Suele ocurrir que, cuando gobiernan las minorías –porque… cuántos son los de Podemos–, lo que es inadmisible, porque quiebra el principio de respeto a los compromisos adquiridos, a las leyes, a las sentencias de los jueces…, se convierte en práctica diaria, para vergüenza de propios y extraños. Y esto sin importar que la materia objeto de prostitución sea liviana o algo esencial para la vida de los ciudadanos, sea el volumen de descontentos ni quiénes los afectados.
Hoy traigo a su consideración la sanidad, específicamente la asistencia sanitaria, aunque no pretenda referirme a aquellas enfermedades con mayor presencia en los medios. Por otro lado, lo habrán podido adivinar por el título, estarán presentes las opiniones conocidas, por proclamadas, de Podemos. Lo cierto es que, con la falta de rigor habitual, esta formación política, gobernante sonoro junto a un PSOE mudo, ha apostado por una asistencia sanitaria pública y sin privilegios. Entre los privilegiados no estaban los señores diputados y senadores, que con contribuciones irrisorias consiguen derechos que al pueblo le cuesta mucho conseguir.
Concretamente, el señor Iglesias (Pablo) proclamaba la necesidad de acabar con la Muface (Mutualidad de Funcionarios de la Administración Civil del Estado) por el derecho a elegir entre médicos y centros de la Seguridad Social o aquellos pertenecientes a entidades privadas concertadas con la Mutualidad. Pues bien, parece que ya estamos en camino.
Los mutualistas (funcionarios) hemos cotizado, como cualquier empleado, al presupuesto del Estado para la cobertura de nuestras necesidades sanitarias, en las condiciones establecidas para la elección. Algunas de las entidades concertadas han dejado de serlo, dada la escasa retribución de Muface por sus servicios.
¿También la Muface está en quiebra? No me extrañaría; es lo propio de lo público, y eso que cotizamos hasta los setenta años, momento de la jubilación forzosa. Pero ahora es la Muface, directamente y sin vergüenza alguna, la que restringe las prestaciones medico-asistenciales por las que el funcionario cotizó durante toda su vida activa.
Dos opciones quedan al funcionario: exponerse a una insuficiencia sanitaria que le conduzca a una muerte prematura o buscar de dónde obtener recursos para pagar los servicios en la sanidad privada, que ya pagó en la pública (Muface) con sus cotizaciones.
¿Qué haría el Estado si tal incumplimiento lo cometiera una entidad de aseguramiento privada? Hasta hoy nos han entretenido con la hucha de las pensiones –a la que todos también contribuimos–, ¿empezamos ahora con la hucha de la asistencia sanitaria? Todo tiene un nombre: mala administración.
Criticamos con frecuencia la obligatoriedad de afiliación a la Seguridad Social, y en los funcionarios al sistema de clases pasivas, pero ¿quién se afiliaría si fuera voluntaria?
Elocuentes son los estudios que muestran el ahorro del Estado por el modelo sanitario de los funcionarios, frente a su coste en el sistema de la Seguridad Social. Aunque Podemos insistirá en fulminar lo privado, que en este caso es público.