La constitución del Gobierno de coalición entre PSOE y Podemos produjo consternación en los mercados, pero la maquinaria propagandística de la Moncloa se apresuró a asegurar que ministros técnicos como José Luis Escrivá o Nadia Calviño actuarían como cortafuegos ante cualquier intento de radicalización de la política económica por parte de la facción comunista del Ejecutivo.
Esa narrativa siempre fue perversa. Puede que el daño controlado sea preferible al absoluto, pero los españoles no se merecen un liderazgo político cuya brújula se mueva entre lo malo y lo peor. Además, el tiempo ha confirmado que el PSOE se siente cómodo con el radicalismo de Podemos, de ahí las continuas subidas de impuestos y las vueltas de tuerca a la rigidez laboral.
Ahora que las pensiones están en el centro de la discusión, vale la pena detenerse en el desempeño del ministro del ramo, presentado a comienzos de la legislatura como un experto que venía a restaurar el equilibrio en la Seguridad Social. Nada más lejos de la realidad: la deuda del sistema ha explotado, el déficit sigue siendo alarmante y, peor aún, las reformas introducidas están agravando el estado financiero del modelo de pensiones.
Poco le ha durado la aureola de experto a Escrivá. Indexando las pensiones a la evolución del IPC, derogando el factor de sostenibilidad, castigando fiscalmente las aportaciones a los planes de pensiones y subiendo las cotizaciones que soportan empresas y trabajadores, lo único que ha conseguido el expresidente de la Airef es degradar el equilibrio financiero del sistema y complicar más aún la creación de empleo, soporte clave de un esquema en el que la paga que perciben los trabajadores retirados depende directamente de lo que aportan los asalariados en activo.
La OCDE ha arrojado luz sobre esta cuestión con un informe en el que subraya el creciente desequilibrio de la Seguridad Social. La edad de jubilación efectiva se sitúa entre las más bajas del mundo desarrollado, mientras que la esperanza de vida solo la supera Japón. La tasa de fertilidad es bajísima, de apenas 1,3 hijos por mujer, y la de paro duplica a la de la Eurozona. Ante semejante panorama, la gestión de Escrivá solo puede calificarse de frívola, irresponsable y peligrosa.
¿Volver al factor de sostenibilidad?
Conviene hacer, por otro lado, una defensa pragmática de lo que suponía el factor de sostenibilidad. La Administración Rajoy, que rehuyó la adopción de reformas de calado en distintos ámbitos, tuvo al menos el acierto de modernizar el mercado de trabajo e introducir reglas de ajuste automático para el cálculo de las pensiones. Lo primero mejoró los ingresos de la Seguridad Social y lo segundo moderó el galopante aumento del gasto en pensiones, de modo que el sistema empezó a entrar en una senda de equilibrio.
El factor de sostenibilidad congeló de facto las pensiones, puesto que su aumento anual fue de apenas un 0,25% entre los años 2014 y 2017. Sin embargo, lograr el equilibrio de la Seguridad Social habría exigido un tajo del 3% en las pensiones pagadas por el sistema. Por lo tanto, moderando el gasto a corto plazo se estaba empezando a garantizar un mayor equilibrio a largo plazo.
Aquel arreglo no era perfecto, pero sí representaba un avance. En cambio, lo único que está haciendo el Gobierno de PSOE y Podemos es desbaratar cualquier intento de consolidar un sistema sostenible, priorizando el gasto presente a costa de hundir las perspectivas de una Seguridad Social que se encamina hacia el abismo.
Se ha hecho tanta demagogia sobre estos temas que conviene hablar claro. Por ejemplo, rara vez se dice que el cálculo político ha hecho que los pensionistas reciban un 30% más de lo que aportan. De igual modo, a menudo se ignora que el coste de la fiesta recae en el sector productivo, con una cuña fiscal del 40% en cada empleo creado. Esto último es especialmente grave porque, si España tuviese un paro similar al promedio europeo, el sistema de Seguridad Social sí alcanzaría el anhelado equilibrio financiero.
La solución de largo plazo exige desandar el camino recorrido por PSOE y Podemos y dar paso a un proceso de reforma basado en 1) favorecer la creación de empleo por encima de cualquier otro objetivo de política socioeconómica, 2) vincular la edad de jubilación a la esperanza de vida, 3) incentivar la natalidad y el retraso de la jubilación con primas retributivas, 4) bonificar el ahorro privado en todas sus fórmulas y 5) recuperar el factor de sostenibilidad como índice regulador de la evolución anual de las pensiones.