El Tribunal de Cuentas estima que el coste real del "rescate" financiero aprobado durante la pasada crisis económica ascendió a 101.000 millones. Dos tercios de dicho coste obedecen a las inyecciones de capital canalizadas mediante diversos mecanismos especiales como el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) o el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), mientras que el resto obedece a la deuda de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), también conocida como el "banco malo".
Pero vayamos por partes para entender mejor cómo se cuantifican las ayudas concedidas hace ya una docena de años. En primer lugar están las inyecciones de dinero público aportadas a las diversas entidades financieras. Una parte de ellas se habilitaron a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB):
- Bankia + BMB: 24.069 millones de euros.
- Catalunya Banc: 12.599 millones.
- Novacaixagalicia: 9.404 millones.
- Banco de Valencia: 6.103 millones.
- CEISS: 1.559 millones.
- CajaSur: 1.192 millones.
- Banca Cívica: 977 millones.
- Caja 3: 407 millones.
- Banco Gallego: 245 millones.
- Liberbank: 124 millones.
El resto de las ayudas se desembolsaron a través del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), articuladas del siguiente modo:
- CAM: 12.474 millones de euros.
- CCM: 4.215 millones.
- UNNIM: 2.905 millones.
- Catalunya Banc: 1.270 millones.
- Novacaixagalicia: 946 millones.
El impacto de la "SAREB"
El coste público no recuperado del "rescate" ascendería a 45.344 millones en el caso del FROB y a 21.295 millones en el caso del FGD. Sin embargo, el Estado también facilitó una tercera vía de ayudas al sector bancario con la creación del llamado "banco malo", al que las entidades transfirieron activos inmobiliarios especialmente dañados.
En este caso, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) se encargó de "aguantar" tales activos en cartera y liquidarlos con el paso del tiempo, conforme van surgiendo oportunidades de venta que parecían imposibles en pleno "pinchazo" de la "burbuja" inmobiliaria. Esto ha hecho que la deuda del "banco malo" haya pasado de 50.781 millones en 2012 a 34.918 millones en 2020.
Por lo tanto, el agujero del sector financiero que dejó la mala gestión y la nefasta supervisión de la Era Zapatero, y que fue preciso cubrir con cargo al erario público, ascendería a 101.557 millones de euros, con datos a cierre de 2020.
En el periodo 2023-2027 podríamos ver cómo esta cifra se reduce por dos vías: la primera es la venta del 16,11% de las acciones de CaixaBank, controladas por el Estado a raíz de su anterior participación en Bankia y valoradas en 3.000 millones (con 2023 como año límite); la segunda es la liquidación de los activos de SAREB pendientes de venta (con 2027 como año límite).