Los españoles han comenzado 2022 sufriendo una pérdida de poder adquisitivo de nada menos que el 6%, cifra apabullante y solo ligeramente inferior al 6,5% de subida del IPC con que se cerró el pasado ejercicio. La consecuencia directa es que estamos afrontando una espiral inflacionista sin parangón en los últimos 20 años, castigo que, por desgracia, va a prolongarse en el tiempo.
Como tratan de ocultar siempre los Gobiernos, la inflación es el impuesto más pernicioso para los pobres y las clases medias más modestas, que no pueden protegerse de ella con instrumentos de inversión que sí manejan otros sectores sociales más acaudalados. Son precisamente los Gobiernos, que aumentan la recaudación gracias a la subida generalizada de los precios, los grandes beneficiarios de esta lacra que tiene un tremendo impacto psicológico en la ciudadanía –que contempla impotente cómo pierde valor su dinero– y provoca estragos en el tejido comercial y empresarial, que pierden márgenes y competitividad.
La propaganda gubernamental quita importancia a la formidable subida del IPC, como si fuera un fenómeno ajeno a su responsabilidad. La realidad, sin embargo, es que el Gobierno social-comunista es el principal culpable de esta pérdida de riqueza de la ciudadanía, que tiene gran causa en una política económica caracterizada por el gasto público desbocado, los sablazos fiscales, la subida de los costes fijos para las empresas y los autónomos, una mayor rigidez del mercado laboral y la concesión de nuevas cuotas de poder a los tóxicos sindicatos de casta izquierdistas.
La miserabilizadora espiral inflacionista es otro de los frutos amargos de un Gobierno en el que abundan los radicales que tienen a Venezuela y Argentina como referentes (no sólo) económicos y donde los supuestamente moderados son sólo un hatajo de oportunistas de la peor especie.