El gobierno de España se comprometió a ejecutar a lo largo del año 2021 un total de 24.200 millones de euros tomados de los fondos Next Generation EU. Sin embargo, el último balance de ejecución disponible muestra que la cifra tramitada durante el conjunto del ejercicio se situó en poco más de 11.000 millones. Existe, pues, una brecha de 13.200 millones o, lo que es lo mismo, un desfase del 55%.
Peor aún: parte importante de los 11.000 millones ejecutados no han llegado a la economía real, sino que están aún en proceso de adjudicación o licitación. No solo eso: alrededor del 50% del gasto comprometido ha sido tramitado en las últimas semanas del año 2021, lo que invita a pensar que se han aprobado numerosos desembolsos de forma apresurada y casi improvisada, a menudo con apenas tres o cuatro semanas de media para preparar las limitaciones.
El mejor ejemplo de esto último lo tenemos con la convocatoria de ayudas del programa Industria Conectada 4.0, lanzada el pasado verano por la Secretaría General de Industria y Pequeñas y Medianas Empresas. En este caso, la ejecución fue de 10 millones sobre un total de 95 millones… pero el gobierno apenas concedió ocho días naturales.
La CEOE ha estudiado a fondo la situación y, a través de sus informes de seguimiento, ha puesto de manifiesto los errores que está cometiendo el gobierno a la hora de fijar las reglas de juego que determinan la capacidad de acceder a los fondos. De hecho, la patronal estima que casi 7 de cada 10 negocios se van a quedar fuera de los procesos de adjudicación de los fondos comunitarios.
El estudio elaborado por la organización empresarial constata que las ayudas a las empresas suponen el 30% de la dotación del plan presentada por Francia o el 25% de los desembolsos comprometidos por Portugal. En cambio, en el caso de España, el total de ayudas entregadas a las empresas solo llega al 2% del montante total recibido, algo especialmente grave si tenemos en cuenta que nuestro país se ha dejado 60.000 empresas en los últimos años.
Otro grave error del Ejecutivo es la falta de transparencia con la que se están manejando los fondos. Mientras que en Francia, Italia y Portugal se han constituido comités de evaluación compuestos por profesionales independientes al gobierno, en España no se ofrece información de manera clara, ordenada y coordinada. Y, aunque el 15% del gasto está descentralizado, las comunidades deberían haber tenido un peso aún mayor, dado el grado de descentralización existente en nuestro país.
Además, la patronal ha recalcado que los demás países de nuestro entorno han puesto en marcha un refuerzo coyuntural de las plantillas del sector público para dotar de una mayor agilidad a la tramitación de los proyectos, cosa que no se puede decir de España, lo que está contribuyendo a incrementar los retrasos y el tapón burocrático.