Dentro de cien años, los historiadores contarán que durante el reinado de Juan Carlos I un ciudadano español, un banquero para más señas, atesoró más poder que los famosos validos de los Austrias más decrépitos. Antes del 11-M, cuando nadie daba un duro por Zapatero, Botín se las ingenió para acudir a un acto del líder socialista al que dijo: “no entiendo de esto, pero uno de mis hijos me dice que usted va a ganar y yo siempre hago mucho caso a mis hijos”.
Desde entonces la relación entre ambos no hizo sino estrecharse, aunque para ello hubiera que retorcer leyes y tribunales –doctrina Botín-, romper protocolos y formalidades –ambos en mangas de camisa en torno a una mesa de la Ciudad Financiera-, incluso olvidar las más firmes convicciones e ideologías –un banquero despachando y asesorando diariamente al socialista más radical que ha gobernado este país-.
El idilio, que ya tocaba a su fin, ha merecido por parte del Presidente del Gobierno en funciones un último acto de amor que sella una etapa de deterioro democrático que esperemos sea definitivo: el indulto a Alfredo Sáenz. Un acto de tintes suicidas pues, si algún prestigio le quedaba a Zapatero entre sus huestes, lo del viernes ha acabado por desenmascarar al felón.
Me decía, a raíz de la noticia, un amigo en Twitter: “no quisiera que esto parezca una defensa del PSOE, pero estoy seguro de que el PP también se habría asociado a la banca”. Probablemente tenga razón: todos los partidos están en manos, de alguna manera o de otra, de la banca; pero no es menos cierto que el precipitado e inapropiado indulto es un indicio más que suficiente de que, con el nuevo Gobierno, no se hubiera producido. Decía ayer acertadamente Carlos Segovia en El Mundo: “Aunque el PP guardó un sospechoso silencio el pasado viernes, todo apunta a que Zapatero y Botín percibían un riesgo cierto de que Rajoy no lo iba a otorgar”.
Aunque parezca lo contrario, el post de hoy no va de esto, pero sería hipócrita por mi parte soslayarlo después de haber convertido mi último artículo en un alegato en favor de la democratización del país y en contra del capitalismo “crony” o de amiguetes. Para terminar con este asunto, confieso mi perplejidad por el tratamiento que algunos medios de papel le han dispensado. Me produce vergüenza ajena comprobar cómo, para algunos periódicos que han tenido a Zapatero en el punto de mira durante toda la legislatura, la noticia del indulto no ha existido. Poderoso caballero Don Dinero.
Iré al grano. Hoy precisamente quería destacar una propuesta del programa electoral del PSOE que convendría que el PP hiciera suya, y a no tardar.
Reza así el programa socialista: “Potenciación de la oferta en alquiler por medio de la mejora de los instrumentos de inversión colectiva en inmuebles (Fondos de Inversión Inmobiliaria, Sociedades de Inversión Inmobiliaria y Sociedades Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario, etc.), otorgándoles un tratamiento similar al de otros países de nuestro entorno”.
Aunque el programa enfoca la medida como acicate para el mercado de alquiler, no es éste el efecto más importante, sino la tan necesitada inversión extranjera en España.
Cuando Pedro Solbes aprobó en 2009 las Sociedades Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI) se estaba dando el primer paso para la llegada a nuestro país de los REIT (Real Estate Investment Trust). Se trata de sociedades anónimas cuyo objeto social es la adquisición y promoción de activos inmobiliarios de naturaleza urbana para su alquiler, sea cual sea el uso. Se le aplica un régimen fiscal ventajoso, y a cambio se exige que reparta vía dividendo la casi totalidad de las rentas generadas, y que sus acciones estén admitidas a negociación en un mercado regulado (en una bolsa).
Se trata de un vehículo de inversión que puede aportar liquidez, transparencia, seguridad jurídica, y profesionalización de la gestión de activos (podéis encontrar más información en “Adiós, ladrillo, adiós”) que, sin embargo, no ha tenido éxito hasta la fecha. ¿Y por qué? Porque no es un auténtico REIT. Fiscalmente no está diseñado como en los países de nuestro entorno. La EPRA (algo así como la patronal de los REIT en Europa) emitió una nota bastante negativa a raíz de la puesta en marcha de las SOCIMI. Decía, de hecho, que no se les podía considerar como un REIT. ¿Y cuál es la principal diferencia? Que, fuera de España, los REIT no tributan, sino que lo hacen sus partícipes o accionistas. Aquí la tributación se hace a medias: 18% para la SOCIMI, y 12% para las personas jurídicas accionistas de las SOCIMI (exención para las personas físicas).
Algo tan sencillo como aplicar la regla de tributación a nivel de accionista para que docenas de inversores británicos, alemanes o americanos volvieran sus ojos hacia nuestro país.
¿Y de cuánto dinero estamos hablando? De la nada despreciable cifra de 100.000 millones de euros: en Alemania, Francia y Reino Unido, la inversión institucional en inmuebles alcanza el 15% del PIB. Aquí, según un estudio conjunto de IESE, Asprima, Sociedad de Tasación e IPD, se sitúa en 47.000 millones de euros, es decir, alrededor de un 5% del PIB.
Y lo digo con conocimiento de causa, pues son varios los inversores internacionales a los que he escuchado decir que, para invertir en España, son dos las condiciones que están esperando: un ajuste de precios real por parte de la banca, y un vehículo apropiado para invertir (REIT).
No son los Botín y compañía los que nos van a sacar de la crisis: Lo que es bueno para el Santander (u otros grandes bancos) no es necesariamente bueno para España. De hecho, la nefasta gestión económica de los últimos cuatro años, si ha servido para algo, ha sido para apuntalar la posición global de entidades como el Santander mientras la economía nacional se ha ido deteriorando y el tejido empresarial evaporando. Espero que el nuevo Gobierno tome nota.