El ministro de Consumo, Alberto Garzón, el admirador del país que levantó el Muro de Berlín para evitar que la gente huyera rumbo a la libertad, dio una entrevista al periódico inglés The Guardian. En la misma, opinó a favor de la ganadería extensiva y criticó la ganadería intensiva. En su crítica dijo: "Las macrogranjas se instalan en áreas despobladas de España y ponen 4.000, 5.000 o 10.000 cabezas de ganado; contaminan el suelo, el agua y luego exportan carne de poca calidad de animales maltratados".
Como es lógico, los ganaderos se defendieron de tal ataque. El ministro Garzón alegó que él había elogiado la ganadería extensiva por ser "ambientalmente sostenible". La portavoz del gobierno dijo que el ministro había hablado "a título personal".
Más allá de que un ministro no puede hablar "a título personal" (menos aun cuando da una entrevista a un periódico global), el asunto tiene varias derivaciones. La primera: que un ministro hable mal en el exterior de los empresarios y de los productos de su propio país debería ser motivo de destitución inmediata. Otra: el gobierno se llena la boca hablando del problema de la despoblación que afecta a algunas partes de España, pero no duda en criticar una actividad que se desarrolla precisamente allí, que es donde más se necesita.
En cualquier caso, el verdadero problema es otro. El problema es que España tenga ministros que opinen en contra de actividades productivas lícitas, que pretendan decir a las empresas cómo deben hacer su trabajo y que nos digan qué cantidad de carne o azúcar debemos comer o cómo deben ser los juguetes de nuestros hijos.
El intervencionismo que padecemos llega a tales extremos que en esta España sanchista-leninista no alcanza con cumplir la ley: es necesario también actuar conforme a las fobias y prejuicios ideológicos de los ministros de turno. ¿Acaso esas macrogranjas no cumplen con todos los permisos, licencias y controles que se les exigen? ¿No pagan todos los impuestos que se les cobran? Si cumplen con todas las normas, ¿con qué derecho un ministro se coloca por encima de la ley para decir qué cosa está bien o está mal?
El problema no es de los ganaderos. Hoy son ellos los que sufren un ataque, pero ayer fueron las casas de apuestas, los fabricantes de bebidas azucaradas y los productores de juguetes, entre otros. Mañana puede ser cualquier otra actividad lícita que no se adapte a los gustos y fobias del ministro. Un ministro que, pese a haber prometido "guardar y hacer guardar la Constitución" al asumir su cargo, ilustra su cuenta Twitter con un "horizonte república". Esa es una buena muestra de la degradación institucional que el gobierno de Pedro Sánchez está provocando en España: mientras se promete cumplir la Constitución, se trabaja día a día para abolirla.
El 19 de septiembre de 2019 el Parlamento Europeo aprobó una resolución que, con toda razón, equipara las ideologías nazi y comunista como totalitarismos contrarios a los valores europeos. Entre otras cosas, tal resolución recuerda que los "regímenes nazi y comunista cometieron asesinatos en masa, genocidios y deportaciones" y condena "toda manifestación y propagación de ideologías totalitarias, como el nazismo y el estalinismo, en la Unión Europea".
Pedro Sánchez sentó al comunismo en el Consejo de Ministros. No hay más preguntas, Señoría.