Hace cuatro años, en 2018, Bruselas aprobó una nueva Directiva Europea de Comunicación Audiovisual que el gobierno español debería haber trasladado a la legislación española en 2019 o 2020. Sin embargo, el Ejecutivo de coalición entre PSOE y Podemos arrastra un notable retraso en la actualización de la normativa y, a fecha de hoy, lo único que se conoce de este tema es el Borrador del Anteproyecto de Ley elaborado por el Ministerio de Asuntos Económicos que dirige Nadia Calviño.
Esta circunstancia no ha evitado que el gobierno incluya la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual dentro del componente 25 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con el que Sánchez quiere justificar los 70.000 millones de euros que percibirá España en concepto de ayudas a fondo perdido vinculadas al programa de "rescate" europeo Next Generation EU.
De modo que los compromisos de reforma que Bruselas ha dado por buenos son, en este caso, cambios legislativos que llevan cuatro años de retraso y que tendrían que haber quedado desbloqueados antes incluso del estallido de la pandemia. No solo eso, sino que la Ley propuesta ya ha recibido informes desfavorables del Consejo Económico y Social y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Más allá de esta circunstancia, lo cierto es que la propuesta de Ley General de Comunicación Audiovisual está generando nerviosismo entre el empresariado español de los sectores publicitario y mediático, puesto que plantea nuevas restricciones sobre los anuncios de productos como el alcohol o servicios como el juego. En el caso de las bebidas, las de más de 20 grados solo podrán anunciarse en algunos soportes entre la 1:00 y las 5:00 de la madrugada, mientras que las de menor graduación también quedarán sujetas a una restricción aplicable de 20:30 a 5:00 horas. El primero de estos dos tratamientos también será de aplicación al juego - con la salvedad de la lotería estatal, que en un ejercicio de franca hipocresía podrá seguir anunciándose con libertad.
Los dos sectores afectados generan una inversión de más de 220 millones de euros anuales en el ámbito de la publicidad y los medios. Con el cambio anunciado, se estima que estas cifras se reducirán drásticamente, con una minoración de la publicidad superior a los 78 millones. Así lo destaca un estudio elaborado por el think tank Foro Regulación Inteligente que advierte, además, de las consecuencias que tendrá esta caída de inversión en el ecosistema publicitario-mediático.
Así, los medios digitales perderán 35 millones de inversión, la televisión se quedará sin 26 millones y la radio se dejará 6 millones. Los sectores directamente afectados por las restricciones van a perder 3.000 puestos de trabajo, pero el impacto indirecto se elevará hasta los 7.600 empleos. Sumando también al sector de la publicidad y los medios, las pérdidas totales que provocarán las restricciones introducidas por Calviño se situarán por encima de los 20.000 empleos, según el estudio de Foro Regulación Inteligente.