La reforma laboral que prepara Yolanda Díaz fracasará. Y lo hará por un motivo: no cambia nada. Sí, habrá muchas fotos, ruedas de prensa, briefings con los periodistas, columnas de expertos en los periódicos en las que nos explican cómo se aplicarán los nuevos artículos en vigor, informes sobre cómo encajar las novedades en las relaciones laborales ya existentes...
Pero detrás de todo ese ruido apenas habrá modificaciones sustanciales. Los fundamentos del mercado laboral español no han cambiado en 40 años. Ha habido retoques (algunos interesantes como en 2012) dentro de un esquema absurdo y disfuncional. La novedad ahora es que los retoques parece que serán a todavía peor.
- "Diálogo social": si el resultado del mercado laboral dependiera del diálogo social, España tendría la tasa de paro más baja de Europa. Desde mediados de los años 70, con los llamados Pactos de La Moncloa, casi todos los cambios legislativos relevantes que se han aprobado en nuestro país han contado con el acuerdo de sindicatos y patronal.
De hecho, incluso cuando en público ha habido discrepancias, como en la Reforma de 2012, en privado unos y otros reconocían que tenían posturas muy cercanas en lo fundamental. Y los pocos pactos no firmados por todas las partes, lo eran por pequeños detalles. Cuestiones menores que unos u otros no querían apoyar públicamente. Pero siempre hubo diálogo, acercamiento de posturas, consenso de mínimos e intento de cuadrar todas las posturas.
A lo mejor algún día teníamos que empezar a preguntarnos si el problema está en ese mismo concepto de "diálogo social". Imaginen que las relaciones que tenemos con nuestros proveedores en nuestro hogar (desde el panadero al que compramos la pistola cada día al fontanero que viene a casa a cambiarnos un grifo) estuvieran dominadas por el "diálogo social". Que las asociaciones representativas de consumidores y profesionales de servicios domésticos se reunieran para pactar unos costes mínimos, horarios, compromisos de compra anuales que obligasen a adquirir el pan en la misma tienda un 25% de los días, condiciones del servicio iguales para todos los trabajos, etc... ¿Absurdo? Pues eso es el diálogo social.
Lo que salga de un pacto Gobierno-CEOE-Sindicatos no resolverá los problemas del mercado laboral español... porque no puede hacerlo.
- La sinécdoque de la "representación": otro equívoco. Y en este caso, somos los medios de comunicación los principales culpables. No siempre por mala fe: es lo que tienen los titulares, que hay que encajarlos en un espacio reducido.
Decimos "Gobierno, trabajadores y empresarios llegan a un acuerdo". Pero no es cierto. Podemos aceptar que Yolanda Díaz representa al Gobierno, aunque algunos de sus compañeros de gabinete quizás tendrían algo que decir. Pero los otros no son los "trabajadores" y los "empresarios": los que firman son los secretarios generales de UGT y CCOO, y los presidentes de CEOE y Cepyme. Cuatro personas con intereses, necesidades e incentivos muy particulares. ¿Quieren lo mejor para los "trabajadores" y los "empresarios"? Pongamos que sí. Pero su buena fe no cambia ni sus intereses particulares, ni sus necesidades particulares, ni sus incentivos particulares ni la información a la que cada uno de ellos tiene acceso (limitada, como cualquier otra persona)
¿Y cuál es su capacidad de representación? Pues depende: en algunos sectores o tipos de empresas, muy alta; en otros, apenas tienen relevancia. Pero lo que acuerdan se aplica a todos.
Porque, además, incluso aunque la representatividad de estas organizaciones fuera muy elevada, eso no quiere decir que lo que firmen encaje en las necesidades de sus afiliados. Volvemos al epígrafe anterior sobre este mantra del "diálogo social": se pretende aprobar una fórmula compleja, llena de excepciones y salvedades, con multas y sanciones, con costes y porcentajes... y que todas las empresas y trabajadores se amolden a ella. El problema no es la fórmula en sí misma, ni tal o cual detalle de la redacción final. El problema es conceptual, incluso si los más sabios economistas lo intentasen, no lo lograrían; porque no existe un modelo en el que encajemos todos.
- De Madrid a La Coruña: en este punto, alguien pensará "pero algún tipo de marco normativo tendrá que haber".
Sin entrar en discusiones filosóficas sobre si eso es cierto... mi respuesta es "pues que ese marco normativo sea lo más flexible que se pueda imaginar, para que los millones de relaciones laborales que cada año se establecen en España puedan adaptar sus circunstancias particulares". Y aquí, sorpresa, un único traje, pero que sea muy flexible, puede ser exactamente lo que necesitamos.
