La nueva Ley de Vivienda que ha aprobado el Gobierno está generando un gran impacto en el mercado del alquiler en España. Y es que, según la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), la incertidumbre regulatoria está haciendo que muchos propietarios estén pensando en vender sus inmuebles, en vez de en alquilarlos, una vez que finalicen los contratos actuales que tienen firmados con sus respectivos inquilinos.
Según ha señalado José Ramón Zurdo, director general de ANA, entre el 15 y el 20% de sus clientes están ya pensando en vender sus propiedades y retirar así las viviendas del mercado del alquiler. Además, alerta de que esta nueva ley está despertando un gran miedo en el sector inmobiliario y paralizando la inversión, algo que puede generar una mayor escasez de vivienda.
No hay que olvidar en este punto que, según la consultora Savills Aguirre Newman, se necesitan dos millones de nuevas viviendas en nuestro país en los próximos años para cubrir la demanda.
"Se quiere intervenir en el mercado creyendo que hay una confabulación de bancos y grandes fondos, que tan solo gestionan el 5% de los alquileres en España, y que son los culpables de los altos precios en el alquiler. O mediante escraches a propietarios que legalmente quieren actualizar sus rentas a precio de mercado", declara Zurdo en una nota de prensa de ANA.
Desde la asociación, también lamentan que el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez no haya tenido en cuenta a los profesionales del sector. "Ninguna política de vivienda en arrendamientos urbanos en España podrá tener éxito, si no se ha construido previamente con la colaboración e intercambio de experiencias, por ejemplo con los profesionales los portales inmobiliarios, bancos, Agentes de las Propiedad Inmobiliaria, o empresas como la nuestra que gestionan miles de viviendas de propietarios particulares, que representan el 95% de las viviendas destinadas al alquiler", agregan desde ANA.
Por el momento, este texto ha tenido la luz verde del Consejo de Ministros, que tramitará la norma en procedimiento de urgencia para enviarlo al Congreso de los Diputados antes de que finalice el presente año. Sin embargo, todavía no ha entrado en vigor y no se tiene clara la fecha en la que se aprobará la Ley.
Asimismo, según han advertido los expertos laboralistas, la implantación de norma en su totalidad dependerá de la voluntad de las Comunidades Autónomas y de los Ayuntamientos.