Los funcionarios de prisiones están hartos de advertir al Gobierno de que "la situación está a punto de llegar al colapso" y ya amenazan con nuevas movilizaciones si el Ejecutivo no aprueba de una vez por todas la nueva Ley de Función Pública Penitenciaria. Así lo adelanta a Libertad Digital el portavoz del sindicato CSIF en la materia, Jorge Vilas, que lamenta que, a pesar del tiempo que llevan trabajando en ella, en estos momentos "se encuentra paralizada".
El pasado mes de noviembre, el propio Vilas protagonizó un encierro en la sede de Instituciones Penitenciarias, junto a su homólogo de ACAIP-UGT, José Ramón López, para reclamar una mejora de las condiciones laborales de los trabajadores y una modernización urgente de la institución.
Una ley anticuada
"Ahora mismo estamos trabajando con normativa que, en algunos casos, es hasta de la época franquista. Nuestra Ley Orgánica, la que nos rige, fue la primera ley de la democracia y todavía tiene artículos vigentes del año 81, a pesar de lo que han avanzado la sociedad y la delincuencia -advierte el portavoz de prisiones de CSIF-. Estamos desprotegidos".
Precisamente por eso, Vilas hace un nuevo llamamiento al Gobierno para adaptar la ley "a los nuevos perfiles delictivos" y, muy particularmente, a "la ciberdelincuencia y la lucha contra el terrorismo yihadista", ya que, en estos momentos, ofrece grandes ventajas a los criminales.
El peligro de no reformarla
Entre los muchos ejemplos que maneja el sindicato, hay uno especialmente significativo: aunque los móviles están prohibidos en las cárceles, los presos que infringen esta regla únicamente se exponen a una "sanción administrativa, que puede consistir en una privación de paseos. Es decir, que no salgan por la tarde al patio y se tengan que quedar en las celdas. Con lo cual, a algunos de ellos hasta les gusta, sobre todo en invierno, que hace frío".
La normativa carece así de carácter disuasorio, por lo que muchos delincuentes no tienen problema en arriesgarse. De esta forma, "el que dirige una red de tráfico de drogas, lo puede seguir haciendo desde dentro de la prisión" y el maltratador que tiene una orden de alejamiento, por ejemplo, "puede seguir en contacto con la mujer a la que ha pegado".
Faltan medios, personal y criterio
Junto a la reforma de todos estos puntos, los sindicatos reclaman una actualización de los medios que pueden usar para mantener el control en las prisiones y que, según denuncian, están completamente desfasados. "Las pistolas eléctricas evitarían tanto las agresiones a los funcionarios como a los propios internos y, sin embargo, no están autorizadas. Estamos trabajando con medios del siglo pasado", lamenta Jorge Vilas.
La falta de personal tampoco ayuda: "Para que te hagas a la idea, son casi 4.200 los trabajadores que faltan hoy en día en las prisiones españolas, entre funcionarios y personal laboral. Así no se puede garantizar la seguridad". Ni la seguridad, ni la reinserción. "Tenemos que prepararles para cuando lleguen a salir en libertad y, sin personal, no podemos realizar estas labores - advierte el portavoz de CSIF-. Los gobiernos de turno siempre han pensado que cuanto menos se sepa de esta situación, mejor para todos, pero la realidad es que los presos un día salen de la cárcel queramos o no y, si no hacemos bien nuestra labor, luego vemos los casos de reincidencia que tenemos".
Con todo, CSIF denuncia que "el deterioro de la administración penitenciaria es cada vez más evidente y consecuencia de la política que se está llevando a cabo por los máximos responsables de Prisiones", a quienes acusa, además, de tomar muchas decisiones "en contra del criterio del trabajador que conoce realmente al interno". De hecho, Jorge Vilas recuerda que, según ha reconocido el Gobierno a una pregunta que el PP había planteado en el Congreso, hay "más de 1.000 situaciones en las que los órganos directivos habrían cambiado este tipo de criterio".
Marlaska, el ministro ausente
A pesar de las más que evidentes desavenencias, los funcionarios de prisiones lamentan que, al igual que sucede con otros colectivos que dependen de Interior, la relación con el ministro Marlaska es prácticamente inexistente. "Llevamos meses pidiéndole una reunión y, de momento, ni siquiera tenemos noticias", lamenta.
Así, el mensaje que el portavoz de CSIF envía al Gobierno es muy conciso: "Hemos sido claves en la lucha contra ETA, estamos siendo claves en la lucha contra el terrorismo yihadista y tenemos una labor que la sociedad debe de valorar. Y eso es tarea, en primer lugar, del propio Gobierno, porque, al final, los presos volverán a salir en libertad y nuestra obligación y la suya es que vuelvan preparados para vivir conforme a la ley. Sin medios materiales ni humanos, eso no es posible".