El endeudamiento del Estado se ha incrementado con tanta fuerza en los últimos años que España se sitúa muy lejos de los criterios de referencia de la Eurozona, cuya aplicación volverá a estar en vigor en 2023. Aunque la deuda pública no debería exceder el 60% del PIB, el gobierno de Pedro Sánchez ha presidido un aumento de dicho indicador hasta niveles que duplican el umbral de referencia pactado por los distintos países miembros de la Eurozona.
Si echamos un vistazo a las proyecciones que ha presentado el Fondo Monetario Internacional, podemos comprobar la gravedad de la situación española. Al fin y al cabo, tenemos el segundo déficit más alto de la Eurozona y los objetivos de reducción de deuda anunciados por el gobierno son tan limitados que, incluso si se cumplen las previsiones del gobierno, entre 2022 y 2023 solo habremos compensado el 15% del aumento del endeudamiento ocurrido entre 2020 y 2021.
La total falta de austeridad y eficiencia en el gasto provocará que, entre 2018 y 2023, el endeudamiento público se eleve en 421.305 millones de euros. Esto significa que las obligaciones del Tesoro se están incrementando a un ritmo medio que supera los 192 millones diarios. Repartiendo la carga de deuda por trabajador, estamos ante casi 21.100 euros de compromisos financieros adicionales por parte del Estado.
Resulta especialmente grave comprobar que, pese al rebote económico de 2021, 2022 y 2023, la ratio que compara la deuda pública con el PIB apenas va a reducirse. Así, después de que entre 2019 y 2020 se diese un salto muy importante, del 95,5% al 123,1% del PIB, el trienio posterior apenas estará marcado por una reducción de 3,7 puntos en el peso relativo de los pasivos del Estado.
De modo que, aunque la economía de 2023 sea mayor que la de 220 en 163.300 millones, los pasivos públicos se elevarán más aún durante este periodo, puesto que se incrementarán en 223.760 millones. Dicho de otra forma, por cada 1 euro de crecimiento del PIB, las Administraciones están emitiendo 1,4 euros de deuda "extra".
Este patrón de crecimiento parece de lo más alarmante, puesto que no solo revela una manifiesta incontinencia en el control del gasto, sino que también confirma un franco problema de crecimiento, con niveles de actividad insuficientes para digerir los excesos provocados por la política expansionista del gobierno de PSOE y Podemos.