El malestar entre los empresarios por el acuerdo anunciado por parte de los "agentes sociales", sindicatos y patronal, con el Gobierno para retocar la reforma laboral de 2012, se debate entre la decepción y la aceptación de un mal menor.
Hay que recordar que las patronales madrileña y catalana, CEIM y Foment, se desmarcaron del acuerdo y también lo hicieron Anfac y la agroalimentaria ASAJA, es decir, los sectores agrícola y del automóvil.
Además, otras federaciones, como la murciana decidieron no tomar la palabra y abstenerse como forma de protesta y la patronal de la pequeña y mediana empresa madrileña, Cepyme, no quiso mostrar una poyo explícito al acuerdo.
Según fuentes asistentes a ese cónclave consultadas por Libre Mercado, el sentir general fue de oportunidad perdida: "Esto es desaprovechar una oportunidad para hacer las reformas necesarias", dicen. Desde CEIM, la patronal madrileña, que se ha mostrado contraria al acuerdo, insisten en que "no podíamos aceptar esto de ninguna manera".
Aunque, consideran que "se ha logrado minimizar mucho el impacto" desde CEIM consideraban que "no podemos dar el respaldo a una reforma que no mejora en ningún punto la productividad de las empresas en España, que es nuestro principal problema para poder competir. Básicamente nos han quitado cosas y no nos han dado nada a cambio." Según dicen, los que se muestran satisfechos con el acuerdo es únicamente porque "no nos han quitado tanto" como habían dicho. El problema para CEIM, según estas fuentes es que "no le podemos presentar a las empresas un acuerdo en el que no se ha conseguido nada para mejorar su situación".
Otras fuentes presentes en la negociación entre los empresarios nos cuentan que lo acordado "no mejora la productividad ni reduce el paro", era el resumen que hacía otra de estas fuentes y que resume a la perfección los principales cambios introducidos en la reforma de Yolanda Díaz y recordaban que lo que se nos ha pedido desde Europa es precisamente que se mejoren los aspectos que permitan incrementar los incentivos a la contratación.
Desde CEIM cuentan a Libre Mercado otras claves del acuerdo: por un lado, que la ultraactividad de los convenios colectivos, se daba por perdida y "ni siquiera se ha planteado". La parte más positiva es que el artículo 41, no se toca, con lo que se mantienen las modifican las condiciones de trabajo cuando las cosas van mal y que fue uno de los grandes avances de la reforma de 2012. En cambio, el artículo 42, sobre la subcontratación, sí que se ha modificado en el sentido en el que, dependiendo de lo que se entienda por actividad esencial, las subcontratas tendrán que regirse por los convenios de la empresa contratista y no de lo que dicte su propio gremio. Por ejemplo, en un hotel que tiene subcontratado el servicio de limpieza, como se considerará que la limpieza es esencial para el negocio, esos trabajadores estarán bajo el convenio hotelero y no bajo el convenio de limpieza.
"Dependiendo de lo que se termine entendiendo por actividad esencial, esta modificación puede afectar notablemente a la actividad de una compañía", nos explican las fuentes consultadas.
El sí de la patronal
Las fuentes consultadas, pese al descontento con el acuerdo, consideran que Antonio Garamendi, como presidente de la CEOE, tenía poco margen de maniobra, ya que "las grandes empresas en España querían un acuerdo" y lo que había sobre la mesa "era mucho mejor que lo que se propuso en un primer momento y que podría incluso dejar el despido improcedente como despido nulo, lo que hubiera sido un drama para las empresas".