El resumen sí está claro: a partir de enero de 2023 los trabajadores españoles sufriremos una subida del 0,6% de las cotizaciones. De ese incremento, 0,5 décimas se irán a lo que se conoce como cotizaciones a cargo de la empresa, lo que supondrá un coste extra para las empresas en lo que respecta a los trabajadores que ya tiene en plantilla. Y una décima, a las cotizaciones a cargo del trabajador, que verá cómo se minora (muy poco) su sueldo neto. ¿El objetivo oficial? Volver a tener una hucha de las pensiones y pasar de los 2.000 millones que hay en la actualidad en el Fondo de Reserva, a los 50.000 millones que se anuncian para 2032. Además, de esta manera, se derogará de forma definitiva el Factor de Sostenibilidad de la reforma de 2013.
Estos son los grandes titulares que deja el acuerdo entre sindicatos y Gobierno, que ayer presentaba, orgulloso, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. Enfrente tienen a las patronales (CEOE y Cepyme), que se descolgaron de la foto y del pacto, tras comprobar que la única solución del Ejecutivo para las pensiones consiste en encarecer los costes laborales que ya soportan las empresas.
A partir de aquí, surgen numerosas preguntas. Son temas recurrentes, que se repiten una y otra vez según van surgiendo novedades relacionadas con las pensiones. Pero que no terminan de encontrar una respuesta, tampoco tras este acuerdo:
- ¿Es un mecanismo "equitativo" y que reparte los costes?: en política, los nombres son importantes. Escrivá se ha sacado de la manga el "Mecanismo de Equidad Intergeneracional" para derogar el "Factor de Sostenibilidad".
La pregunta surge sola: ¿es realmente "equitativo" y reparte las cargas entre diferentes generaciones? Cada uno tendrá su opinión, pero es una interpretación muy dudosa. Lo que hace es cargar a los trabajadores del presente con un coste extra que se reflejará en una minoración de sus sueldos. A cambio, tienen la promesa de una hucha que no se sabe cuánto habrá acumulado en 2032 ni qué impacto real tendrá en las pensiones futuras, porque lo recaudado apenas cubrirá una parte del déficit. La única certeza es que todo esto se hace para no tocar ni un euro de las pensiones actuales ni de las de los jubilados de los próximos 4-5 años. ¿Reparto intergeneracional? Pues nos lo tendrán que volver a explicar, porque no lo parece.
- ¿Al menos servirá para llenar la hucha?: sí. Pero esto es mitad tramposo mitad absurdo.
Imaginemos una familia con dos cuentas corrientes. En la principal acumula unos números rojos de 100.000 euros. Además, cada año gasta 10.000 euros más de los que ingresa. En la secundaria tiene un saldo positivo de 1.000 euros y cada año envía 200 euros más. ¿Tiene esto algún sentido? Desde un punto de vista contable, ninguno. Si no mandara esos 200 euros, el déficit anual en la cuenta principal sería de 9.800 euros. Pero la situación de la familia sería la misma en los casos.
Esa familia es el Reino de España.
- ¿Qué parte del agujero se tapa con lo recaudado por el nuevo impuesto?: una parte mínima.
Lo explicábamos hace unos días. Podemos plantear las cuentas de las pensiones de muchas formas. Si contamos sólo el agujero entre prestaciones contributivas y cotizaciones sociales para vejez-invalidez, tendríamos 16.000 millones de déficit. Si tomamos el déficit real entre gasto en todas las prestaciones de vejez-invalidez (contributivas, clases pasivas, complementos a mínimos, no contributivas) y los ingresos por cotizaciones, el déficit se nos marcha a 40.000 millones. Si añadimos el resto de transferencias de la Seguridad Social nos vamos hasta los 53.000 millones.
Y estas cifras están subiendo, porque en todos los casos, año a año, los gastos suben más que los ingresos.
Enfrente, el nuevo impuesto-cotización presentado este lunes recaudará entre 2.500-3.000 millones.
- ¿Y cómo se cubrirá el resto del déficit?: en realidad, el déficit oficial y el real seguirán siendo los mismos (bueno, eso el próximo año, porque luego seguirá creciendo).
