Hace menos de un año, Eurostat anunciaba que la Sareb dejaba de ser un organismo privado. Mejor dicho, lo que decía la oficina estadística de la UE es que le daba igual cómo el Gobierno español clasificara la Sareb, la normativa que le era aplicable o su estatus y naturaleza jurídica. Todo esto (las reglas de funcionamiento de la inmobiliaria) eran una cuestión interna de España, pero a partir de ese momento, su deuda y sus pérdidas se integrarían en las cuentas públicas. Por una razón muy sencilla que ya explicamos en su momento en Libre Mercado: si el Estado avala la deuda de la Sareb y no hay ninguna (o casi ninguna) posibilidad de cambiar la situación de quiebra técnica de la entidad, pues entonces habrá que asumir que esa deuda deja de ser privada y pasa a ser pública (porque será el sector público el que se hará cargo de pagar a los acreedores).
A partir de ese momento, se inició el proceso que esta semana ha terminado con el Gobierno aprobando un real decreto-ley que permitirá incrementar la participación accionarial del Estado en la Sareb por encima del 50% (ahora mismo tiene el 45,9%). No llegará al 100% porque al resto de accionistas (los grandes bancos y aseguradoras) no les interesa, para seguir contabilizando los créditos fiscales diferidos. Pero en cualquier caso, la entidad pasará a tener una participación de control del Estado y, ahora sí, será pública a todos los efectos.
A primera vista puede parecer que es el final del proceso. Pero en realidad es el principio. Lo que hace diez años se vendió a la opinión pública como una solución de emergencia, imprescindible para recuperar la confianza en el sistema financiero español, ahora cambia de naturaleza. Nunca sería pública, nos dijeron. También que su labor tendría fecha de inicio y de fin (15 años a partir de 2013, algo que se antoja complicado con el actual ritmo de desinversiones).
Casi una década más tarde, es fácil comprobar que lo que en 2012 parecía muy claro, ya no lo es tanto. La Sareb se está convirtiendo, poco a poco, en lo que nos aseguraron que no se convertiría: una gran inmobiliaria pública que pone en manos del Gobierno de turno miles de activos (viviendas) para que haga política con ellos. Nada de preocuparse, nos vuelven a decir. Aseguran que la Sareb seguirá funcionando con criterios profesionales e intentando obtener el máximo posible por la venta de estos activos para que a los contribuyentes les cueste lo mínimo el fiasco del banco malo. ¿Nos lo creemos? Por lo visto hasta ahora, no deberíamos. Porque éstas son las enseñanzas económicas que nos deja la Sareb.
1. Si nadie quiere algo... es por algo
Cuando en 2012 se habló de un banco malo, los responsables del Gobierno aseguraron que ni sería un banco ni sería malo.
Con lo del banco, querían decir que en realidad hablábamos de una inmobiliaria que acogería los activos tóxicos en manos de las cajas. Aunque luego la mayor parte de esos activos han sido préstamos.
Con lo de que no sería "malo", apostaban a un futuro en el que la Sareb vendía con ganancias los activos de su balance. La idea era (1) comprar a las cajas con descuentos, lo que se hizo y (2) esperar un tiempo prudencia y que se calmasen las aguas para deshacerse de la cartera.
En aquel momento la pregunta era: si es tan buen negocio, por qué nadie se lo queda. Otros bancos o fondos inmobiliarios estaban invirtiendo en España aprovechando los precios de derribo que tenían algunos activos. Pero nadie quería los pisos de la Sareb. Por algo sería. Y por algo ha sido. Incluso con el descuento aplicado al pasarlos al balance del organismo, no se ha conseguido recuperar la valoración inicial. Si nadie en el mercado piensa que será capaz de hacer dinero con una inversión, no parece probable que una entidad pública sin demasiados incentivos a maximizar sus beneficios vaya a lograrlo.
La realidad es que, a finales de 2020, la Sareb tenía un patrimonio neto negativo de más de 10.500 millones de euros. Y buena parte de esa cifra deriva de los "ajustes por cambio de valor", que no es otra cosa que el reconocimiento de que no logrará vender al precio esperado muchos de los activos en cartera.
2. A Europa le preocupa el despilfarro en España... lo justito
En 2022 todo lo ocurrido con la Sareb sorprende. Por qué tanto lío. Por qué no se creó una entidad pública desde el principio para absorber las pérdidas de las cajas. Por qué el paripé del 54% de acciones en manos de los bancos...
Para responder hay que mirar a Bruselas. En 2012, la UE no quería escuchar nada que oliese a rescate de la banca con dinero público y menos aún con dinero del que Bruselas envió para ayudar al Gobierno español. Por eso, exigían que el banco malo fuera un organismo privado, y el equipo de Luis de Guindos diseñó un mecanismo que lo permitía.
Diez años después, nadie se acuerda ni de por qué en aquel momento era tan importante, ni de si alguna vez hubo alguna posibilidad de que esta historia no terminase como está terminando. Los que diseñaron el esquema en el Ministerio de Economía ya no siguen en sus cargos; y tampoco, los que desde la Comisión pusieron encima de la mesa sus exigencias. ¿Que diez años después España incumple con todo lo que prometió? ¿Y a quién le importa?
3. La entrada de inversores privados es una garantía... o no
De nuevo, volvamos a 2012. En aquel otoño, el Gobierno presionó a bancos y aseguradoras para que entraran en el capital de la Sareb. Por una cuestión de números (necesitaba que suscribieran capital por encima del 50%) y de imagen (una mezcla de señal a Bruselas y de respaldo a la apuesta). El mensaje era del tipo: "Si los bancos se meten en esto es porque es un buen negocio. Ellos también quieren recuperar su inversión".
Todos entraron (con muchos condicionantes y siempre que el Estado avalase la deuda senior), salvo BBVA, que se mantuvo firme en su negativa porque no le veía sentido a aquella apuesta.
Ahora ya sabemos por qué costó tanto convencerles. Y las razones de aquella reticencia. En un negocio como el bancario, tan intervenido y en el que las entidades dependen tanto del Gobierno y del regulador, que las entidades privadas acudan a la llamada del Ministerio de Economía sólo significa que la presión que éste puede ejercer sigue siendo enorme. Pero no nos da ninguna pista sobre la viabilidad futura del negocio.
4. Cuando parece que los números rojos no pueden ir a peor... sólo hay que esperar otro año más
Desde el principio, las cuentas anuales de la Sareb no permitían ser demasiado optimistas. Las pérdidas se sucedían, año tras año. Eso sí, en los primeros ejercicios, la respuesta era siempre la misma, una con la que se miraba al largo plazo y se pedía calma. Una vez que el mercado inmobiliario se estabilice tras la crisis, todo volverá a su lugar y los números negros reemplazarán a los números rojos también en la cuenta de pérdidas y ganancias de la inmobiliaria pública.
De nuevo, otro argumento que suena bien, pero que en la práctica no acaba de tener los resultados esperados. Si acaso, los números han ido empeorando a lo largo de la década. Así, en 2013 las pérdidas alcanzaban los 260 millones de euros. Entre 2014 y 2017 se mantuvieron alrededor de los 500-600 millones (salvo en 2015, único año en el que bajaron a los 102 millones). A partir de 2018, se disparan: 878 millones en ese año 2018; 947 millones en 2019; y 1.073 millones en 2020, último ejercicio con las cuentas oficiales publicadas.
Si alguien esperaba que el paso del tiempo fuera permitiendo estabilizar las cifras de la Sareb o recuperar parte de la inversión realizada, tras una década debe tener pocas esperanzas en lograrlo.