Como la mayoría de los sectores de la economía, la industria de la alimentación ha vivido una época extremadamente convulsa durante la pandemia. Eso sí, gracias al aumento del consumo en los hogares, esta actividad no se encuentra entre las más damnificadas por el coronavirus. De hecho, la trágica pandemia ha servido para poner en valor algunas de sus fortalezas, como su destacada eficiencia logística y de distribución.
"La industria ha resistido mejor que otros sectores, pero su capacidad de crecimiento se ha visto truncada por las restricciones sobre la hostelería y otras fuentes importantes de consumo, como es el turismo. Poco a poco, el consumo ha ido recuperando fuerza y no estamos lejos de volver a los niveles prepandemia", señalan desde la patronal de alimentación y bebidas (FIAB) a Libre Mercado. "Pero es necesario que, para asegurar la recuperación económica, se propicien medidas proporcionadas, de estabilidad e impulso económico para las empresas", añaden.
Este último matiz de FIAB está cargado de significado, aunque no lo parezca. Y es que, hay varios nubarrones que se ciernen sobre este sector clave debido al intervencionismo gubernamental. Uno de los principales es la fiscalidad y así lo avisa la propia patronal. "La industria precisa de medidas que incentiven la actividad, evitando cualquier aumento de la presión fiscal, entre otros. Esto también atañe a la fiscalidad verde y a la legislación que viene en materia de sostenibilidad, donde es preciso que se cuente con la opinión de todos los implicados para buscar soluciones sostenibles que no hagan perder competitividad a las empresas", reclaman.
"Fiscalidad verde", la mejor excusa para subir impuestos
La llamada "fiscalidad verde" o la que tiene "criterios de sostenibilidad" amenaza con convertirse en un coladero para justificar la imposición de todo tipo de tributos a empresas y ciudadanos. Desde la subida de los impuestos al diésel hasta la del Impuesto de Matriculación pasando por el nuevo Impuesto a los envases de plástico no reutilizables, que es el que hace temblar al sector de alimentación y bebidas. Eso sí, de llegar a implantarse, el que acabará pagando el tributo es el consumidor final.
Ya con los Presupuestos de 2021, el Gobierno de Sánchez se propuso recaudar 491 millones de euros al año con su puesta en marcha, aunque pospuso esta cifra a 2022 y todavía sigue tramitando la aprobación del impuesto a los plásticos. La idea inicial es que este tributo grave 0,45 euros cada kilogramo de envase de plástico.
Y ahora, el Impuesto a los ultraprocesados
Pero esta no es la única figura tributaria que amenaza a la industria de la alimentación nacional. Recientemente, la líder de los comunes en Cataluña, Jéssica Albiach, anunció que uno de los requisitos para aprobar los Presupuestos regionales de 2022 era la puesta en marcha de un impuesto a los alimentos ultraprocesados.
Albiach no dio muchos detalles sobre el funcionamiento de este nuevo tributo autonómico. Eso sí, como viene siendo habitual cada vez que un político anuncia un impuesto, no dudó en asegurar que su medida no tenía afán recaudatorio, sino que lo que pretendía era "cambiar los hábitos" de la sociedad y prevenir problemas como la obesidad infantil. A renglón seguido, Albiach aseguró que el dinero recaudado iría destinado a "proteger a los pequeños productores" y el mercado de proximidad, unos difusos conceptos para hacer esa discriminación entre las empresas. Además, también aseguró que este tributo "no afectará al bolsillo del consumidor, sino al de los productores", una promesa imposible de cumplir.
¿Referente estatal?
Entre las empresas que fabrican los productos que pasan por procesos industriales reina la inquietud y el desconcierto con este nuevo anuncio. En primer lugar, "no existe un criterio único, homogéneo y que cuente con el consenso de la comunidad científica para el término ultraprocesado" aseguran en FIAB, por lo que ya habría discusión sobre el término. "Por otra parte, y en términos generales, está probado que los impuestos carecen de efecto en la modificación de hábitos de consumo y no corrigen problemas con implicación de multitud de factores, como es el caso de la prevención de la obesidad y el sobrepeso. Estas medidas fiscales muestran un efecto recaudatorio y afectan en mayor medida a las rentas más bajas" se defiende la patronal.
No es la primera vez que FIAB hace unas declaraciones similares porque no es la primera vez que se plantea un impuesto a los ultraprocesados o la "comida basura". De hecho, el último en plantearlo fue el ministro de Consumo, Alberto Garzón, lo que causó un gran revuelo entre la industria alimentaria y las cadenas de comida rápida.
Desde prácticamente su llegada al Ministerio de Consumo, en enero de 2020, Garzón evaluó subir el IVA de estos productos no considerados saludables del 10% al 21%. Finalmente, el Gobierno de Sánchez e Iglesias no llevó a cabo esta idea, aunque sí decidió subir el IVA del 10% al 21% a los refrescos (aunque no tuvieran azúcar) para recaudar 375 millones de euros este año.
Curiosamente, fue el Gobierno catalán el primero en introducir la tasa a los refrescos varios años antes, un impuesto que llegó a los tribunales por sus indicios de inconstitucionalidad. Ahora, Cataluña se convierte en pionera en dar forma al impuesto a los ultraprocesados. ¿Volverá el Gobierno a imitar a este infierno fiscal? Teniendo en cuenta lo que le gustaría al ministro de Consumo esta idea, no sería nada descabellada.
Otra de las últimas afrentas del Ministerio de Consumo a la industria alimentaria procesada es la prohibición de la publicidad de bollos, galletas o zumos en horario infantil. En el sector la indignación también es máxima, ya que, según afirman, Garzón anunció la prohibición por sorpresa cuando llevaba "más de un año trabajando" en el asunto con los fabricantes de estos productos.
