La semana pasada se reunieron en Santiago de Compostela ocho presidentes autonómicos. Aunque disimulado, el objetivo era conformar un frente común para la futura negociación de la financiación autonómica. Por "financiación autonómica" se entiende el mecanismo por el cual se reparte la recaudación de los impuestos nacionales entre los distintos niveles de gobierno y entre las partes que integran esos niveles (en este caso, las autonomías).
Hoy, ese reparto se hace con una inverosímil fórmula, herencia de los años de ZP, por la cual las autonomías reciben "a cuenta" un dinero que solo dos años después saben si ha sido de más (tienen que devolver la diferencia) o de menos (el gobierno nacional paga el faltante).
Estos ocho presidentes (de Aragón, Asturias, Cantabria, ambas Castillas, Extremadura, Galicia y La Rioja) creen tener derecho a más dinero porque sus regiones pierden población. Si comparamos los datos de 2008 con los de 2021, estas comunidades, en conjunto, han perdido 463.000 habitantes.
Antes de argumentar la necesidad de más recursos, lo lógico sería preguntarse si ahora están haciendo un uso adecuado de los dineros de que disponen. La respuesta es un "no" rotundo. Estos ocho presidentes autonómicos quieren más dinero pero son los mismos que malgastan en televisiones autonómicas, subvenciones de todo tipo y que, entre otros muchos ejemplos, no hicieron nada para reducir el excesivo número de ayuntamientos.
Estas ocho autonomías tienen ahora 404.200 ocupados menos en el sector privado que en 2008. Al mismo tiempo, tienen 69.400 empleados públicos más. Regiones con menos población a la que prestar servicios, contrataron más personal, lo que implica una pérdida de productividad (menos servicios con más personal) que es la síntesis de una gestión ruinosa. Lo mismo de otro modo: si hay 404.200 pagadores de impuestos menos, no es razonable que haya 69.400 consumidores de impuestos más (el 100% de las nóminas públicas se financian con impuestos privados; lo tributos que pagan los empleados públicos son solo descuentos sobre esas nóminas).
Lejos de remediar la ineficacia que demuestran estos datos, los ocho presidentes autonómicos encuentran más cómodo reunirse para reclamar más. El caso asturiano es simbólico: al mismo tiempo que su presidente, Adrián Barbón, se queja por la financiación, ha definido como prioridad para lo que queda de legislatura hacer de la "llingua" un idioma cooficial. Una lengua inventada, que nadie habla, por la que ya se gasta una veintena de millones de euros anuales; de hacerse cooficial, el gasto saltaría casi hasta los cien millones.
Solo la Comunidad de Madrid ganó más población que toda la que perdieron esas ocho autonomías. Eso muestra que la despoblación no es por mala suerte ni una fatalidad del destino. Es el resultado de malas políticas. Si tuvieran los impuestos autonómicos relativamente bajos como Madrid (o más), es seguro que muchos habrían preferido quedarse donde nacieron. Si se preocuparan por simplificar y armonizar todas sus regulaciones industriales y comerciales, es seguro que muchos habrían podido iniciar un proyecto y muchos otros habrían conseguido un empleo.
Antes que pedir nada, estos presidentes autonómicos deberían hacer lo que hacen las familias y las empresas cuando las cosas vienen mal dadas: ajustarse el cinturón y buscarle la vuelta. Pero es mucho más fácil pedir más y seguir endeudando a las futuras generaciones, que dedicarse a la ingrata tarea de cuadrar las cuentas para bajar los impuestos.
Este frente común no tiene nada que ver con defender los derechos de los ciudadanos de esas regiones. Es imitar lo que hacen los separatistas, aunque con mejores formas: inventarse argumentos para que otros paguen la factura de la propia incompetencia y comodidad. Esos "otros" son los pagadores de impuestos de las demás regiones. Esta también es una forma de enfrentar a españoles contra españoles.
Primero, bajen el gasto público, eliminen el déficit fiscal, vendan activos para bajar la deuda y reduzcan la carga impositiva y burocrática que soportan autónomos, familias y empresas. Luego, y solo luego, estarán habilitados moralmente para decir que necesitan más.
Diego Barceló Larran es director de Barceló & asociados(@diebarcelo)