Los opositores de turno libre continúan en pie de guerra contra el proyecto de ley que privilegia a los interinos. Muchos de ellos llevan años dejándose literalmente la piel para conseguir una plaza que les permita tener ciertas garantías de futuro y no están dispuestos a que el ya bautizado como ‘Icetazo’ -en honor al exministro de Función Pública- les obligue a tirar por la borda todo lo que han sacrificado.
El texto, que ya ha recibido el visto bueno del Congreso de los Diputados, pretende reducir la temporalidad del sector público permitiendo a todos los interinos anteriores a 2016 acceder a una plaza fija a través de un simple concurso de méritos.
Estudiar ya no sirve
Para el resto, se abrirá un concurso-oposición, pero de carácter no eliminatorio. Es decir, que los interinos ni siquiera necesitarán aprobar el examen. Así, según denuncian los afectados, la reforma dificultará aún más si cabe el acceso de los nuevos opositores, que ya se enfrentan en estos momentos a un baremo 60/40: el examen tiene un peso del 60% en la puntuación final, y los méritos, un 40%.
Se trata de un baremo superior al avalado por el Tribunal Constitucional (70/30) y que, tal y como defienden, hace que actualmente ya haya muchos opositores que, incluso sacando puntuaciones muy elevadas, se queden sin plaza. "Yo conozco a gente en Justicia que, con un 89 o un 92 sobre 100 en el examen, se ha quedado fuera. Ahora va a ser peor, así que va a ser imposible", lamenta Inés Sánchez, miembro de la plataforma en Defensa del Turno Libre.
Los afectados advierten, además, de que este "despropósito" de ley permitirá acceder a una plaza fija a trabajadores públicos que accedieron a su puesto sin ni siquiera someterse a un examen en su día, ya que, tal y como explica Inés, "entraron hace muchos años a través del SEPE cuando nadie en España quería ser funcionario porque la economía iba muy bien".
Este privilegio no sólo indigna a los opositores, sino que también enfada a los funcionarios que han conseguido su plaza con esfuerzo y que, además, se verán perjudicados a la hora de acceder a las plazas de promoción interna. "Hay mucho enfado, porque la plaza por oposición cuesta mucho sacarla", argumenta Inés, hija de dos funcionarios de carrera a los que "nadie les ha regalado nada".
Un "perverso ataque" a la Constitución
El Gobierno se ha venido escudando en el mandato europeo que obliga a reducir la temporalidad en el sector público. Sin embargo, la plataforma en Defensa del Turno Libre recuerda que, en ningún momento, se dice que haya que hacerlo de esta manera e insiste en que cualquier solución debe respetar nuestro ordenamiento jurídico. "¿Qué opinará Europa de este engendro de proyecto de ley?, se pregunta en un durísimo comunicado hecho público hace unos días.
En él, la plataforma acusa al Gobierno de perpetrar "un perverso y malicioso ataque" a la Constitución Española, al discriminar "sin miramientos" a miles de españoles, vulnerando "de continuo" los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público. "Se están vulnerando los Derechos Fundamentales, derechos que nos quiere arrebatar el Gobierno en pro de sus intereses partidistas", reza el escrito, que recrimina al Ejecutivo que actúe con un único objetivo: "Perpetuarse en el poder a través de votos agradecidos".
Las excusas del Gobierno
Según denuncia, el PSOE ni siquiera ha accedido a reunirse con ellos. Sí lo ha hecho Podemos, aunque sus argumentos son los mismos que la otra pata del Gobierno les ha hecho saber por otras vías. "Yo les pediría que no nos mientan, que no nos traten como tontos. ¿De qué me sirve que me digan que van a salir muchas plazas si el concurso-oposición, en la fase de oposición, no es de carácter eliminatorio o que me digan que me espere a que se jubilen otros? ¿Usted se cree que a mí me consuela eso?", se pregunta retóricamente Inés.
La joven desconfía, además, de las plazas prometidas para aplacar las protestas. "A los interinos también se les podría haber indemnizado como a cualquier trabajador de la empresa privada, pero si no hay dinero para eso… ¿Lo va a haber para convocar con la crisis que viene? Lo que no se puede hacer es tratar a la gente como si fuera tonta y menos a los que estamos estudiando y entendemos de leyes. Son unas contestaciones que no son serias", lamenta indignada.
Los reproches a la oposición
Los reproches de la plataforma en Defensa del Turno Libre, sin embargo, van más allá del Gobierno, ya que no entienden por qué los grupos de la oposición no plantean un recurso de inconstitucionalidad. Vox es el único partido que está estudiando esta posibilidad, aunque no con el fin de que el examen sea eliminatorio para todos, que es precisamente lo que ellos piden.
El PP, por su parte, se ha comprometido a ayudarles por otras vías, mientras que Ciudadanos parece haberse puesto de perfil. "No entendemos por qué Edmundo Bal ni siquiera se reúne con nosotros. Dice que son un partido muy pequeño, que no tienen recursos y que son muy pocos, pero es que a mí eso no me sirve de excusa", denuncia Inés.
El silencio de los sindicatos
Sin embargo, los partidos políticos no son los únicos que le han decepcionado. También lo han hecho los sindicatos. "El Sindicato de Estudiantes no nos quiere apoyar y me parece muy fuerte -explica indignada-, porque se supone que están para proteger nuestros derechos. Si no, que se busquen otro nombre".
La joven denuncia la paradoja que supone que en sus redes sociales se dediquen a colgar todo tipo de proclamas políticas que nada tienen que ver con ellos y que, cuando los estudiantes realmente les piden ayuda, no respondan como debieran: "Estamos ya hartos, de verdad. Es una vergüenza".
Con su ayuda o sin ella, sin embargo, los más de 3.500 opositores que forman la plataforma en Defensa del Turno libre prometen seguir dando la batalla, porque están convencidos de que tanto la Constitución Española como la propia Declaración Universal de Derechos Humanos les amparan. No en vano, tal y como recuerda Inés, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha rechazado recientemente convertir en funcionarios a tres interinos de larga duración al considerar que tal asimilación vulneraría "frontalmente el derecho fundamental a acceder en condiciones de igualdad a la función pública".