La reciente polémica por los altos precios de los test de coronavirus en España ha sembrado la duda de si estos se podrían haber abaratado de estar permitida su comercialización en establecimientos distintos a las farmacias (por ejemplo, supermercados). Esto es, cabe pensar que si aumenta la competitividad en la venta de los kit de diagnóstico y entran en juego grandes superficies con capacidad de suministrarse al por mayor, esto incrementaría la oferta e impulsaría los precios a la baja, como ha ocurrido en muchos países de nuestro entorno.
Sin embargo, el Ejecutivo ha apostado por una respuesta liberticida, compartida también por el PP, consistente en topar el precio de los test. Pero el afán por no tocar los privilegios de las farmacias ya no sorprende a nadie, y es que los gobiernos de turno han contribuido a perpetuar un modelo de cuasi-monopolio en el sector.
Un sector fuertemente regulado
En las últimas décadas, una buena parte de los sectores económicos en España se han visto sometidos a un proceso de liberalización y desregulación guiado por las directrices de la Unión Europea. Entre ellos ha destacado la apertura (parcial) a la competencia de mercados tradicionalmente monopolísticos como las telecomunicaciones, la energía o los transportes.
Además de la necesidad de mejorar el grado de liberalización de los citados sectores, quedan aún en nuestro país numerosos mercados en los que las trabas a la competencia son especialmente relevantes, y en los que no se aprecia ningún interés de las administraciones para que se corrijan. Este es el caso del servicio postal, el portuario, los taxis, ciertos servicios profesionales como los notarios y registradores… Y sí, también las farmacias.
Concretamente, desde hace más de un siglo, la venta minorista de medicamentos a través de locales de farmacia ha incorporado diversas restricciones a la libre competencia. Entre ellas, destacan, en primer lugar, las restricciones de entrada en el sector, que se materializan en la existencia de un número limitado de licencias en cada territorio (por lo general, de un local por cada 2.800 habitantes) y la necesidad de que las boticas se sitúen a una distancia mínima unas de otras (normalmente, 250 metros).
Por otro lado, se encuentran las numerosas restricciones que afectan a la operativa del negocio. Por ejemplo, solo las farmacias -y ningún otro establecimiento- pueden distribuir medicamentos, sean estos con o sin receta, y se vendan en tienda física u online. De hecho, la venta por internet de medicamentos con receta ni siquiera está permitida. Además, para poder ser propietario de un establecimiento se requiere de estar en posesión del título de farmacéutico, así como estar colegiado, mientras que los horarios de apertura están condicionados por la administración. Por otro lado, el margen de maniobra para fijar precios es muy reducido, debido a que la normativa fija los márgenes máximos y los precios mayoristas están regulados, a la par que las estrategias de publicidad quedan acotadas por la legislación.
A todas luces, muchas de estas regulaciones poco tienen que ver con garantizar un servicio de calidad ni con facilitar el acceso de medicamentos a los ciudadanos, y solo se explican por el interés político en mantener los privilegios competitivos de los farmacéuticos. Ojo, no de todos, sino solo de aquellos que logran hacerse con una licencia para establecer un local de farmacia, la cual, por cierto, se hereda de padres a hijos.
En el punto de mira de Bruselas y la CNMC
A la vista de esta injustificada situación, la Comisión Europea abrió en el año 2006 un procedimiento de infracción contra España, el cual criticaba la obligatoriedad de que únicamente los farmacéuticos puedan ser propietarios de los locales de farmacia. Análogamente, denuncias similares se efectuaron contra otros países vecinos.
Así, en 2009 se produjo un decisivo pronunciamiento Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre las quejas emitidas por la Comisión al respecto del caso en Italia y Alemania. Este, sin embargo, avaló el binomio titularidad-propiedad de los farmacéuticos, y alegó que, al tratarse de un asunto que atañe riesgos para la salud de las personas, los Estados miembros no tienen por qué "demostrar plenamente la realidad de tales riesgos".
