Libre Mercado sigue evaluando a fondo la manera en que el gobierno de Pedro Sánchez está utilizando los fondos del "rescate" europeo. En un contexto como el actual, con la deuda pública por encima del 120% del PIB y una economía que sigue sin dar signos de recuperación, el análisis de dicho programa de gasto se antoja prioritario, puesto que los recursos comprometidos por la UE deberían servir, al menos a priori, para relanzar el crecimiento.
Sin embargo, un análisis del contenido real de los proyectos revela que, en muchos casos, los desembolsos realizados tendrán un impacto escaso o nulo en la capacidad productiva de nuestro país, puesto que más bien se trata de iniciativas ideológicas que pretenden regar de dinero público a colectivos afines al gobierno, dejando a un lado los problemas reales de la economía española.
Así, este diario ya ha sacado a la luz la campaña de autobombo que ha planteado el ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (valorada en 4 millones de euros), así como el programa con el que el ministerio de Cultura financiará las estancias en el extranjero de escritores españoles (por un monto de 1 millón de euros) o la iniciativa del ministerio de Trabajo que ligará el trabajo de los Servicios de Empleo a la "transversalidad de género" (con un coste de 3 millones de euros).
En la misma línea, cobra especial interés un Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente por el cual se ha aprobado un proyecto de inversión que también correrá a cargo del dinero solicitado a Bruselas y que tiene como objeto proceder a la "corrección de tendidos eléctricos para evitar daños en la avifauna". La idea es emplear estos recursos para proteger a los pájaros "contra la colusión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión".
En total, el acuerdo que habilita este programa de gasto financiado por los fondos europeos contempla que las Administraciones desembolsen un total de 60 millones de euros para esta iniciativa, que pretende garantizar "la conservación de la biodiversidad", así como la "restauración de los ecosistemas", en el marco del "Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia".
Los criterios empleados por el gobierno para desembolsar los 60 millones son tres: el "valor ambiental relativo a la riqueza de las especies amenazadas por la electrocución y la colisión con tendidos eléctricos", la "mortalidad asociada a estas infraestructuras eléctricas entre 2015 y 2019" y el "número de apoyos notificados por las comunidades autónomas".