Esto demuestra el absurdo de lo acordado. El Estado transferirá cada año 30.000-40.000 millones a la Seguridad Social. Y lo que no se tape con esa transferencia, se financiará con un crédito al organismo. Suena todo muy raro, pero es real. En vez de reconocer la realidad: "Pagamos tanto en prestaciones, recaudamos tanto en cotizaciones"; nos mueven las cajas del Presupuesto.
Pondremos un ejemplo, con cifras aproximadas, de la situación tan peculiar que podríamos tener en unos años:
- La Seguridad Social recauda 130.000 millones con las cotizaciones normales, las que había hasta ahora
- Además, recauda 3.000 millones más con el 0,6% pactado este lunes
- El gasto en prestaciones asciende a 180.000 millones
- El déficit gastos-ingresos es de 50.000 millones
- El Estado transfiere 40.000 millones a la Seguridad Social
- El Estado le presta 10.000 millones a la Seguridad Social. Un préstamo sin demasiado sentido. En primer lugar, porque hablamos de dos organismos que, en realidad, son lo mismo: dos subentes del Reino de España. Y en segundo lugar, porque nadie espera que ese crédito se devuelva.
- Tras todo esto y con un déficit real de 50.000 millones... la Seguridad Social anunciará que destina 3.000 millones "a la hucha de las pensiones"
- ¿Para qué llenar una hucha con 3.000 millones al mismo tiempo que te tienen que transferir-prestar 50.000 millones porque no tienes para pagarlo todo? ¿Qué diferencia habría si la transferencia fuera de 47.000 millones y sin hucha? Si alguien lo entiende, que nos lo explique.
- ¿Se conseguirán 50.000 millones en 10 años con este nuevo impuesto?: parece muy complicado.
Hacemos la misma cuenta que hace una semana, ajustando al 0,6% que finalmente se ha aprobado: si por contingencias comunes, que son el 28,3% del sueldo bruto, se sacan 126.814 millones al año, por un 0,6% se obtendrán unos 2.700 millones. Es verdad que esta cifra debería ir subiendo año tras año, según lo hagan los sueldos y el número de cotizantes. Pero incluso así, llegar a 50.000 millones en diez años se antoja muy complicado.
Y si se consiguieran, volvemos al punto anterior: el déficit ya es de 50.000 millones. Es decir, todo esto sólo serviría para pagar el agujero real de un año.
- Puede que esos 50.000 millones se logren con los rendimientos de la hucha. Sí, es cierto, ésta sería otra opción. Pero por lo visto en el pasado no parece que sea el objetivo del Fondo de Reserva. A partir de 2011-2012, la hucha se invirtió casi en su totalidad en deuda pública española. Y ya sabemos que la deuda pública no está ofreciendo grandes rendimientos en forma de intereses.
Lo que queremos decir es que esa rentabilidad del Fondo dependerá de en qué se invierta. ¿Va a hacer como el Fondo soberano noruego y comprar acciones en los mercados de medio mundo? ¿O va a servir para hacer más cómodas las emisiones del Tesoro español? Hasta ahora, se hizo lo segundo. Si Escrivá se va a lanzar a los mercados financieros con el dinero de los pensionistas (algo que quizás podría ser interesante), también debería explicarlo.
- ¿Es una aportación finalista y sólo para los próximos diez años?: Escrivá asegura que sí. Pero resulta complicado creerle. En otros países, como Francia, un impuesto que comenzó en niveles muy bajos (alrededor del 1%) ya supone cerca del 10% del salario total. Por supuesto, treinta años después de aprobado no hay ningún plan, ni se espera que lo haya, para su reducción o eliminación.
Lo que sí es probable es que en 2032 José Luis Escrivá ya no sea ministro de Seguridad Social. Así que será a su sucesor al que le tocará dar explicaciones si hay que subir el impuesto o alargar su período de vigencia.
- ¿Quién soportará los costes de este acuerdo?: los trabajadores actuales.
Aunque los sindicatos se han lanzado a anunciar que serán los empresarios los que asuman la parte del león (cinco de las seis décimas), al final esto repercutirá en el empleo. Para empezar, con menos creación de puestos de trabajo, por el incremento en costes que supondrá contratar a partir de ahora. Para seguir, porque dañará la competitividad de las empresas, algo que no es bueno para el empleo: porque el coste de los trabajadores ya contratados subirá a partir de enero de 2023. