Quizá exagerando la cuestión, al despertar cada mañana, descubrimos una proliferación de procesos negociadores, de especies distintas, que abarcan objetos diversos, no sólo productivos, que comprometen intereses múltiples.
El primer resultado visible de tales procesos, sí o sí –como dicen ahora los cursis–, es el volumen de horas de trabajo perdidas, bien porque se utilicen como instrumento micro de presión, bien por el objetivo macro de colectivizar los problemas.
Ante la frecuencia de las mencionadas negociaciones –y sus huelgas o manifestaciones–, se me plantean dos cuestiones: la primera, quién puede negociar y, la segunda, sobre qué negociar y con qué límites. La primera es de más fácil respuesta –por lo unívoco de su contenido–, pero la segunda no desmerece en importancia respecto a la primera, por lo que el orden no afectará a su contenido.
En cualquier imaginario negocio jurídico, los legitimados per se para negociar sus condiciones son aquellos que tienen algo que ganar o que perder en los resultados de la negociación; en una relación laboral, son dos: el trabajador y el empresario. Pero también son dos en la negociación de los Presupuestos, en la de las pensiones, etc.
Tomando la primera, la laboral, ¿qué hacen en la negociación los sindicatos y los miembros del Gobierno, si no se juegan nada, pues incluso su sueldo es ajeno a lo que se negocia?
Alguien, recordando el siglo XVIII, justificará su presencia por la protección del débil trabajador frente al opulento capitalista. Eso dejó de ser cierto, si lo fue alguna vez, desde que la inversión por trabajador supera los cincuenta millones de euros, que pueden perderse dependiendo de los llamados débiles.
Es innegable que, cuando negocian los que tienen algo que ganar o que perder, el resultado se consigue con rapidez y equilibrio de intereses. Y es que son los únicos que saben de qué hablan.
La segunda cuestión planteada se circunscribe a sobre qué se puede negociar. Evidentemente, hay temas innegociables, como el derecho a la vida, al honor, a la dignidad, a la seguridad, a la intimidad… Nadie discutiría negociar sobre salarios, esfuerzo y horarios laborales, higiene y seguridad… siempre que se realizase entre legitimados para negociar.
No debe negociarse, por ejemplo, la sustitución del empresario privado –el capitalista– por el Estado –más capitalista–; además, contraviene el derecho a la propiedad privada y a la libertad de iniciativa empresarial.
Además de esos procesos, viciados en fondo y en forma, está la propia intervención pública. Ahora, tras un caro Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), sin apenas resultado para los parados, el señor Sánchez pretende crear la Agencia Española de Empleo, para controlar los procesos de selección de personal en las empresas. Sin embargo, convierte a interinos en fijos.
¿Debe tal agencia entrar en los méritos, competencias, capacidades, actitudes… de los candidatos a un puesto de trabajo? Por su interés, el empresario seleccionará al mejor; no lo duden: con ello va el futuro de la empresa.