Por cuatro décadas, la Junta de Andalucía fue la institución de referencia para la izquierda española. En clave fiscal, el monopolio del PSOE en el poder autonómico de la región sureña se tradujo en un modelo caracterizado por los impuestos altos. Ese paradigma no se ha derrumbado por completo, pero las cosas han cambiado mucho en los últimos años.
Desde que el PP preside la Junta, en el marco de un gobierno de coalición junto a Ciudadanos y con el apoyo parlamentario de Vox, el modelo impositivo vigente en Andalucía ha experimentado una mejora notable, a raíz de diversas rebajas impulsadas por el presidente autonómico, Juanma Moreno, y encauzadas por el consejero del ramo, Juan Bravo.
Los resultados de las reducciones impositivas de Juanma Moreno ya se han hecho notar. El Índice Autonómico de Competitividad Fiscal, publicado por Fundalib, sitúa a Andalucía en el séptimo lugar del ranking que ordena los diecisiete territorios autonómicos españoles. Por comparación, si echamos la vista atrás y nos remontamos a la época de gobierno socialista, encontramos que Andalucía figuraba en el puesto número 16 de la tabla.
Una de las consecuencias positivas que se derivan de esta apuesta es el progresivo ensanchamiento de las bases imponibles. Como sugiere la teoría de la economía de oferta, con autores de cabecera como Arthur B. Laffer, es posible mejorar la recaudación con impuestos más moderados, puesto que el aumento de la actividad que habilitan las reducciones de la presión tributaria hace que la producción crezca y, en última instancia, empuja al alza los caudales públicos, por mucho que el peso relativo de los tributos haya caído.
En este sentido, el consejero de Hacienda de la Junta, Juan Bravo, ha presentado recientemente un informe en el que muestra que Andalucía ha aumentado su base de contribuyentes en 280.000 personas. La mejora, producida entre 2019 y 2020, coincide con las rebajas de impuestos puestas en marcha por el gobierno de Moreno y se da, además, a pesar del duro impacto económico que ha tenido la pandemia del coronavirus, que redujo un 10,3% el PIB andaluz.
Juan Bravo ha explicado que el incremento de la recaudación se da "no a pesar de bajar impuestos, sino gracias a la reducción de los mismos". En paralelo, "la simplificación administrativa" y la "eliminación de trabas burocráticas" han sido identificadas por el consejero del gobierno andaluz como otras palancas que han contribuido a dar "credibilidad" a la política fiscal del primer gabinete no socialista que ha conocido la región en democracia.
En el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, la mejora experimentada en la base de contribuyentes ha contribuido a elevar en 150 millones de euros los ingresos fiscales. Si, además, se tiene en cuenta la reducción de la economía sumergida, se considera la llegada de trabajadores residentes en otros países o comunidades autónomas y se toma en consideración la creación de empleo ocurrida durante el periodo analizado, encontramos que la subida recaudatoria asciende a 850 millones de euros.