En la misma línea, el tribunal europeo se volvió a pronunciar en 2010; esta vez, para volver a avalar las restricciones a las competencias fijadas por el estado español, las cuales fueron consideradas como compatibles con la normativa comunitaria. Como consecuencia, la Comisión Europea terminó reculando y dio carpetazo a los procesos de apercibimiento efectuados contra nuestro país, así como los respectivos a Austria, Alemania, Grecia, Francia, Portugal, Bulgaria y Chipre.
A tenor de semejante varapalo judicial, pocos se han atrevido en los últimos años a cuestionar el arcaico modelo farmacéutico español. Uno de ellos ha sido la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, quien, en un duro informe publicado en 2015, cuestiona las ineficientes y arbitrarias regulaciones del sector. El organismo concluyó que dichas trabas están dirigidas a favorecer "los intereses privados de los farmacéuticos titulares de oficinas de farmacia que, gracias a estas restricciones, no se enfrentan a la competencia de otras oficinas de farmacia y perjudica a los pacientes, que podrían obtener beneficios en forma de mayor calidad del servicio, menor distancia recorrida para la obtención del medicamento o menor precio de los medicamentos no sujetos a prescripción médica, si hubiera competencia entre los distintos establecimientos".
Desde la publicación del mencionado estudio, la CNMC ha continuado analizando la cuestión, y en enero de 2021 anunció que comenzaba una consulta pública sobre la comercialización y distribución de medicamentos. En los próximos meses, se espera que el organismo publique sus conclusiones y tome las medidas que considere oportunas, que podrían allanar el camino hacia una liberalización de la venta de fármacos. Mientras tanto, Competencia se ha posicionado en contra de que las farmacias tengan el monopolio en la venta de test covid y avisa de que revisará el control de precios aprobado por el Gobierno.
Otro modelo es posible
La evidencia empírica apoya la tesis de que las trabas establecidas perjudican al consumidor y el buen funcionamiento de la provisión de medicamentos. Trabajos como el desarrollado por Borrell y Fernández-Villadangos han evaluado los efectos perniciosos de las regulaciones de entrada en las farmacias españolas. Los autores calcularon que estas reducían artificialmente en un 71% el número de establecimientos en Andalucía y un 36% en el País Vasco.
En otro de los estudios más destacados, Schaumans y Verboven corroboraron que las restricciones de entrada en el sector reducían en más de la mitad el número de farmacias en Bélgica e incluso contribuía a que disminuyera el número de facultativos.
Como alternativa, destacan modelos exitosos de sistemas farmacéuticos liberalizados fuera de España, como el de Suecia, Dinamarca, Suiza, Holanda o Reino Unido, entre otros, los cuales han logrado compatibilizar la salud pública con una regulación flexible.
Incluso, en nuestro país, Navarra apostó desde el año 2000 por un modelo mucho más flexible, basado en una normativa de mínimos. Como resultado, la región experimentó en los siguientes años un espectacular incremento en el número de boticas, destapando así las vergüenzas de la artificial restricción que el resto de las comunidades ejercen sobre la apertura de farmacias. Como contrapartida, la mayor competencia ha llevado a que los establecimientos en la región hayan visto estancada su rentabilidad.
También, aunque menos ambiciosa, la Comunidad de Madrid prepara su propia liberalización del sector, con medidas como flexibilizar los horarios de apertura o permitir la dispensación a domicilio.
Por último, algunos investigadores abogan por establecer soluciones intermedias entre el arcaico modelo español y mercados muy liberalizados como el británico. Así, en pro de la eficiencia y el buen servicio al ciudadano, podrían compaginarse criterios como la liberalización de la propiedad, unos correctos sistemas de incentivos y la libertad de precios (como en Reino Unido) junto con el establecimiento de ciertos criterios geográficos y demográficos para la apertura de farmacias (como en España).
