España experimentó en 2020 la mayor caída económica de toda la OCDE. En 2021, el "rebote" de la producción ha sido tan decepcionante que el PIB sigue un 6% por debajo de los niveles previos a la pandemia. De hecho, al ritmo actual, la recuperación de los niveles de actividad observados a finales de 2019 no será una realidad hasta bien entrado 2023.
Ante semejante panorama, lo lógico sería que las principales centrales de trabajadores, UGT y CCOO, asumiesen que no es el momento de exigir grandes subidas de los salarios. No en vano, los indicadores de productividad están en números rojos y, en el tercer trimestre del año, experimentaron una caída del 3,3% en términos anuales.
El precedente de la Gran Recesión
Si echamos la vista atrás y recordamos lo sucedido en la Gran Recesión, podemos ver lo peligroso que es subir sueldos cuando la producción se desploma. Por ejemplo: en 2009, el convenio sectorial de la construcción dictó una subida salarial del 3,5%… mientras se perdían 900.000 empleos en dicha rama de actividad.
Desde la reforma laboral de 2012, impulsada por Fátima Báñez bajo gobierno de Mariano Rajoy, las empresas pueden descolgarse de la negociación colectiva y, de esta forma, evitar subidas salariales inasumibles. Esto no significa que a raíz de los cambios de 2012 se haya derrumbado el "diálogo social" puesto que, de las 116.000 inaplicaciones de convenio colectivo que se han dado desde entonces, el 98% se ha cerrado con pleno acuerdo entre empresa y sindicato. Tales mecanismos de flexibilidad han salvado más de 600.000 empleos.
De hecho, los estudios elaborados por BBVA Research subrayan que, de haberse aplicado en 2008, la reforma laboral habría salvado 2 millones de puestos de trabajo.
La "contrarreforma laboral" está en marcha
Sin embargo, el gobierno de Pedro Sánchez sigue empeñado en impulsar una "contrarreforma laboral" con la que pretende reforzar nuevamente la negociación colectiva. Los sindicatos lo saben y, en el marco de las negociaciones con el Ejecutivo, ya han puesto encima de la mesa su pretensión de forzar subidas salariales de hasta un 3% de cara a 2022.
El Banco de España ha advertido que el 17% de los trabajadores están vinculados a convenios que incluyen cláusulas de salvaguarda. En virtud de dicha condición, las revisiones salariales aprobadas para 2022 deberán tener en cuenta la inflación, que ya avanza a tasas interanuales del 5,5%. En cambio, para el 83% restante, los acuerdos que se están cerrando contemplan aumentos más moderados, en torno al 1,6%.
Esto es precisamente lo que más preocupa a la patronal, puesto que el horizonte del 3% planteado por UGT y CCOO supone duplicar el ritmo de aumento de los salarios. Con costes fiscales y regulatorios al alza y una grave crisis inflacionista en el horizonte, semejante aumento retributivo se antoja especialmente peligroso, máxime cuando la productividad está en negativo y el PIB sigue lejos de los niveles previos a la pandemia.
Las próximas semanas serán claves para determinar lo que ocurre, puesto que el gobierno de España había anunciado a Bruselas que sacaría adelante su "contrarreforma laboral" antes de final de año. Sin embargo, la CEOE ha advertido que no pretende dar su visto bueno a todo lo que proponga el Ejecutivo y, en materia de salarios, el desencuentro ya es una realidad.