En los últimos años, el okupa de patada en la puerta ha dado paso al inquiokupa: aquel que alquila un piso y de un día para otro deja de pagar. En la mayor parte de los casos, estas personas alegan vulnerabilidad, lo que retrasa durante años su desahucio. Sabedores de esta argucia, muchos se aprovechan de la situación, convirtiéndose así en falsos vulnerables: hombres y mujeres con niños a su cargo que, sobre el papel, carecen de trabajo e ingresos, pero que en realidad trabajan en negro.
El caso de Marina ilustra a la percepción esta realidad. Tras casi dos años sin pagar el alquiler, la Justicia no echa a su inquilina porque considera acreditada su vulnerabilidad. Sin embargo, ella denuncia que su hoy okupa ha montado un negocio en negro en su vivienda: una empresa que hace tartas y pasteles por encargo y que, además, se dedica a organizar eventos.
Un piso recién reformado
Su historia se remonta a 2019. Por aquel entonces, Marina ya tenía claro que quería ser madre, así que pensó que alquilar la casa que compartía con un familiar en el centro de Almería podría ser una solución para permitirse dejar de trabajar durante un tiempo y estar lo máximo posible con su bebé.
Con gran esfuerzo, invirtió sus ahorros en reformar aquel piso de tres habitaciones con el objetivo de que sus futuros inquilinos se sintieran lo suficientemente cómodos como para quedarse allí una larga temporada. "No quería que se fueran a los dos días, así que pensé que el esfuerzo merecía la pena", relata en conversación con Libre Mercado.
El resultado fue una coqueta vivienda que, en diciembre de 2019, acabó alquilando por 600 euros a una mujer colombiana con dos hijos. Ésta le había demostrado su solvencia económica, así que, si nunca pensó que acabaría convirtiéndose en una okupa, mucho menos que lo haría apenas pasados un par de meses.
Un sinfín de facilidades
En febrero, sin embargo, dejó de pagar: "Siempre decía que nos ingresaría el dinero al día siguiente, pero el dinero nunca llegaba". Aun así, decidieron darle un voto de confianza. "Al poco tiempo empezó la pandemia y pensamos que la forma de poner nuestro granito de arena era ayudar a aquella mujer", explica Marina, hoy consciente de su ingenuidad.
Su inquilina se resistía a irse a casa de sus familiares y les prometía que lo pagaría todo, así que ellos trataron de facilitarle las cosas: "Le perdonamos unos meses de alquiler, nos hicimos cargo de la luz y el agua pensando que realmente lo necesitaba e incluso le bajamos 100 euros de golpe para que pudiera volver a ponerse al día sin que se creara una gran deuda". Jamás volvieron a saber nada más de ella.
De inquilina a inquiokupa
Tras aquel baño de realidad, no les quedó más remedio que poner una demanda, y fue entonces cuando Marina se dio cuenta de que, a partir de ese momento, no sólo tendría que enfrentarse a su okupa, sino también a la inacción -cuando no complicidad- de todas las administraciones. "Para empezar, yo tuve que pagar un abogado, mientras que a ella le correspondía uno de oficio", apunta.
Cuando llegó el juicio, su inquilina no se presentó, así que el juez puso fecha al lanzamiento. "Ya estábamos en la puerta de la vivienda con el cerrajero, la procuradora… Y cinco minutos antes de las 9 de la mañana, que era la hora acordada, nos llaman y nos dicen que el día anterior, a las 14 de la tarde, había alegado vulnerabilidad y que el juez lo había admitido a trámite hasta que lo demostrara", recuerda indignada. Era abril de 2021 y, tras 14 meses de impagos, Marina se veía obligada a seguir esperando.
Un negocio ilegal
Finalmente, el pasado mes de octubre, su inquilina fue oficialmente reconocida como persona vulnerable. Sin embargo, la protagonista de esta historia niega la mayor: "Esta mujer y su novio trabajan en negro y perciben ingresos que no declaran para no tener que pagar el alquiler. Tienen amigos y familiares a quienes pedir ayuda y techo, pero viven en mi casa sin pagar un céntimo"
Sus sospechas no son infundadas. "Los vecinos me han dicho que su pareja vuelve a casa por las noches con ropa de trabajo, debe ser pintor o albañil -apunta-, pero es que, si tú buscas la dirección de mi piso en Google, aparece como que ha montado un negocio ilegal en mi casa, una especie de pastelería que no tiene declarada ni nada, por supuesto".
Efectivamente, el negocio existe. "Nuestra pastelería exquisita está situada en Almería y está localizada estratégicamente para satisfacer tus necesidades", reza su página web, en la que no sólo se ofrecen dulces, sino también decoración y organización de eventos. "Es decir, que ella sigue haciendo una actividad ilegal en mi vivienda, a parte de lo que después pueda hacer, porque no sabemos qué negocios tiene a parte", se queja Marina.
Cuando llamamos al número de contacto y preguntamos por la dueña, un hombre nos dice que ese teléfono ya no pertenece a la mujer que estamos buscando. Probamos con el formulario web, pero tampoco recibimos respuesta, así que nos es imposible recabar su versión de los hechos.
¿Vulnerable?
"Yo no digo que, en algún momento de su vida, en estos meses que ya estaba ahí, haya tenido una situación de desempleo y se haya visto la mujer ajustada, pero yo en ese caso ya empaticé con ella y le ayudé -insiste Marina-. No me importó en absoluto ayudarla, pero cuando tú ya ves todo esto es porque esa persona ya está asesorada y ya sabe lo que hace".
¿Y esto no es suficiente para que la justicia revoque su condición de vulnerable? "Pues, como me ha dicho mi abogada, te tienes que gastar 3.000 euros en un detective que pueda corroborarlo y a mi esto ya me parece una cosa de locos", responde totalmente indignada. Así que lo único que queda es esperar.
El "escudo social" del Gobierno
Pero es que, además, incluso aunque fuera realmente vulnerable, Marina considera que los propietarios no tienen por qué hacerse cargo de estas situaciones. "No entiendo por qué tenemos que ser el escudo social del Gobierno, que la ayuden o que le busquen una alternativa habitacional, pero es que eso no lo están haciendo y yo llevo ya dos años en esta situación", lamenta. Una situación que le ha afectado tanto económica como psicológicamente.
"Es desesperante, porque al final yo tengo un bebé y resulta que estoy manteniendo a una señora con dos hijos que no tiene nada que ver con mi familia y a la que encima estoy pagándole las facturas de la luz y del agua, porque yo todos los meses tengo que tener preparados unos 120-150 euros de luz, agua y comunidad -calcula- y eso sin contar con lo que no me está entrando de un alquiler con el que yo contaba para poder cuidar a mi hijo".
"Un país de pandereta"
Mientras Marina sigue sin saber cuándo recuperará su piso, la única compensación que el Gobierno le ha concedido son cuatro meses de alquiler (a razón de 400 euros y no 600, como ella lo alquiló a su hoy okupa) y cuatro de suministros. Según denuncia, es "una cantidad irrisoria para lo que deben", pero es que, además, ni siquiera se lo han ingresado todavía.
"Si algún día llegan a ingresarme la compensación, al Estado le habrá costado su medida social 1.500 euros aproximadamente, mientras que yo, cuando llegue febrero, llevaré más de 20.000 euros perdidos", explica de forma ilustrativa. Precisamente por eso, Marina se suma a los miles de personas que, desde todos los rincones de España, reclaman una ley antiokupas que ponga fin a esta lacra. Hasta que llegue, nada ni nadie le hará cambiar de opinión: "Vivimos en un país de pandereta rodeados de injusticias".
