Libre Mercado sigue desvelando los programas de gasto que el gobierno de España ha decidido financiar con cargo a los fondos europeos. El despliegue de dichas ayudas por parte del Ejecutivo está siendo criticado por su ineficacia y su enfoque clientelar. ejemplos reciente es el anuncio de un programa valorado en 12,8 millones de euros que servirá para desarrollar "mapas estratégicos de ruido en la red de carreteras del Estado".
El contrato en cuestión se enmarca dentro de las ayudas europeas canalizadas por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y está clasificado como un epígrafe de servicios de consultoría en ingeniería civil. Se plantea un plazo de ejecución de hasta 33 meses y abarca el reparto de la licitación en un total de siete lotes.
Así, la Dirección General de Carreteras asignará 2,2 millones al análisis para Andalucía y Ceuta, 2,4 millones para Aragón y Cataluña, 1,9 millones para Comunidad Valenciana y Murcia, 2,1 millones para Castilla-La Mancha y Extremadura, 2,1 millones para Castilla y León y La Rioja, 1,8 millones para Asturias, Cantabria, Galicia y País Vasco y 0,5 millones para la Comunidad de Madrid.
El objeto de estas acciones financiadas con los fondos europeos es desarrollar una serie de "mapas estratégicos de ruido", además de una "memoria de planes de acción contra el ruido en carreteras". La apertura de los sobres con las ofertas presentadas se hará en la primera quincena de febrero, de modo que la adjudicación es inminente.
Serán hasta 302 millones
Según explica el ministerio, "la actuación se financia con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que cuenta con un presupuesto de hasta 302 millones de euros para la redacción de proyectos y ejecución de actuaciones orientada a la reducción del ruido y mitigación de sus efectos, así como a garantizar la sostenibilidad y eficiencia energética en la red de carreteras". Así, "ya se han licitado contratos por 36,3 millones, incluyendo dos de redacción de proyectos en y uno de obras en la AI-81 de Asturias".
Al final del proyecto, el gobierno aspira a "disponer de una herramienta para la gestión de los problemas de ruido que las carreteras generan a los colindantes y aportar los datos que permitan definir la zona de servidumbre acústica".