Hacienda sigue luchando sin tregua contra Xabi Alonso, al que vuelve a poner en la diana a pesar de que el ex futbolista del Real Madrid ya acumula tres victorias judiciales que, aparentemente, dejaban meridianamente claro que no ha incurrido en delito fiscal alguno. Sin embargo, esta semana ha saltado la noticia de que Alonso tendrá que defenderse una vez más, ahora de un recurso presentado ante el Tribunal Supremo.
Esta es la cuarta vez que la Agencia Tributaria recurre la absolución del deportista nacido en Tolosa. Esta vez, la fiscalía se sumará al recurso de Hacienda, tal como avanzó El Periódico de España y ha podido confirmar Libre Mercado. De modo que Xabi Alonso lidiará con un quinto proceso judicial en su contra, de nuevo con los impuestos como telón de fondo.
Todo empezó en la temporada 2015, cuando la fiscalía de delitos económicos de Madrid recibe una denuncia presentada por la Agencia Tributaria contra el hoy entrenador del equipo filial de la Real Sociedad. A Xabi Alonso se le cuestionaba su estrategia de cobrar los derechos de imagen a través de una sociedad con sede en Portugal. Su respuesta fue que todo se había declarado de acuerdo con las leyes fiscales españolas y lusas, respetando también el derecho comunitario europeo, de modo que no cabía hablar de delito fiscal. Tras escuchar al futbolista y hacer las pesquisas pertinentes, la fiscalía de Madrid indicó que no veía indicios de delito.
Sin embargo, la fiscalía general tomó cartas en el asunto y ordenó denunciar a Xabi Alonso y a su equipo de asesores fiscales. La prensa deportiva especuló entonces con la influencia que habría tenido la figura de Javier Mascherano en este giro de 180 grados. Y es que el ex futbolista argentino, que coincidió con Alonso en el Liverpool y que entonces militaba en el Barcelona, había seguido una estrategia tributaria que guardaba ciertas similitudes con la del centrocampista guipuzcoano. La diferencia fue que Mascherano optó por admitir una condena sin cárcel y pagar la multa exigida por el fisco.
El proceso iniciado entonces se extendió hasta comienzos de 2017, pero el juzgado número 40 de Madrid archivó la denuncia invocando los mismos argumentos que había empleado la fiscalía de Madrid en un primer momento, cuando optó por descartar el caso tras tomar declaración al propio Alonso y a distintas personas de su entorno.
Un año después, la Audiencia Provincial volvió a abrir el caso. Por aquel entonces, la lista de jugadores que habían aceptado una condena en conformidad era mucho más larga: además de Mascherano, se habían acogido a esta fórmula otros "cracks" como Cristiano Ronaldo, Luka Modric, Fabio Coentrao, Ángel di María, Radamel Falcao, Fabio Coentrao o Ricardo Carvalho. Algo similar ocurrió con el entrenador José Mourinho. Ante el miedo a terminar en prisión, todos estos futbolistas optaron por pagar la multa y aceptar la condena, todo a cambio de anular el riesgo de acabar entre rejas.
Pero Alonso se enrocó. Tanto él como sus asesores optaron por defenderse hasta las últimas consecuencias. Y la estrategia dio sus frutos. A finales de 2019 fue absuelto por la Audiencia Provincial, que reconoció que el futbolista vasco había constituido "una dinámica ciertamente llamativa" que le había permitido "beneficiarse de un régimen de mínima tributación", pero que añadió a renglón seguido que tales circunstancias no eran constitutivas de delito.
Poco duró la alegría. En enero de 2020 fue la Abogacía del Estado recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que insistió en la ilegalidad de la estrategia tributaria del futbolista. Al recurso se sumó también la fiscalía, que de hecho amplió la causa, al extender la investigación para abarcar hechos similares ocurridos en otras temporadas posteriores. Sin embargo, Xabi Alonso se mantuvo en sus trece y, en abril de 2021, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid procedió a absolverle. Casi de forma inmediata, la fiscalía volvió a presentar un recurso que volvió a ser tumbado por el TSJM. De modo que, el pasado verano, Alonso parecía ser, al fin, un hombre libre.
No obstante, la Abogacía del Estado presentó este otoño un nuevo recurso de la Agencia Tributaria, al que se ha adherido la fiscalía. Esta vez, será el Tribunal Supremo el que tenga que pronunciarse sobre los hechos.