Una foto desde el aire. Ese es el origen de un problema que, lejos de desaparecer, tiene visos de convertirse en la mayor polémica de la legislatura de Juan Manuel Moreno Bonilla en Andalucía: la Proposición No de Ley presentada en el Parlamento andaluz por PP, Ciudadanos y Vox a las puertas de las elecciones regionales para reformar el Plan Forestal de la Corona Norte de Doñana.
Esta zona, que engloba a cinco localidades onubenses (Moguer, Lucena del Puerto, Rociana, Bonares y Almonte), se encuentra a unos cuarenta kilómetros del Parque Nacional y es una de las principales productoras de frutos rojos de la provincia. Ante la ausencia del peso que tienen otros sectores económicos como el industrial o el turístico, la agricultura copa la mayor parte de la riqueza y el empleo. Lo hace, particularmente, desde finales de los sesenta-principios de los setenta, cuando el tradicional cultivo de cereales dio paso a los primeros invernaderos de fresas, arándanos o frambuesas.
El origen del problema
Sin embargo, los agricultores de unas 700 hectáreas del entorno atraviesan una situación crítica desde el 2014. La Junta, entonces dirigida por la socialista Susana Díaz, aprobó un plan con el que pretendía atajar la expansión no planificada de regadíos e invernaderos de las últimas décadas, que estaba generando problemas medioambientales en el acuífero 27, que nutre Doñana y que en 2020 fue declarado como sobreexplotado. Para ello se regularizaron hasta 9.000 hectáreas de explotaciones puestas en regadío antes del año 2004 y que, desde entonces, habían mantenido actividad agrícola; así como aquellas que contaban con derechos de agua para riego.
Entonces el ejecutivo andaluz se sirvió de una foto aérea del Plan de Ordenación del Territorio que tenía una antigüedad de diez años para determinar qué zonas eran de regadío, de secano y de forestal, tratando así de preservar uno de los humedales más importantes de Europa. Pero esa foto no reflejaba la realidad del momento ni tenía en cuenta a los agricultores que llegaron después y a los que incluso se les habían dado ayudas para emprender sus negocios. Los primeros, al cultivar productos de temporada en los que prima la rotación, no figuraron con sus terrenos cuando se hizo la toma aérea. Esto, explican los agricultores de la zona, llevó a engaño a la administración autonómica en el diseño de la reforma, que de un plumazo dejó fuera a multitud de pequeñas explotaciones familiares.
La primera movilización
En 2016, el entonces líder de la oposición andaluza, Juanma Moreno, ya llevó a la cámara autonómica una propuesta en la que pedía a la presidenta de la Junta que revisara los casos de aquellos regantes que habían quedado excluidos de la reforma. Incluso se llegaron a congregar 17.000 manifestantes convocados por la Plataforma de Regantes del Condado a las puertas del Parlamento. Venían a reclamar lo que se les había retirado: esa calificación de suelo agrícola regable. Así evitarían los líos judiciales a los que estaban teniendo que hacer frente por mantener la actividad productiva.
A todo esto se le suma que, en efecto, una parte del agua con la que se riegan los cultivos de la denominada Corona Norte de Doñana procede de pozos ilegales que, irremediablemente, perjudican al Parque Nacional. Por ello desde el propio sector hace décadas que vienen reclamando alternativas como los regadíos de agua en superficie. Defienden que son los primeros interesados en preservar su fauna y flora, pero que eso no puede suponer que la tierra de la que viven se convierta en un desierto.
En la era de Mariano Rajoy, concretamente en el mismo 2016 se consiguió que agua de la cuenca de los ríos Tinto, Odiel y Piedras, se llevara hasta la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir, que abastece la Corona Norte. Entonces se puso un primer parche con un trasvase de 4,99 hectómetros cúbicos. Años más tarde, en 2018, fue finalmente el gobierno de Pedro Sánchez el que terminó de aprobar que esa transferencia de agua se completase hasta alcanzar 19,9 hectómetros cúbicos, una cantidad suficiente para abastecer hasta quinientas hectáreas en el Condado de Huelva. La iniciativa quedó reflejada en el BOE del 6 de diciembre. Pero tras la llegada a la Moncloa de la coalición PSOE-Podemos a la Moncloa, no se ha llegado a materializar.
La solución: infraestructuras hídricas
"En este Gobierno cualquier cosa que huela a ladrillo o a infraestructura de agua, la paralizan. No son conscientes de que es lo que da vida a la agricultura", denuncian desde la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado de Huelva. Su presidente, Romualdo Macías, de hecho, asegura que con las infraestructuras hídricas "se podrían cerrar todos los pozos de la Corona Norte". Se refiere, además del citado trasvase, a otros dos proyectos que se suman a la larga lista de desmanes que engloban esta polémica: la presa de Alcolea y el desdoble del túnel de San Silvestre.
