"Armonizar" los impuestos autonómicos es una de las mayores ambiciones desde que Pedro Sánchez y María Jesús Montero llegaran al Gobierno. Eso sí, este término no es más que un eufemismo para obligar a las regiones con impuestos bajos a incrementar la fiscalidad a sus ciudadanos y así parecerse a las más voraces con el contribuyente.
Tal y como confirmó la propia ministra de Hacienda, el Gobierno le ha hecho un "encargo" a un comité de expertos seleccionados por el propio Ejecutivo para llevar a cabo "una revisión global del sistema fiscal, pero con especial atención a las figuras que tienen un menor rendimiento, como el impuesto de Sociedades", así como "las vinculadas a la imposición a la riqueza —Patrimonio, Sucesiones y Donaciones— ya que hay una situación asimétrica en el territorio porque alguna comunidad autónoma prácticamente ha dejado sin contenido estas figuras". Este fue un mensaje inequívoco para la Comunidad de Madrid -donde no existe Patrimonio y Sucesiones está casi desaparecido- y también para el resto de autonomías con menor fiscalidad.
El próximo mes de febrero, los 17 elegidos de Montero deberán presentar sus primeras conclusiones. El objetivo no es otro que conseguir que el Estado aumente su recaudación, por lo que, necesariamente, habrá algunas figuras tributarias que recomienden al Gobierno subir. Sucesiones está sobre la mesa.
"Es una chulería"
A pesar de que las autonomías afectadas por la "armonización" aseguran que su aplicación sería inconstitucional, Asociaciones de contribuyentes como la Asociación Nacional de Afectados por el Impuesto de Sucesiones y Plusvalía (Stop Sucesiones) temen que la subida del impuesto a las herencias pueda estar al caer.
Es por esta razón por la que han pedido por escrito al Ejecutivo de Sánchez una reunión formal para que no sólo reconsidere cualquier tipo de subida futura, sino que suprima definitivamente el Impuesto de Sucesiones y aplique con carácter retroactivo la supresión a los herederos con dificultades económicas. Pero la respuesta que el Gobierno les ha dado les ha indignado sobremanera.
"A pesar de que el Presidente desearía poder atender su solicitud personalmente, lamento comunicarle que los compromisos de su agenda no le permitirán recibirle próximamente", reza la misiva con fecha del 30 de noviembre y firmada por el director del Gabinete de presidencia, Óscar López.
"No obstante, le garantizo que el Gobierno trabaja incansablemente para hacer cierto el artículo 31 de la Constitución, en el que se establece que todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica, mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad", añade la escueta carta dirigida al presidente de Stop Sucesiones, Eligio Taboada.
Taboada considera esta respuesta "una chulería que podríamos traducir en que vamos a seguir atracando a los españoles", señala a este periódico. "Ni siquiera se dignan a redirigirnos con el Ministerio de Hacienda. Es una vergüenza. Nos despachan con esa muletilla del artículo 31 de la Constitución cuando ni siquiera es cierto que el Impuesto de Sucesiones sea justo y esté inspirado en los principios de igualdad y progresividad. Si no, que se lo digan a todas las personas que están arruinadas por este atraco o que se han tenido que hipotecar para pagar el impuesto por la herencia que les han dejado. ¿Eso es justo?", se pregunta. En Libre Mercado venimos publicando desde hace años los casos a los que se refiere Taboada.
