Sindicatos y patronal han llegado esta semana a un acuerdo para solucionar la crisis abierta con el sector del metal en Cádiz después de nueve días de huelga. La movilización terminó con la satisfacción de los trabajadores por haber logrado un incremento de sueldo del 2% anual revisable en 2024 y terminó también con la satisfacción del Gobierno por haber puesto punto final a una incomodísima algarada callejera que Pedro Sánchez no se podía permitir ni un día más.
La patronal que desbloqueó la negociación era, en este caso, el Gobierno de España que controla la empresa pública Navantia a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. En la resolución de esta crisis cabe preguntarse si no se ha resuelto favorablemente para los trabajadores gaditanos atendiendo al principio de oportunidad política, en definitiva no perder el control de las calles.
Si para algo le ha servido a la extrema izquierda esta crisis es para convertir la violencia en un instrumento homologable para la consecución de unos fines. El alcalde de Cádiz llevó al paroxismo esta idea al reivindicar delante de los manifestantes quemar vehículos "para que en Madrid se fijen en nosotros". El principal problema es que, después de lo que ha sucedido, no da la impresión de que haya alguna compañía que vea en la bahía de Cádiz un lugar de oportunidad o un emplazamiento próspero donde instalarse.
En déficit desde hace años
Lo que ha sucedido en los últimos días es en realidad el mejor ejemplo de cómo se constituye una empresa pública deficitaria. Navantia se creó en el año 2005, tras la quiebra de Izar, con el objetivo de retomar ese trabajo de los astilleros públicos militares. Se pensó que aquí había una inmensa oportunidad de negocio, pero en realidad lo que había era un agujero para las arcas públicas y para el bolsillo del contribuyente.
En el año 2006 Navantia registró pérdidas de 129,4 millones de euros. Un año después en 2007 cerró el ejercicio con un beneficio de 159.000 euros. Desde entonces sus cuentas han ido de mal en peor. En 2008 las pérdidas fueron de 51 millones de euros. En 2009 fueron 78,2 millones de euros. En 2010, 44 millones. En 2011, 43,2 millones. Perdió 78 millones en 2012, 57 en 2013, 29 millones en 2014, 160 en 2015, 303 en 2016, 389 en 2017, 225 en 2018, casi 300 en 2019, 137 en 2020 y por el mismo camino vamos en este 2021. En total, Navantia ha costado más de 2.000 millones de euros desde su creación.
Si Navantia sigue existiendo es porque se trata de una empresa pública a la que se han ido inyectando cientos de millones de euros. Con estos números sólo en una empresa pública se pueden plantear subir el salario a los trabajadores para que no pierdan poder adquisitivo. Cualquier otra empresa con esta trayectoria estaría ahora mismo en los libros de historia.
Retiro dorado en Navantia
Pero en este caso también influye un problema de orden estrictamente político. España es un país donde la mayoría de las empresas públicas no las dirigen profesionales especializados sino políticos a los que se les busca un retiro dorado o un puesto para que no estorben. Algunas de las grandes empresas de nuestro país están colonizadas por cargos políticos como sucede en Red Eléctrica, Enagás, Aena, Hispasat, Correos, Paradores, Loterías o Navantia, que es el caso que nos ocupa.
Y como la política es una carrera profesional donde abunda la endogamia van colocándose unos a otros sin importar si existe la preparación suficiente para ocupar determinados cargos. Desde que llegó Pedro Sánchez al poder, Navantia ha tenido un presidente por año.
La primera presidenta fue Susana de Sarria. Cercana a María Jesús Montero, la actual ministra de Hacienda no tuvo reparos en elegir para gestionar la empresa encargada de los astilleros a una ingeniera de Montes. De Sarria fue asesora técnica forestal en la Junta de Andalucía, luego estuvo en distintos cargos hasta ser Viceconsejera de Empleo de la Junta. Y de ahí… a Navantia. Estuvo en el cargo dos años y cuatro meses y se embolsó 181.000 euros por ejercicio.
Le sucedió en el cargo Belén Gualda que tenía un perfil más técnico. Ingeniera de Caminos Canales y Puertos, Gualda tenía amplia experiencia en contratación del sector público. Tal vez por eso su salario creció hasta los 220.000 euros. Estuvo poco tiempo porque la Ministra de Hacienda la repescó para colocarla al frente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales que llevaba dos años sin presidente.
Y el actual presidente de Navantia es Ricardo Domínguez, Ingeniero Agrónomo que ha ocupado cargos de importancia en la Junta de Andalucía como por ejemplo la Dirección general de promoción alimentaria o la viceconsejería de Medio Ambiente.
Algunos países como Italia tomaron este mismo año la decisión de eliminar a todos los que estaban colocados en la dirección de empresas públicas, aquí en España todo sigue igual… será que nos sobra el dinero.