La presa, un proyecto que se gestó en 1978, no empezó a construirse hasta 2015. Pero las dudas sobre su impacto medioambiental y los retrasos en la ejecución de las obras provocaron su paralización en 2017. La finalidad era evitar que el Atlántico recibiera ingentes cantidades de agua de la cuenca con más recursos de Andalucía: la del Tinto, Odiel y Piedras. Desde las asociaciones agrarias destacan que, actualmente, con la sequía que azota a toda España, esta cuenca es la única que conserva un nivel elevado de agua y que se podría utilizar para, por ejemplo, completar el trasvase a la deficitaria cuenca del Guadalquivir.
Por otro lado, el túnel de San Silvestre es una infraestructura de 1971 que permitió que el agua llegara a poblaciones, industrias y cultivos de Huelva. Apenas tiene 8 kilómetros de longitud y estaba pensada para soportar una capacidad de ocho hectómetros por segundo durante ocho horas. Actualmente funciona veinticuatro horas, lo que imposibilita tareas de mantenimiento. Un colapso podría dejar sin agua al 90% de los usuarios de la provincia de Huelva y con una obra de 60 millones de euros se podría realizar el demandado desdoble.
En definitiva, en caso de que los tres proyectos llegaran a buen puerto, se podría garantizar que toda la zona que rodea a Doñana por la parte de Huelva dispusiera de agua en superficie para poder regar y para cerrar todos los pozos que utilizan los productores de frutos rojos.
La propuesta de PP, Ciudadanos y Vox
Desde el Partido Popular andaluz defienden que la iniciativa presentada junto a Ciudadanos y Vox, "no va a tocar un milímetro de zona forestal". Además, comparten la crítica que hacen las patronales agrarias hacia las mentiras vertidas por asociaciones ecologistas y el Gobierno central, ya que el texto presentado en el Parlamento "no contempla, ni mucho menos, a 1.400 hectáreas como se ha promovido en los últimos días". Tanto fuentes de la formación política, como de los agricultores de la zona, matizan a Libertad Digital que el terreno incluido en la Proposición No de Ley "no llega a las 700 hectáreas".
Concretamente, matizan los populares que hay tres tipos de agricultores en esa zona: los que son propietarios, los que disponen de una concesión a través de un canon al ayuntamiento de turno y los ilegales, que ocupan la tierra. "La idea es que con esta Proposición No de Ley se investigue para que los terceros no tengan derecho a regar".
También salen los populares del paso de las críticas de la vicepresidenta tercera y responsable de Transición Ecológica, Teresa Ribera, a la Junta de Andalucía, asegurando que con esta propuesta no están creando un problema. Más bien, reconocen que la estrategia es presionar al Gobierno central para que los agricultores, una vez que tengan el suelo recalificado, puedan recibir agua en superficie de las infraestructuras pendientes. Recuerdan desde el PP-A que, por otro lado, la concesión del agua depende del Gobierno central. Por ello matizan que su voluntad es "que cuando haya agua estos agricultores puedan regar". Pero reconocen que aunque el parlamento apruebe la PNL, "el problema va a seguir estando ahí".
La postura del PSOE-A
En todo este caos la postura más polémica ha sido la adoptada por el PSOE andaluz. Esta semana, cuando los partidos del Parlamento tuvieron que posicionarse a favor o en contra de la Proposición No de Ley, el voto más sorprendente fue el del Partido Socialista, que se lavó las manos con su abstención. En ese momento en la tribuna había sindicalistas de izquierdas que sostienen que hay que abordar el problema de los regadíos en la Corona Norte.
Una parte de los socialistas en la región respalda a Ferraz y se pone del lado de las organizaciones ecologistas, mientras que otra parte defiende la línea seguida por el partido en Huelva, donde la propia Diputación (de mayoría socialista) ha aprobado una moción que pide una revisión del plan de 2014. El líder del PSOE andaluz, Juan Espadas, incluso ha tenido que plantar cara al Gobierno de Pedro Sánchez, defendiendo su autonomía y justificando que su postura obedece a un interés de emprender un diálogo que busque soluciones.
Al margen de la política, los agricultores reconocen que no pueden más, que están sufriendo por la imagen que ecologistas, partidos de izquierda y gobierno central, están trasladando de ellos ante las propias instituciones europeas. En Bruselas el problema se podría dirimir con consecuencias catastróficas para toda la provincia de Huelva, ya que el daño reputacional sería irreversible para los productos onubenses. Por eso la Junta de Andalucía ha invitado al comisario europeo de Medio Ambiente a Doñana, para hacerle ver que el único objetivo que tienen -según palabras del propio Elías Bendodo, consejero de la Presidencia- es la conservación del parque.
Son muchos los empleos y los millones de euros que generan anualmente los frutos rojos en la comarca de Huelva. Por eso el equilibrio es complicado: salvar Doñana y la economía. Pero las soluciones están sobre la mesa. Los agricultores reclaman a los políticos que no jueguen con el pan de sus hijos, que acometan las obras necesarias para que los recursos hídricos se distribuyan de manera eficiente por toda la provincia y que se consigan así los dos objetivos: potenciar la agricultura y salvaguardar la denominada joya de la corona que es el Coto de Doñana.