Hace ahora tres décadas, en 1992, el Ministerio de Economía y Hacienda y el Ministerio de Administraciones Públicas presentaron el Plan de Modernización de la Administración del Estado. En 1997 se constituyó una comisión que tenía como fin el mismo cometido. Sin embargo, el denominador común de ambas iniciativas fue la falta de implementación de las medidas planteadas.
Llegó el año 2013, en plena resaca por los nefastos efectos de la Gran Recesión, y ella cuestión volvió a estar encima de la mesa, con la creación de la Comisión para la Reforma de la Administración Pública (CORA). En este caso sí hubo cierto recorrido y algunas de las más de doscientas propuestas recogidas por el Ejecutivo llegaron a implementarse, generando ciertos ahorros para el erario público, pero con un impacto muy inferior al anunciado oficialmente.
Peor aún: el plan de trabajo de la CORA se interrumpió en la primera mitad de 2016 y no ha sido retomado desde entonces, de modo que las medidas de mayor calado se quedaron guardadas en un cajón.
Tres aspectos problemáticos del PRTR
Ahora que el gobierno de Pedro Sánchez se ha visto obligado a presentar un plan de reformas ante las autoridades comunitarias como contraparte por la recepción de los fondos del "rescate" europeo, el tema de la "modernización administrativa" vuelve a estar en la agenda del gobierno. De hecho, el Ejecutivo de PSOE y Podemos ha incluido esta línea de trabajo dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) con el que espera canalizar los 70.000 millones de euros financiados por la UE.
Sin embargo, Fedea ha revisado las propuestas incluidas en este capítulo del PRTR y ha encontrado importantes deficiencias de diseño. Así, el think tank ha subrayado los siguientes aspectos problemáticos:
1. "El componente de modernización de la Administración incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia es extraordinariamente ambicioso, pero muy poco concreto. Pretende incidir sobre prácticamente todos los aspectos de la gestión pública, incluyendo la selección, formación y gestión de su personal, la mejora de sus procesos y procedimientos, el reforzamiento del marco de evaluación de las políticas públicas y la mejora de la transparencia. Sin embargo, las medidas que se anuncian pecan de falta de concreción, no incluyen objetivos evaluables y no llegan a definir un modelo concreto de gestión pública".
2. "Muchas de las cosas que se proponen ya están previstas o recogidas en el marco normativo, pero, o bien no se aplican o se desconocen. Hay muchos ejemplos: la obligación de aprobar un Plan Anual Normativo; la evaluación de la aplicación de las normas (¡que actualmente está impuesta por ley!); la composición de la retribución de los empleados públicos, que ya contiene elementos ajustables en función de la categoría, responsabilidad, dedicación y productividad (aunque por regla general, estos elementos no se fijan en base a una evaluación rigurosa, o si se hace es de forma aislada y sin continuidad). Se trata de incumplimientos de normas ya en vigor, por lo que parece indispensable comenzar por analizar si se trata de un error de diseño, de defectuosa aplicación de la normativa o, simplemente, de pura indolencia".
3. "La transformación de la Administración pública contemplada parece confiarse, casi exclusivamente, a la aprobación de una serie de cambios legislativos, organizados en bloques dispersos, carentes de la consistencia necesaria entre ellos. Asimismo, se echan en falta muchos aspectos esenciales de una reforma de este calado, como los relacionados con la gestión de recursos humanos en el sector público, la adopción de técnicas presupuestarias favorecedoras del control por resultados y la evaluación, o el cambio del paradigma de control burocrático vigente, aplicado casi en exclusiva, en nuestras administraciones públicas. En aras a conseguir la transparencia debida a la sociedad, es preciso que los programas y políticas públicas y, en particular, las inversiones de impacto social y medioambiental que pueda llevar a cabo la Administración pública, cuenten con métricas de seguimiento que permitan su evaluación por resultados, así como la posterior rendición de cuentas".
Otros dos aspectos problemáticos
Fedea también destaca una carencia muy evidente del plan presentado por Sánchez: a saber, la escasa implicación con el desarrollo de la colaboración público-privada. El think tank considera que "existe acuerdo sobre la necesidad de introducir cambios en el sistema concesional que mejoren el reparto de riesgos entre el sector público y el sector privado, de acuerdo con las ventajas comparativas de cada uno". Sin embargo, Sánchez no ha recogido esta línea de trabajo en el PRTR.
Por otro lado, el documento advierte de otra cuestión problemática: el hecho de que, no se ha incluido en el plan de acción "el necesario reforzamiento de la normativa que garantiza el acceso de los ciudadanos a documentos e información que deberían ser públicos y la mejora de los mecanismos de comunicación con las administraciones, incluyendo las consultas públicas relativas a normas en elaboración". A este respecto, conviene recordar que el gobierno de Sánchez ha infringido en más de 1.200 ocasiones la Ley de Transparencia, de modo que se advierte un claro problema de falta de transparencia que no ha sido abordado en el plan de reformas comunicadas a Bruselas.