El gobierno de PSOE y Podemos insiste en trasladar la idea de que la Comunidad de Madrid se beneficia de un supuesto efecto capitalidad que debería ser compensado anulando la autonomía fiscal de la región que gobierna Isabel Díaz Ayuso y creando nuevas estructuras de gasto público en otras comunidades autónomas.
En línea con este segundo objetivo, el Ejecutivo ha filtrado a El País las primeras decisiones de deslocalización de infraestructuras públicas, que llevarán instituciones vinculadas al Ejército, Correas, Renfe o la Seguridad Social a las provincias de Córdoba, Soria, Teruel o Toledo. La idea es "descapitalizar" Madrid, "descentralizando" la sede de algunos de sus organismos.
Pero el discurso del gobierno para justificar estas decisiones se topa de bruces con la realidad. Para empezar, si analizamos la estructura productiva madrileña, encontramos que el sector público tiene un peso mucho menor tanto en su economía como en su mercado de trabajo.
Así, si acometemos un estudio del Valor Añadido Bruto de las distintas economías regionales, a partir de las series largas de la contabilidad autonómicas que elabora Fedea con datos del INE, encontramos que el peso de los servicios públicos en la economía madrileña es del 15%, el menor porcentaje de todas las comunidades españolas, a la par con Baleares.
En cambio, en el conjunto de las autonomías vemos que este indicador alcanza el 18% y que, en las regiones de Extremadura, Castilla y León, Andalucía, Castilla La Mancha, Canarias o Asturias, estos indicadores se sitúan por encima del 20%. Por lo tanto, el relato según el cual es preciso reducir el peso de lo público sobre la economía de Madrid para propiciar una suerte de reequilibrio se topa de bruces con la realidad, ya que la región gobernada por Isabel Díaz Ayuso presenta un modelo productivo mucho menos dependiente de las Administraciones Públicas.
Ocurre algo parecido cuando estudiamos el peso relativo del empleo público en las distintas comunidades autónomas. Según los últimos datos del ministerio de Política Territorial y Función Pública, 49 de cada 1.000 trabajadores extremeños están a sueldo de las Administraciones Públicas, frente a los 28 que se alcanzan en Madrid, la tercera región donde dichas estructuras tienen menos peso relativo.
De modo que, desde la perspectiva de la ocupación sucede lo mismo que siguiendo el enfoque de la producción: el sector público tiene menos peso en la estructura laboral madrileña que en la de la gran mayoría de las comunidades autónomas. Por tanto, el gobierno basa su campaña contra la región en un discurso totalmente falaz, puesto que no solo no es cierto que la economía madrileña tenga una ventaja por un mayor peso de lo público sino que, de hecho, sucede todo lo contrario.
Por otro lado, conviene recalcar que, si lo que pretende el gobierno es aumentar el dinamismo productivo de otras comunidades autónomas a base de apuntalar un modelo centrado en el gasto público, lo cierto es que la evidencia empírica es clara y, como demuestran los estudios que se han realizado sobre esta materia, un mayor grado de intervencionismo económico acarrea menos crecimiento y menos desarrollo. Para ser precisos, la última edición del Ranking de Liberalización Regional, publicada en 2017, estima que las comunidades con más libertad económica tienen hasta 10.000 euros más de PIB per cápita que las regiones donde impera un paradigma más estatista.
Finalmente, también es importante recalcar que, si lo que plantea el gobierno es la necesidad de que el crecimiento de Madrid repercuta en el resto de comunidades, lo cierto es que el actual sistema de financiación autonómica ya cuida de que así sea, puesto que parte importante de los recursos recaudados en la región terminan en las arcas de otras regiones. En este sentido, las últimas estimaciones de Fedea apuntan que Madrid aporta 4.000 millones a la "hucha común", muy por encima de los 1.600 que suma Cataluña o los 300 que inyectan las Islas Baleares, mientras que el resto de comunidades son receptoras netas.
