El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha asestado este miércoles importantes varapalos a España, y más concretamente, al Gobierno de Sánchez. El primero, no sorprende a nadie, ya que consiste en un recorte sustancial de sus expectativas de crecimiento para la economía española en 2021 y 2022, reduciendo la expansión esperada del PIB este año al 4,6% desde el 5,7% anticipado el pasado mes de octubre.
Malas noticias también para el ejercicio 2022, cuando prevé que el rebote de la actividad se limite al 5,8%, seis décimas por debajo de lo esperado anteriormente.
Según las conclusiones preliminares del personal técnico del FMI tras su visita a España para la elaboración del "Artículo IV", la economía española sigue recuperándose de la profunda recesión causada por la pandemia, con una contracción del PIB del 10,8% en 2020, si bien la producción permanece aún por debajo del nivel anterior la pandemia, en parte debido al impacto persistente de la pandemia en los sectores de contacto personal intensivo y a los cuellos de botella en las cadenas de suministro global.
Con este veredicto, las previsiones de la misión del FMI a España se aproximan a las recientemente publicadas por el Banco de España, que augura un crecimiento del 4,5% este año y del 5,4% el siguiente, alejándose del cuadro macro del Gobierno, que mantiene la previsión de un crecimiento del 6,5% en 2021 y del 7% en 2022. El área económica del Ejecutivo no puede ser más optimista.
Inflación
En cuanto a la evolución de los precios, la misión del FMI considera probable que el nivel general de inflación siga siendo elevado a principios de 2022 debido a los altos precios de la energía y las alteraciones en las cadenas de suministro, pero confía en que se modere en el segundo semestre del año a medida que se disipen estos factores.
En este sentido, advierte de la importancia de que las negociaciones salariales continúen internalizando la naturaleza transitoria de los motores actuales de la inflación y eviten un círculo vicioso de mayores salarios que conduzcan a una inflación mayor.
En cualquier caso, los técnicos del Fondo subrayan que la incertidumbre en torno a las perspectivas es alta, y la evolución de la pandemia sigue siendo uno de los principales riesgos, sobre todo si las vacunas resultan ser menos eficaces ante las nuevas variantes, mientras que el ritmo de la recuperación también dependerá de la duración y la magnitud de los trastornos en las cadenas de suministro.
Inquietud con las pensiones
Por el lado de las pensiones también hay dudas. La preservación de la sostenibilidad de las cuentas públicas de España requiere de esfuerzos adicionales para contrarrestar las presiones del gasto en pensiones, según el FMI. "En su fase inicial, la reforma de las pensiones ha priorizado la aceptabilidad social y la suficiencia, pero persiste la inquietud sobre la sostenibilidad en caso de que no se implementen medidas adicionales", advierten los técnicos de la institución.
En su análisis, destacan que la actual propuesta de reforma contempla la indexación de las pensiones de forma permanente al IPC y la revocación desde 2021 del factor de sostenibilidad, lo que aumentaría el gasto anual en pensiones un 3,5% del PIB de aquí a 2050, comparado con la implementación completa de la legislación anterior.
Asimismo, se prevé que parte del aumento se vea compensado por otras medidas propuestas en la primera fase de la reforma, como la introducción de incentivos para elevar la edad efectiva de jubilación y el aumento temporal de las cotizaciones a la Seguridad Social.
En este sentido, la misión del FMI subraya que "preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas requiere esfuerzos adicionales para contrarrestar las presiones del gasto en pensiones, lo cual también ayudaría a dar una señal del compromiso de las autoridades con la responsabilidad fiscal".
Aviso a Díaz
Para el FMI las principales prioridades en materia de políticas laborales en España consisten en abordar la dualidad del mercado laboral, mejorar la flexibilidad y la movilidad laboral, y mejorar la eficacia de las políticas activas de empleo. A su vez, defienden que las reformas del sistema de negociación colectiva deben apuntar a preservar la flexibilidad, por ejemplo, permitiendo acuerdos a nivel de empresas con parámetros amplios fijados a nivel sectorial, la línea contraria que pretende seguir Yolanda Díaz, que quiere dar más poder a los sindicatos haciendo que prevalezca del convenio sectorial sobre el de empresa.