En materia de política fiscal, la última semana se ha saldado con buenas y malas noticias.
La buena es que, por primera vez desde que arrancó la legislatura, el gobierno de Pedro Sánchez plantea una ley orientada a favorecer la libre empresa y reducir la tributación del sector productivo, aunque acotada solamente al ámbito del emprendimiento.
La mala es que, mientras se tramita esa mejora pensada para las startups, el Ejecutivo está preparando nuevas subidas de impuestos que caerán sobre la espalda de los demás agentes productivos, golpeando a empresas y trabajadores.
Buenas noticias para los emprendedores…
Empecemos por las buenas noticias.
Medio año después de la presentación del primer borrador, el gobierno de España ha aprobado el proyecto de la nueva Ley de Startups, en virtud de la cual se espera aprobar distintas mejoras de la fiscalidad aplicable a las nuevas empresas de raíz innovadora. Se espera que, tras la debida tramitación parlamentaria, la norma entre en vigor a mediados de 2022.
La principal mejora radica en la reducción de diez puntos que va a experimentar el Impuesto de Sociedades, que se reducirá diez puntos para estas mercantiles. Para ser precisos, la norma diseñada por la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, contempla una rebaja del 25% al 15% en el Impuesto de Sociedades durante los cuatro primeros años desde que la base imponible de dicho tributo sea positiva. Según ha podido saber Libre Mercado, el borrador que había elaborado el Ejecutivo planteaba plazos mucho menos generosos, pero el diálogo con inversores y empresas del ramo ha permitido una mejora que ha sentado bien en el ámbito del emprendimiento.
Asimismo, se ha retocado el borrador inicial para no excluir a quienes impulsen distintos proyectos al mismo tiempo, puesto que el gobierno había puesto encima de la mesa un planteamiento demasiado restrictivo por miedo a que se generasen escenarios de fraude. Finalmente, el articulado permite que los llamados "emprendedores en serie" puedan acogerse a la Ley de Startups hasta en tres proyectos seguidos.
Otro aspecto incluido en la nueva Ley de Startups es la exención fiscal de la que gozarán quienes participen en estos proyectos y prefieran la retribución vía stock options. Así, habrá una exención fiscal de hasta 50.000 euros anuales. Además, las ganancias obtenidas por esta vía solo tributarán cuando esas acciones se hagan líquidas, sea por su venta o por su salida a bolsa.
Se ha incluido también la posibilidad de aplazar cualquier deuda tributaria asociada al Impuesto de Sociedades o al Impuesto sobre la Renta de los No Residentes por un periodo de dos años, una vez la base imponible sea positiva, sin que ello acarrea garantías ni intereses de demora. Además, se ha revisado la base máxima de la deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación, que sube de 60.000 a 100.000 euros, con un tipo que se incrementa del 30% al 50%.
La norma incluye un "visado especial" de cinco años pensado para el régimen fiscal del Impuesto sobre la Renta de los No Residentes. Los directivos y trabajadores de estas empresas, así como los inversores que las impulsan o los llamados "nómadas digitales", podrán beneficiarse de condiciones tributarias más ventajosas.
Hay también otras mejoras referidas a la regulación y la burocracia. Ya está en tramitación la Ley Crea y Crece, que hará posible crear una empresa con un solo euro de capital social, pero la Ley de Startups incluye asimismo la posibilidad de crear una compañía por medios telemáticos, en un plazo de unas seis horas. No solo eso, sino que se establece una "ventanilla única" para este tipo de empresas y se anuncia la creación de "sandboxes" o licencias de prueba que permitirán actuar fuera de la normativa en vigor cuando se justifique debidamente tal petición.
… y malas noticias para el resto.
Vayamos ahora a las malas noticias.
De acuerdo con los Presupuestos Generales del Estado para 2022, cuya tramitación está encontrando algunos obstáculos por parte de ERC, el próximo año se producirán las siguientes subidas de impuestos:
- El tope máximo de desgravación en el IRPF por aportación a planes de pensiones pasará de 2.000 a 1.500 euros. Hace apenas dos años, esta rúbrica alcanzaba los 8.000 euros anuales, de modo que el golpe tributario a esta forma de ahorro ha sido muy significativo.
- El Impuesto de Matriculación experimentará un fuerte aumento que, a priori, estaba previsto para 2021. Se estima que el encarecimiento medio asociado a la compra de un nuevo vehículo rondará los 1.000 euros.
- Fin a las deducciones y bonificaciones del Impuesto de Sociedades para las empresas que se dedican al arrendamiento de viviendas y para todas aquellas mercantiles que, tras aplicarse tales descuentos, tributen a un tipo efectivo inferior al 15%.
- Cambio de la normativa fiscal aplicable al cálculo del valor de los inmuebles, con la consecuente subida en tributos como el IBI, el Impuesto de Sucesiones/Donaciones, el Impuesto de Patrimonio, etc.
- Subida de la cuota de autónomos. El incremento afectará tanto a las bases mínimas de cotización, que pagarán 55 euros más, como a las máximas, que sufrirán un golpe de 255 euros.
Según el Instituto de Estudios Económicos, el 70% de esta subida fiscal recaerá, en la práctica, sobre las empresas. En total, las sociedades soportarán un encarecimiento tributario valorado en 2.271 millones. Por su parte, las familias cargarán con el resto, elevando el impacto recaudatorio de los PGE hasta los 3.273 millones de euros.