La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este jueves la inmediata puesta en marcha de la oficina Madrid 112 anti okupación. El anuncio ha tenido lugar durante el Pleno de las Asamblea regional, en respuesta al grupo de Unidas Podemos, uno de los más conniventes con esta lacra.
"Les adelanto que, a partir del mes de marzo, vamos a poner en marcha la oficina anti-okupación, la oficina anti-sus amigos y vamos a ayudar a las policías locales, a los jueces, a los fiscales, pero especialmente a los propietarios de esas viviendas que sus amigos okupan y a los que están defendiendo siempre que gobiernan, para que abandonen rápidamente sus propiedades", ha advertido Ayuso.
Policías especializados 24 horas
El servicio estará atendido por policías locales de diferentes ayuntamientos, cuyas nóminas serán sufragadas por la propia Comunidad de Madrid. Según ha podido saber Libre Mercado, en estos momentos ya hay comprometidos siete agentes, que iniciarán su formación de inmediato y que serán los encargados de su puesta en marcha. No obstante, se espera que durante este año se vayan sumando más efectivos hasta alcanzar una plantilla de 16 policías que cubrirán las 24 horas del día los 365 días del año.
La oficina servirá para informar al ciudadano sobre cómo y dónde denunciar, pero, además, tratará de agilizar la intervención policial en caso de que la okupación se esté produciendo en el mismo momento de la llamada. Así, el objetivo de la Comunidad de Madrid es que al teléfono de esta oficina no sólo llamen los propietarios afectados directamente, sino cualquier vecino que vea u oiga algo extraño. "En ese momento tan embrionario, todavía se puede despejar una okupación. Cuando ya no se puede hacer nada es cuando los okupas llevan una semana, están asentados y han cambiado la cerradura, porque ahí ya entran en juego otras cuestiones jurídicas", explican fuentes del gobierno regional.
La ventaja de llamar a esta oficina es que no sólo contará con agentes especializados, sino que, además, tendrán acceso directo al registro de la propiedad. De hecho, los propios registradores de la Comunidad de Madrid van a colaborar en su formación con el fin de que la Policía pueda saber rápidamente quién el dueño de la vivienda en cuestión y evitar así malentendidos o confusiones que puedan ralentizar o entorpecer el proceso de desokupación. Ante una okupación persistente, el 112 servirá también para orientar jurídicamente al legítimo inquilino, e informar y asesorar sobre cómo agilizar o iniciar el proceso legal.
Las víctimas reclaman más medidas
Desde la Plataforma de Afectados por la Ocupación, su presidente, Ricardo Bravo, se felicita por la medida y espera que sea "la primera de muchas". Sin embargo, advierte de que, en los últimos años, el fenómeno okupa ha variado tanto que oficinas como ésta dejan fuera a las víctimas de la denominada inquiokupación, aquella que sufren los propietarios cuyos inquilinos dejan de pagar y se niegan a abandonar la vivienda.
En todo caso, los representantes de esta plataforma ya han recibido una invitación por parte de la Comunidad de Madrid para visitar las instalaciones y escuchar sus propuestas y preocupaciones, algo que Bravo agradece. Según adelanta a LM, reclamarán medidas que puedan ayudar no sólo a los nuevos afectados, sino a aquellos que llevan meses -cuando no años- sufriendo esta lacra y también que intervengan en aquellos casos en los que las casas okupadas pertenecen a bancos o grandes fondos de inversión, ya que muchas veces los vecinos que sufren indirectamente esta lacra se ven atados de pies y manos ante la inacción de los mismos y son incapaces de iniciar una interlocución efectiva.
Desde el Gobierno regional son conscientes de que esta oficina no es la solución definitiva a la okupación, pero recuerdan las limitadas competencias de las comunidades autónomas en la materia. "Lo único que podemos hacer son medidas preventivas e informativas, y es lo que estamos haciendo", responden a LM.
La pasividad del Gobierno
En este sentido, lamentan que el Gobierno de Pedro Sánchez no parezca dispuesto a legislar en esta materia, "prisionero" de un socio como Podemos que, en no pocas ocasiones, ha justificado y defendido la okupación. De hecho, mientras el PP -incluida la portavoz de Vivienda en la Asamblea de Madrid, Paloma Tejero- recibió hace días a sus representantes en el Congreso, el PSOE les dejó completamente plantados una vez más.
En 2019, la Comunidad de Madrid puso en marcha la Mesa contra la Okupación y, durante los últimos años, el consejero Enrique López ha mantenido numerosos encuentros tanto con la Juez decana de Madrid como con la fiscal provincial para tratar de poner coto a esta lacra, mejorar el procedimiento judicial y acelerar las desokupaciones en las viviendas de titularidad regional.
Fuentes del Gobierno regional ponen en valor así el carácter disuasorio de este tipo de medidas que, según defienden, se demuestra al comparar la situación de Madrid con la de Cataluña: según los últimos datos del Ministerio del Interior, entre enero y septiembre de 2020, Cataluña registró un total de 5.689 okupaciones, cuatro veces más que la Comunidad de Madrid, que sumó un total de 1.282. En ambos casos, sin embargo, no se contabilizan las denuncias por inquiokupación, ya que, a pesar de tener el mismo objetivo, se enmarcan dentro de los incumplimientos de contratos de arrendamiento.