Siguen aumentando los frentes que el Ministerio de Hacienda tiene abiertos con las Comunidades Autónomas. La "armonización fiscal" de los impuestos autonómicos es la que más titulares de la prensa lleva acaparados, aunque, recientemente, otro melón se ha abierto entre María Jesús Montero y los barones autonómicos: el cálculo de la llamada "población ajustada".
Fue el pasado 3 de diciembre cuando Hacienda envió a las CCAA una nueva propuesta de "población ajustada" para que sea esa la variable que determine qué parte del dinero le corresponde a cada una de ellas dentro del sistema de financiación autonómica en función de su población real y sus "circunstancias demográficas, sociales o territoriales". Hacienda entendía que "es necesario mejorar la fórmula de cálculo y reparto por tipología de gasto" y aportó un informe de 240 páginas lleno de indicadores, tablas y datos al que las CCAA deberían contestar.
Pues bien, el informe de Hacienda ya ha sido revisado por los diferentes gobiernos regionales y son varios los que han expresado su rechazo específico en los últimos días. El Gobierno de la Comunidad de Madrid es uno de ellos. Y ha tildado de "parcial y arbitraria" la propuesta de Montero.
Los argumentos de Madrid
En un documento de observaciones, con fecha del 27 de enero, los técnicos de la autonomía de Isabel Díaz Ayuso consideran que, a la hora de determinar las necesidades de gasto de una región, la propuesta de Montero beneficia a los territorios con menos población respecto a los de más habitantes. ¿Por qué tener menos población por kilómetro cuadrado requiere más financiación? se preguntan.
"Se aprecia una excesiva focalización en los aspectos de despoblación, dispersión, baja densidad poblacional, etc" y no se tiene en cuenta "la concentración poblacional y la congestión de otros territorios para determinar las necesidades de gasto "en el mismo sentido" señalan. Así, aseguran que Hacienda no tiene en cuenta la cantidad de personas que pasan realmente por Madrid y el sobrecoste que generan, sino que plantea unos números "claramente dirigidos a beneficiar a un determinado tipo de CCAA" debido a "la introducción de una variable por despoblación peculiarmente construida y la configuración que se hace de la variable de costes fijos, que excluye a todas las CCAA de más de 2.000.000 de habitantes como si en tales regiones no existieran costes fijos también", argumentan.
Ganan Extremadura, Aragón, La Rioja o Cantabria
¿Quiénes son esas regiones beneficiadas? Fuentes de la Comunidad de Madrid aluden al documento de Fedea, que también analiza la propuesta de Hacienda y que revela que "Extremadura, Aragón, La Rioja o Cantabria" serían las que más ganarían con el nuevo cálculo.
Además, Madrid considera que determinar las necesidades de gasto de una región en educación es tan sencillo como tener en cuenta el número de alumnos reales matriculados y no el análisis ponderado que pretende Montero, que no considera, por ejemplo, a la escuela infantil concertada. En este sentido, también echan de menos una evaluación de la eficiencia del gasto público para desincentivar el despilfarro entre las regiones
En Madrid, Montero tampoco tiene en cuenta que el coste de la vida (y de los servicios) es mayor que, por ejemplo, en Extremadura. "Se echa de menos un mayor interés por el aspecto de los diferenciales de precios entre CCAA, considerándose por esta parte que debería establecerse un mínimo de corrección de las necesidades de gasto por este motivo" argumentan.
Valga decir, que la Comunidad de Madrid tampoco quiere seguir bajo el cálculo actual. "Salvo en la liquidación del año 2013", Madrid "ha sido la más perjudicada por el actual sistema de la población ajustada (respecto al número real de habitantes que otorga el padrón), si bien, en ningún caso podría concluirse que es la región en donde menos cuesta prestar los servicios públicos a cada ciudadano" y a pesar de ser la que más recauda con sus impuestos.
A las críticas de Madrid contra la propuesta de Montero se han unido también, con sus propios documentos, Cataluña y la Comunidad Valenciana, un tándem muy muy poco habitual, ya que los gobiernos de Puig y Aragonés están en las antípodas ideológicas de Ayuso. Hasta el Gobierno de Aragón, potencial beneficiado, ha puesto objeciones a la ministra de Hacienda. Parece que Montero no ha dejado contento a ninguno, al menos, de cara a la galería.
Más frentes abiertos en Hacienda
A esta nueva rebelión autonómica contra Hacienda se le suma la guerra contra la armonización de los impuestos autonómicos, como Patrimonio o Sucesiones y Donaciones, que están estudiando los "expertos" de María Jesús Montero. La armonización no es otra cosa que forzar a las regiones con impuestos bajos, como la Comunidad de Madrid, a elevar la fiscalidad a sus ciudadanos. A finales de febrero estos catedráticos tendrán que enviar a Hacienda sus conclusiones. Tan inminente es este ataque a Madrid, que el Gobierno de Ayuso ha aprobado la semana pasada el "Proyecto de Ley de Defensa de la Autonomía Financiera" para blindarse de estas subidas fiscales. Veremos si hay más regiones con tributación baja que se suman a Ayuso.
Recientemente, las CCAA han ganado también la batalla a Hacienda por el IVA que se les debía desde 2017. La Comunidad de Madrid fue pionera en acudir a los tribunales para reclamar el dinero adeudado.
