Imaginemos un señorito que gana, brutos, 300.000 euros al año. Después de impuestos se le quedará en poco más de la mitad, unos 155.000.

Imaginemos que al tal fulano no le llega. Es decir, que se gasta al año 250.000, por lo que tiene que recurrir a endeudamiento.

Imaginemos, por último, que, acuciado por las deudas, nuestro protagonista se declara insumiso fiscal y le espeta a la Hacienda Pública que “mi problema no es de ingresos, sino de fiscalidad”. Que ya está bien de que el Estado me quite mi dinero para dárselo a esos jetas, esos vagos, que ganan 1.000 euros netos al mes.

El señor derrochador sigue saliendo a cenar todos los días fuera, sigue pasando los fines de semana en algún destino de moda, sigue comprando ropa en la milla de oro. Y sí, también se ajusta. Pero el ajuste es para los demás: cambia a los niños del colegio privado al público, o le rebaja la soldada a la filipina que trabaja en casa.

Esto es, simplificando, lo que plantea en gobierno autonómico catalán. Política de derroche intocable e intocada: embajadas, teles, subvenciones de todo pelaje,…; sacrificio para el pueblo llano: hospitales, educación,…¿Y el culpable? Madrid, que nos roba.

Sentando precedente, pronto veremos a los vecinos de Pedralbes o del barrio de Salamanca exigiendo el pacto fiscal, porque ¿qué es eso de que con mi dinero se financie el Raval o Villaverde?

Cualquiera sabe –y más un gobierno autonómico- cuál es la fiscalidad que le toca; qué le corresponde como salario neto. Y a partir de ahí debe hacer sus previsiones de gasto. Eso de culpar a los demás a toro pasado es muy poco serio.

Pero lo más llamativo es que los tres partidos que se autodenominan de izquierdas apoyan este planteamiento.

Qué malos son “los mercaos” por no entender nuestras “singularidades”.