Lo ilustraré con un ejemplo. Imaginemos que el Gobierno quiere recaudar un impuesto a los viajeros que hagan el trayecto Madrid-La Coruña. Hay dos opciones:
- A todos el mismo precio. Con independencia del medio de transporte, del punto de la Comunidad de Madrid del que salgan y de la localidad coruñesa a la que viajen.
- Un esquema adaptado en teoría a los diferentes usuarios. Con precios que cambian en función del medio de transporte utilizado (más barato en coche eléctrico o bicicleta). O de la ocupación del mismo: más barato si hay 2-3 ocupantes en el vehículo. O del trayecto seguido entre Madrid y la capital gallega. También varía el precio si sales de Madrid o de un pueblo; y hay descuentos si no llegas a La Coruña capital. Y, por supuesto, con multas muy elevadas si te pillan engañando a la DGT.
¿Qué es más eficiente? Podría parecer que el segundo formato permite más alternativas. En realidad, lo que hace es liarlo todo. Dispara los costes de control. Y los de cumplimiento: tanto si el usuario hace lo correcto, pero tiene miedo a no poder demostrarlo, como si intenta engañar al sistema. Está claro que el incentivo al fraude es enorme. Y al día siguiente a su aprobación, comienzan a aparecer las conductas atípicas derivadas de la legislación: el que se para en un pueblo a 10 km de su destino para pagar menos o el que retrasa unos días el viaje para tener acompañantes y así abaratar la factura. En resumen, dejamos de pensar en si necesitamos viajar y en cómo hacerlo de la forma más rápida posible, para pensar en la ley y en cómo reducir el coste normativo del trayecto.
Con el mercado laboral español pasa exactamente lo mismo. Recuerdo una conversación de hace años, mientras estaba de moda el debate sobre el contrato único, con un pequeño empresario español. Yo le decía que sí, que el contrato único podría estar bien... pero que sería clave con qué condiciones y qué coste del despido tendría aparejado. Su respuesta fue contundente: "Mira, me da igual. Sí, prefiero coste de despido a 15 ó 20 días que a 33. Pero al final eso es lo que menos nos importa a los empresarios. Lo que necesitamos es seguridad. Saber cuál es la factura final cuando despides a un trabajador; saber que no tendrás que reincorporarlo seis meses después porque la gestoría o el abogado se ha equivocado en tal o cual trámite; saber que no tienes que justificarlo o inventarte una excusa que encaje en la norma; saber que no tendrás que ir seis veces al juzgado; saber que si te aparecen nuevos clientes podrás cerrar una línea de negocio y abrir otra..."
- Más regulación... y más paro: por qué España lleva 40 años encabezando las estadísticas de paro y de temporalidad en la UE. ¿Es porque no se hayan regulado las relaciones laborales? ¿Es porque nos falten tipos de contrato para adaptarnos a las diferentes situaciones de las empresas? Por supuesto que no. La realidad es la contraria.
Desde un punto de vista normativo, nuestro mercado laboral y las relaciones empresarios-trabajadores tienen tres grandes problemas:
- Complejidad
- Inseguridad jurídica - Litigiosidad
- Rigidez: es muy complicado adaptar la norma general a las circunstancias particulares de cada empresa y trabajador
En línea con lo apuntado en el ejemplo Madrid-Coruña del apartado anterior: los empresarios españoles no están pensando (ni al contratar ni al despedir) qué es lo que necesita su negocio; sino qué les costará menos (desde un punto de vista normativo) y qué les traerá menos dolores de cabeza con la inspección de trabajo, los tribunales o los sindicatos. Es la anti-fórmula de la felicidad laboral: empresas y trabajadores que se ven como enemigos y fuentes potenciales de conflicto en los tribunales.
Esta supuesta protección no redunda en beneficio de los trabajadores. También ellos piensan más en el tipo de contrato que han firmado, en lo que les garantiza el convenio o en si pierden el derecho a la indemnización, antes que en si cambiar de trabajo en busca de una mejora profesional.
- La reforma de Yolanda Díaz: las dos preguntas de cualquier reforma laboral deberían ser:
- ¿Supone un cambio radical en el esquema anterior?: la respuesta es siempre "no". Y esto se puede aplicar también a la reforma de 2012.
- Una vez que asumimos que el esquema general será el mismo que lleva fracasando 40 años, ¿estos retoques permiten un poco más de flexibilidad o aportan todavía más rigidez?
