populares. Mientras, el príncipe John de turno y sus sheriffs se ponen el mundo por montera.