Las sociedades de inversión de capital variable (sicavs) tienen los días contados en España, o al menos, buena parte de las que hay ahora. El Gobierno introdujo el pasado año un castigo a estos vehículos de inversión que está amenazando su continuidad. Este golpe a las sicavs viene de la mano de la "Ley de lucha contra el fraude fiscal" del Ministerio de Hacienda y consiste en imponer varios cambios en sus requisitos de funcionamiento.
La novedad más criticada es la de obligar a cada accionista -las sicavs tienen un mínimo de 100 accionistas- a contar con una inversión mínima de 2.500 euros cada uno para seguir tributando al 1% en el Impuesto de Sociedades. De no ser así, tendrían que tributar por el 25%. El objetivo de este mandato es acabar con los llamados mariachis en el argot financiero, que son personas con escasas participaciones en la sicav, pero que contribuyen a cumplir el requisito de los 100 socios antes mencionado.
Fuga de sicavs
El pasado 1 de enero, entraron en vigor las nuevas reglas y Hacienda ha establecido un régimen transitorio por el que las sicavs pueden disolverse y liquidarse sin costes fiscales, eso sí, siempre que los accionistas reinviertan la totalidad de su cuota de liquidación en otras instituciones de inversión colectiva (IIC) españolas, como los fondos de inversión (que también tributan al 1%). Dicho y hecho.
En las últimas semanas, se está produciendo una avalancha de sicavs que han comunicado a la CNMV su intención de desaparecer, fusionarse o transformarse. Antes de febrero todas tienen que haber decidido su futuro. Las sicavs controladas por personas jurídicas no pueden disfrutar de este régimen de traspasos.
Ahora, gestores y bancos hacen números a contrarreloj para determinar cuál es la mejor opción para sus clientes, pero fuentes del sector de la banca privada vaticinan "que la gran mayoría va a desaparecer. Las han aniquilado". Las mismas fuentes explican a Libre Mercado que "hay miedo de que los accionistas se vayan. Entonces, ya no cumplirían los nuevos requisitos y las harían tributar al 25%. Por eso, prefieren disolverse".
Por ejemplo, entidades como CaixaBank Banca Privada han reconocido que están recomendando a gran parte de sus clientes que liquiden estos vehículos de inversión. Parece que las sicavs han perdido todo su atractivo.
El director de estudios del REAF, Rubén Gimeno, se muestra "realmente sorprendido por estos anuncios de liquidaciones y disoluciones de sicav, ya que 2.500 euros tampoco es una cantidad que la banca privada no pueda conseguir de un inversor ¿Quién no invertiría 2.500 euros para entrar en la sicav de Amancio Ortega?", se pregunta. Eso sí, hay que tener en cuenta que hoy son 2.500 euros y mañana pueden ser 25.000. Nadie impide al Gobierno endurecer los requisitos. En este sentido, el experto plantea que, además de los nuevos requisitos, detrás de esta extinción de sicav "puede estar el enfado por la inseguridad jurídica que generan tantos cambios, el temor a que ahora sea la Agencia Tributaria la que las va a controlar o que alguna ya se quería disolver, y aprovecha el momento. De todas formas, todavía no sabemos cuántas van a desaparecer realmente", añade.
En el sector vaticinan que hasta el 80% de ellas se extinguirá. El precedente lo tenemos en Navarra o País Vasco, donde una subida de impuestos a estos vehículos terminó expulsando a las sicavs de estos territorios.
Las sicavs, el enemigo de la izquierda
En los últimos años, estas sociedades de inversión no se han movido de la diana de los partidos de izquierda. El aumento de la fiscalidad, la imposición de niveles mínimos de participación o la intensificación de las inspecciones son algunas de las medidas que han venido contemplado en los diferentes programas económicos del PSOE o de Podemos. De hecho, en su pacto de Gobierno de Coalición prometieron que "ejerceremos un mayor control sobre las sicav (...) estableciendo un tope de concentración de capital en manos de un mismo inversor" y otorgando más poder de control a la Agencia Tributaria.
Podemos ha sido la formación más severa con las sicavs a lo largo de estos años. Tanto es así, que, en 2015, Pablo Iglesias abogaba por acabar directamente con las sicavs porque eran "un dispositivo para que los ricos no paguen impuestos".
Cuando el fundador de la formación morada pronunció estas palabras, había unas 3.300 sociedades en activo en nuestro país. Ahora, a cierre de 2021, el número de sicavs nacionales se situó en 2.388, menos que las 2.591 sicavs con las que terminó 2020 y unas 1.000 menos que cuando Iglesias clamó por su desaparición. Ahora, las medidas de PSOE y de Podemos han acelerado la cascada de cierres. ¿Acabarán con las más de 2.000 actuales?
Desmontando mitos contra las sicavs
Las sicavs fueron creadas en España en 1983 durante el mandato de Felipe González, por iniciativa del entonces ministro de Economía, Miguel Boyer, para incentivar a las grandes fortunas a que no se llevaran el dinero fuera del país. Desde entonces, han sido muchos los políticos que les han puesto coto, mientras que alrededor de estos vehículos de inversión surgían una serie de falacias y mitos que el Libre Mercado hemos venido desmontando.
La afirmación más tramposa es la que que estos instrumentos no pagan impuestos, cuando en España es de los pocos países europeos en los que tributan (al 1%) y de los que más limitaciones pone al número de socios o al capital mínimo.
Hay que tener en cuenta que aunque las sicavs tributen al 1% en el Impuesto de Sociedades por sus beneficios, sus accionistas tienen que pagar la parte correspondiente en el IRPF cuando quieran recoger sus beneficios en la sicav (lo mismo que en un fondo o en acciones de bolsa) y si son personas jurídicas, tendrán que pagar el 25% en el Impuesto sobre Sociedades.
Respecto a la aportación de las sicavs a la economía española, la directora de análisis de VDOS, Paula Mercado, lamenta que "muchas sicavs se van a marchar de España" y que, por ejemplo, "Luxemburgo es un destino muy atractivo". Mercado recuerda que "el dinero de las sicavs está invertido en proyectos y empresas que generan valor, muchos de ellos, en España. Y ese dinero se puede perder". Hasta ahora, el patrimonio de las sicavs alcanzaba los 29.000 millones de euros.