Todavía no se conoce el texto definitivo, pero todo apunta a que lo que preparan sindicatos, patronal y Gobierno es darle una vuelta de tuerca a la rigidez normativa que ya está domina nuestro ordenamiento.
(1) Lo más importante de lo que se consiguió en la reforma de 2012 residía en la prioridad de los convenios de empresa sobre los sectoriales y la posibilidad de descuelgue o inaplicación (también en materia salarial) de determinadas cláusulas de los convenios que estuvieran vigentes en el caso de que concurriesen causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.
Ni mucho menos establecía un mercado laboral realmente flexible, pero sí era un paso en la dirección correcta. Ahora, se quiere revertir, con el objetivo de devolver a las centrales sindicales (y patronales) el poder perdido en 2012 frente a los sindicatos-representantes de empresa.
(2) En lo que toca a la temporalidad, no parece que lo que se busca sea simplificar el marco normativo vigente, sino todo lo contrario. Se está hablando de pasar a un esquema con tres tipos de contratos temporales: uno de tres meses de duración máxima que serviría para cubrir "necesidades ocasionales"; otro de seis meses (prorrogable a un año en negociación colectiva, imaginamos que de ámbito sectorial) por "razones productivas"; y un tercero de sustitución de personal que se intuye que se será similar al de los actuales interinos.
Por supuesto, con más peso de la inspección, multas si no se justifica esa causalidad, requisitos más estrictos a cumplir si las empresas quieren firmar este tipo de contratos...
Como vemos, no sólo no hay nada nuevo, sino que se reincide en los mismos errores de siempre: litigiosidad e inseguridad jurídica; decisiones empresariales mediatizadas por el miedo a las multas o al cumplimiento de los requisitos normativos; más tipos de contratos en los que las empresas tienen que encajar sus necesidades y buscar cuál les conviene...
- Todos contentos (y eso es lo malo): nunca he sido muy optimista respecto del mercado laboral español... pero lo soy menos cada día. A nadie le interesa que esto se arregle. Bueno, le interesa a los que están en el paro, pero esos forman un colectivo no cohesionado y no es fácil que achaquen su mala fortuna a tal o cual cláusula de la nueva reforma.
Enfrente, a todos los grupos que tienen influencia en la opinión pública les conviene mantener las cosas en su actual estado. Al Gobierno, para hacerse la foto del diálogo: amigos y enemigos coinciden en que para Yolanda Díaz será un éxito la aprobación de la reforma y la instantánea con los "representantes sociales". A sindicatos y patronales porque justifican su existencia, cuotas o influencia. A los periodistas de información económica-laboral porque escribir de un Estatuto de los Trabajadores que cabe en un folio es muy sencillo y las noticias se terminarían en dos semanas; la complejidad legislativa es una fuente inagotable de titulares-temas-columnas-tertulias.
Incluso a los asesores, gestorías, abogados... les conviene esta locura. En España hay mucha gente, cada vez más, que se gana la vida ayudando a las empresas a sortear los escollos de la legislación laboral o tributaria. Un mercado laboral racional dispararía la productividad a medio plazo, pero a corto mucha gente vería su puesto de trabajo en peligro: tú apruebas un contrato único y a ver qué van a poner en su minuta los despachos laboralistas en el próximo trimestre. Por no hablar de los profesores universitarios de este ámbito o los jueces de lo Social: cuando el trabajo de uno depende de que otros tengan problemas... al final acabas pensando que lo normal es que esos problemas existan.
A mí, la foto que tendremos en unos días no sólo no me dice nada bueno... en realidad, creo que es malo que haya acuerdo. Igual con la paz social: es malo que todos estos colectivos estén contentos. Si lo están, es porque sus actuales fuentes de renta están protegidas. Y esa protección depende de que el mercado siga siendo disfuncional. No es maldad, son incentivos e inercias: cuando llevas 40 años viviendo en un esquema absurdo, acabas pensando que es el único posible.
No hay más que leer las columnas sobre la reforma laboral: todas parten de que este marco general (el diálogo social y las derivadas del mismo) es el único posible. Lo que se discute es cómo pulir un sistema disfuncional, en vez de cómo cambiar el sistema. Dentro de diez años, seguiremos con las tasas de paro más elevadas de Europa y en el pódium de la temporalidad-precariedad. Eso sí, habrá una nueva ministra de Trabajo, nuevos secretarios generales de los sindicatos, nueva dirección en la patronal y una nueva foto que certifique que el "diálogo social" funciona en España.