Sobre el papel, el Partido Demócrata lo tiene todo a su favor. Joe Biden ostenta la presidencia, pero además el Senado y la Cámara de Representantes están en sus manos. Sin embargo, la popularidad del Ejecutivo está bajo mínimos y las cifras macroeconómicas arrojan un panorama francamente decepcionante, con tasas de inflación que ya se acercan al 8%.
Desde hace meses, los demócratas se han volcado en la aprobación de la ley BBB, siglas de "Build Back Better". El argumento central para su aprobación es la supuesta necesidad de "reconstruir" las infraestructuras del país norteamericano, pero en la práctica hablamos de mucho más que eso, puesto que la ley BBB incluye importantes medidas en materia de gasto e impuestos.
El asunto que más polémica está generando es el del coste de la citada norma. Los demócratas insisten en que su impacto sobre la estabilidad presupuestaria será nulo, porque las subidas de impuestos, volcadas principalmente sobre las empresas, permitirán compensar el aumento del gasto vinculado a los proyectos estrella de la ley BBB.
Sin embargo, la Oficina Presupuestaria del Congreso ya ha advertido de que, en términos estáticos, Biden y su aliados van a aumentar el déficit por un monto de 367.000 millones de dólares. Además, si se hace un cálculo en términos dinámicos, la desviación es tal que puede alcanzar la friolera de 3,9 billones de dólares, según estimaciones del servicio de estudios de la escuela de negocios Wharton, perteneciente a la Universidad de Pennsylvania.
¿Cómo se explica semejante divergencia? Hay distintos motivos que explican la brecha entre las estimaciones oficiales de los demócratas y las estimaciones de los analistas. Son los siguientes:
- Por ejemplo, aunque el oficialismo cree que la "lucha contra el fraude fiscal" puede generar 400.000 millones de dólares de recaudación adicional, los estudios independientes sugieren que la cifra real solo puede alcanzar, en el mejor de los casos, los 100.000 millones.
- Otro ejemplo lo tenemos en los distintos subsidios que se han incluido en la ley BBB a pesar de que no están vinculados con las infraestructuras. Se estima que, entre 2022 y 2026, estas ayudas van a suponer un desembolso de 756.000 millones de dólares. Lo peor de todo es que está prevista la retirada de los requisitos que desde la era Clinton condicionaban el acceso a estas ayudas, para asegurar que no se producían abusos.
- Y un tercer ejemplo lo tenemos en la naturaleza temporal de los programas anunciados. A priori, algunas de las medidas incluidas en la ley BBB deben expirar pasados dos, cuatro o cinco años. Sin embargo, en la práctica vemos que, a menudo, los legisladores suelen acordar su extensión, aunque sea de manera disminuida, para evitar las críticas políticas que se podrían dar en caso de asumir sin más el fin de una u otra línea de gasto.
- Al margen de todo lo anterior, lo cierto es que la tendencia al alza de los precios está haciendo que cada vez más voces alerten del impacto que puede tener un fuerte repunte del gasto público en una inflación que acumula meses al alza. Desde la bancada republicana, conocidos analistas económicos como Larry Kudlow o Arthur B. Laffer están insistiendo en que, a más gasto público, mayor será la presión al alza de los precios.
- Por otro lado, otros críticos con la ley BBB, como Kevin Hassett, advierten que los proyectos de infraestructuras necesitan, de media, seis años de papeleo para su aprobación. Por lo tanto, incluso dando por bueno que algunos de estos proyectos sean necesarios, lo cierto es que su efecto no será una realidad hasta 2027.
La popularidad de Biden, que apenas alcanza el 40% tras apenas un año de gobierno, se está resintiendo notablemente ante el creciente rechazo que genera su agenda económica. En las filas demócratas ya se percibe cierto nerviosismo, como demuestran las críticas de senadores como Joe Manchin. Incluso la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, ha reconocido que la inflación puede prolongarse al menos un año más. De modo que, por mucho que la izquierda estadounidense pueda sacar adelante la ley BBB, todo apunta a que su proyecto político está cada vez más amenazado por el rechazo que generan estas iniciativas de gasto.