La izquierda política y mediática española acostumbra a decir que España gasta poco en justicia, que litigar resulta prohibitivo para los ciudadanos y que la presencia femenina en la magistratura brilla por su ausencia y resulta en procesos insensibles con la realidad cotidiana de las mujeres. Pero, si ignoramos la propaganda anti-judicial de la izquierda y echamos un vistazo a los datos, podemos ver que la situación real es otra muy distinta.
1. Gasto.
Cuando se plantea la cuestión de la eficiencia judicial, la respuesta ofrecida por la izquierda suele girar en torno al gasto dedicado a estas cuestiones. Sin embargo, como demuestra Juan S. Mora-Sanguinetti en "La factura de la injusticia" (Tecnos, 2022), España no solo no tiene menores niveles de gasto judicial, sino que de hecho supera las cotas observadas en los países de nuestro entorno. Por lo tanto, la solución no puede venir por esa vía.
Así, el presupuesto del sistema judicial español es del 0,33% del PIB, lo que significa que gastamos 92,6 euros al año por habitante. Por comparación, en Reino Unido vemos que los desembolsos realizados suponen el 0,25% del PIB, lo que se traduce en 76,3 euros por persona. Para Francia, las cifras son del 0,2% del PIB y 69,5 euros per cápita. También en Italia están por debajo, con un 0,27% del PIB y 83,2 euros por ciudadano. Alemania sí alcanza los 131,2 euros por habitante, pero el presupuesto expresado como porcentaje del PIB es ligeramente que en España (0,32% del PIB).
La media de los países analizados arroja un gasto presupuestario en justicia del 0,27% del PIB, a razón de 90,6 euros por persona. Ampliando el foco para cubrir a todos los países europeos incluidos en el Consejo de Europa, vemos que el desembolso medio anual es del 0,31% del PIB, lo que se traduce en 63,1 euros per cápita.
Mora-Sanguinetti destaca en el citado libro que "España no llega más lejos por gastar más. Hay otros factores influyen en la justicia, de modo que se trata de gastar mejor y de reflexionar sobre todos los demás factores que influyen en el desempeño del sistema y en el rendimiento judicial".
2. Accesibilidad.
En segundo lugar, otra falacia que no se sostiene es la afirmación comúnmente propagada por la izquierda, según la cual el coste de uso de la justicia es muy elevado y debe ser revisado a la baja, con una minoración de las tasas y precios existentes e incluso un control de honorarios entre los abogados. Sin embargo, los indicadores internacionales muestran que el desempeño de España en este flanco es más favorable que el de otros países comparables.
En 2019, el coste medio de litigar en España alcanzó el 17,2% de la cantidad demandada. Como explica Mora-Sanguinetti en su libro, esto significa que, si una empresa o un ciudadano esperan recuperar 10.000 euros llevando un conflicto al juzgado, lo más probable es que, en caso de lograr una sentencia favorable, dediquen 1.720 euros a cubrir los costes del proceso, incluidos los honorarios del profesional de la abogacía al que han contratado.
Para poner en perspectiva el 17,2% que se anota España, podemos ver que nuestro país se sitúa casi a la par con Francia, donde litigar requiere costes cercanos al 17,4% de la cantidad demandada. Alemania sí estaría ligeramente por debajo, aunque el diferencial es de poco más de un 3% (para ser precisos, en el país teutón se pagaría un 14,4%). Para Italia, el coste de uso sería del 27,6%, mientras que en Reino Unido se alcanzaría el 45,7%. La media para las economías desarrolladas es del 24,5%. Por lo tanto, no solo no estamos por encima, sino que nos situamos por debajo del coste medio.
3. Presencia femenina.
Hay un tercer mito que desaparece cuando se revisan los datos. Aunque la izquierda más radical insiste en que la justicia carece de "presencia y perspectiva femenina", lo que redunda en procesos "machistas" y dinámicas "heteropatriarcales", lo cierto es que los datos muestran que España tiene una mayoría de mujeres en la magistratura y, además, dicho diferencial se va incrementando.
Mora-Sanguinetti repasa las cifras del Consejo General del Poder Judicial para demostrar que más del 60% de los magistrados de entre 31 y 50 años son mujeres, siendo el porcentaje cercano al 50% entre los jueces de 51 a 60 años. Solo en las franjas de mayor edad (61-70 años y 71 o más años) se dan resultados más bajos (30% y 10%, respectivamente).
En el conjunto del sistema hay 53 juezas por cada 47 jueces. Además, el número de juezas por cada 100.000 habitantes es de 6,1, frente a la media de 4,9 que se observa en las grandes economías de la OCDE. Además, como hemos visto, el diferencial es más hondo entre los magistrados de menos de 50 años, de modo que el paso del tiempo solo hará que las cifras se escoren más aún.