Señalaban hace unos años los profesores Rocío Albert y Rogelio Blazzo, autores de un espléndido informe publicado por FAES, La Torre de Babel de las comunidades autónomas, lo paradójico que resultaba que España, que había apostado por la creación de un mercado único europeo, pudiera ver tan compartimentado su mercado interior por la "proliferación de normas autonómicas que ponen en peligro la unidad de mercado al imponer trabas administrativas a la libre circulación". En este mismo sentido, se atribuye al empresario Clemente González Soler, presidente del grupo Alibérico y vicepresidente de la patronal madrileña CEIM, aquella elocuente frase de "es más sencillo montar cuatro fábricas en cuatro países comunitarios que en cuatro comunidades autónomas españolas".
Para hacer frente a esta penosa situación, ya en 2008 la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, presentó en el Congreso Regional del PP un amplio paquete de medidas liberalizadoras, entre las que figuraba la propuesta de que las empresas y los inversores que operasen en la región gozasen de "la normativa más favorable" que existiese en el país.
En esa misma senda liberalizadora, la actual presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, asistida por la Consejería de Economía y Hacienda que dirige Javier Fernandez-Lasquetty, ha aprobado este miércoles el proyecto de Ley de Mercado Abierto, para hacer de Madrid la primera autonomía donde empresas y operadores económicos de todo el territorio nacional puedan instalarse sin tener que solicitar permisos o licencias adicionales.
De esta forma, el Ejecutivo de Ayuso da un paso más en la eliminación de trabas regulatorias, crucial para atraer inversiones, y actúa en consonancia con las recomendaciones de la Comisión Europea para garantizar la unidad de mercado. De ahí que la Ley de Mercado Abierto también recoja el compromiso de suprimir la regulación propia en aquellos casos en que los requisitos de acceso a una actividad sean mayores en Madrid que en otras CCAA.
Está claro que Madrid no quiere convertirse en el infierno fiscal y regulatorio que son otras autonomías. Cómo extrañarse, pues, de que sea la comunidad más libre y prospera de España, y de que los liberticidas odien a su Gobierno autonómico con saña.