El Gobierno del PSOE con Unidas Podemos siempre han tenido en el punto de mira a las sociedades de inversión de capital variable, más conocidas como sicavs. Ambos grupos justifican su animadversión contra estos vehículos con la falacia de que son usados por los grandes patrimonios para defraudar a Hacienda debido a que tributan un 1% sobre el Impuesto de Sociedades. A pesar de que, una vez que el dinero invertido es reembolsado a la cuenta de los partícipes, tributan como cualquier otra inversión. Esto es, con tipos que van del 19% al 23% en función de los beneficios logrados.
Pese a ello, la nueva ley antifraude que ha entrado en vigor este 2022 obligará a cerrar el 80% de estos vehículos de inversión al no poder cumplir con los nuevos requisitos exigidos. Y es que, a partir de ahora se reforzará el control sobre estas sociedades obligando a cumplir con un requisito de inversión mínima por partícipe de 2.500 euros, que antes no existía. O de 12.500 si es por compartimentos. Todo ello ha llevado a que sólo en la primera mitad de 2021, antes de la entrada en vigor de la nueva norma, se hayan disuelto el 10% de las sicavs llegando a las 2.339, el nivel más bajo desde 2001.
Hasta ahora, los requisitos mínimos era el de contar con un capital mínimo de 2,4 millones y 100 partícipes. Los detractores de estos vehículos de inversión argumentaban que en muchas ocasiones, las sicavs estaban formadas por grupos de menos de 10 socios y los otros 90 eran partícipes que solo figuraban sin tener participación, conocidos coloquialmente como ‘mariachis’. Sin embargo, con esta nueva norma, todos los partícipes deberán contar con una inversión mínima de 2.500 euros.
Lo que no quiere ver el Gobierno
Sin embargo, desde Inverco explican que las SICAV españolas tienen un claro sesgo inversor hacia los activos domésticos, invirtiendo casi un tercio de su patrimonio (30.832 millones de euros) en activos españoles, cuando el peso de España en los índices mundiales no supera el 2%. Además, son gestionadas, custodiadas, asesoradas, auditadas y distribuidas por entidades en su mayoría españolas, cuya actividad, unida a la tributación de sus accionistas, genera unos ingresos fiscales que se estiman en 340 millones de euros anuales. Contribuyen, asimismo, junto con los restantes vehículos de inversión colectiva, a la generación directa e indirecta de más de 30.000 puestos de trabajo de alta cualificación.