El plan del Gobierno sobre la reforma de cotizaciones a la Seguridad Social quiere implantar una subida de las cotizaciones a los autónomos que terminará por arruinar a dichas personas. Plantea un período transitorio, a aplicar entre 2023 y 2032, y una aplicación definitiva de su modelo a partir de este último año. En el período transitorio, eleva las cotizaciones, de manera que quien gane menos de alrededor de 3.000 euros al año, pagará 281,5 euros mensuales, es decir, casi la totalidad de lo que ingrese. Ese mismo importe será el que pague un autónomo que gane hasta 7.200 euros al año. Quien genere unos ingresos con su actividad como autónomo de alrededor de más de 38.280 euros al año, en 2023, pagará a la Seguridad Social, como cotización, 351,9 euros al mes. En 2031, el ajuste en la parte baja se irá a una cantidad algo inferior, 183,6 euros, pero en el resto de tramos llega a ser absolutamente confiscatorio.
Eso supone un incremento porcentual de las cuotas mensuales que es exponencial para la mayoría de tramos: sólo baja en los dos primeros, mucho más tímidamente que lo que sube en los otros once tramos, donde en casi la mitad de ellos se incrementa más de un 100%.
Eso supone que, por tramos, el esfuerzo mensual que tendrán que hacer los autónomos para pagar las nuevas cotizaciones a la Seguridad Social, de prosperar este plan, es ingente. Así, va desde un 40,9% para el primer tramo al 25,2% para el último tramo (para la cantidad sobre la que calcular el porcentaje de cada intervalo, se ha considerado la marca de clase de cada uno de ellos, es decir, la media aritmética de los extremos de los mismos; para el primer y último intervalo se ha supuesto un límite inferior de 300 euros para el primero y un límite superior de 6.000 euros para el último).
Es decir, a los autónomos con pocos ingresos -la mayoría, como complemento a un trabajo por cuenta ajena, en pluriactividad- les confiscan casi todo, como ahora, lo cual es y sigue siendo una vergüenza, y a los que ganan más, que no tienen otra actividad y dependen de ello para su sustento, les arrebatan entre un tercio y una cuarta parte de sus ingresos, con cifras en valores absolutos que llegan a sobrepasar los 1.200 euros. Por tanto, se mire por donde se mire, es un plan confiscatorio. Lo que deberían hacer es dejar una cuota simbólica, nunca superior a 50 euros, a quienes menos ganan, y dejar al resto de autónomos que puedan seguir acogiéndose a la cuota mínima, que es lo único que puede garantizar que sigan con su actividad y que no se incentive la perjudicial economía sumergida, que es lo que el Gobierno puede hacer con este plan, empeorando la economía.
Con el plan del Gobierno, quienes ingresen más de 38.280 euros anuales tendrán que pagar unas cotizaciones mensuales a la Seguridad Social de 991,4 euros al mes. Es decir, de sus ingresos tendrán que pagar un tercio a la Seguridad Social.
De esa manera, una persona que gane 38.280 euros brutos gana, de forma neta, unos 2.400 euros al mes, aproximadamente, dependiendo de las circunstancias personales y familiares de cada contribuyente. Pues bien, Escrivá quiere arrebatarle ni más ni menos que el 31% de lo que gana. Si a ello le sumamos el tipo medio efectivo que tendrá esta persona, que puede rondar el 20% o incluso algo superior, nos encontramos con que mucho más de la mitad de lo conseguido con su esfuerzo va a manos del Estado. Esto es confiscatorio y, además, es un error económico, un disparate, pues desincentivará el trabajo y aumentará el fraude.
Las pensiones necesitan ser reformadas
El sistema público de pensiones necesita ser reformado, sí, pero con propuestas sensatas, no con locuras. Que la Seguridad Social se encuentra en muy mala situación no es cuestionable, desde luego. No es cuestión de ideologías sino de matemáticas actuariales. Cada vez tenemos más pensionistas y esos pensionistas cobran una pensión más elevada que las que se cobraban antes, y lo hacen durante más tiempo. Cuando se puso en marcha en España el sistema de reparto, la esperanza de vida al nacer no era mucho más alta de 65 años en los varones, que entonces eran el grueso de la población activa. Ahora, sin embargo, gracias a Dios, la esperanza de vida se encuentra por encima de los ochenta años en ambos sexos. Este factor, sin duda, eleva el número de años que se percibirá una pensión, que supone, por tanto, un incremento del coste del sistema.
Por otra parte, la tasa de sustitución o de reemplazo de las pensiones en España -esto es, el porcentaje de pensión que se percibe respecto al último salario- no ha dejado de crecer y es la más elevada de Europa, con un 78,7%, según datos de la Comisión Europea, muy por encima de la media de la UE (46,3%) y de la eurozona (49,9%). Esto eleva también el coste del sistema público de pensiones, al ser mayores las pensiones que entran al sistema que las que salen.
El impacto será especialmente importante cuando se jubile el grueso de las cohortes del baby boom, período que tuvo lugar entre 1952 y 1977, pero encontrándose esas cohortes más numerosas en crecimiento de natalidad anual entre 1957 y 1967. Son muchas personas que, por un lado, accederán a una pensión, que, por otra parte, dejarán de cotizar como activos y, por último, percibirán, en términos generales, una pensión mayor que la media actual, con lo que dicha media se elevará y, con ello, el coste del sistema.
Adicionalmente, además de producirse esa salida de la población activa de todas esas personas, no se reemplazará con una entrada similar en el mercado de trabajo de las nuevas generaciones, pues los nacimientos de estas nuevas cohortes fueron ya muy escasos, de manera que la relación entre activos cotizantes y pensionistas caerá de manera importante.
Por eso, si nada se hace, el sistema colapsa matemáticamente, y eso es lo que hay que evitar. Hay que tomar medidas para solucionar el problema y garantizar su sostenibilidad. Ahora bien, deben ser medidas que conduzcan a sostener en el sistema en dos sentidos: garantizar la viabilidad del pago de las pensiones para lo cual, en su segundo sentido, debe tratar de incorporar el mayor número de cotizantes. Sin embargo, con la propuesta de Escrivá la recaudación por cotizaciones de autónomos puede descender por dos motivos: el primero, porque los va a asfixiar económicamente, con lo que muchos de ellos tendrán que dejar su actividad y ya no cotizarán; en segundo lugar, porque incentivará el fraude, con lo que en lugar de tener una mayor base de cotizantes y que éstos paguen unos tipos menores como cotizaciones, los va perder, pues mucho me temo que se incrementará la economía sumergida, que es un cáncer y que hay que perseguir, por supuesto, pero que con propuestas como las de Escrivá lo único que se consigue es incentivarla, elemento también negativo.
El ministro elige caminar por este sistema de parches antieconómicos mientras rechaza no ya el sistema de capitalización, sino el sistema de cuentas nocionales, porque dice que no es de aplicación inmediata. Tiene razón el ministro en la no inmediatez, pero si queremos una viabilidad estructural del sistema, tenemos que trazar un cambio estructural que lo permita, y mientas se asienta se puede mantener un período transitorio. Sólo entonces serviría un parche, de manera provisional, no como propone el ministro, que acabará, de aplicarse, con muchos autónomos, sino una transición sensata y viable para la reforma estructural, que, desde luego no es la que ha presentado el ministro envuelta en este afán confiscatorio del Gobierno.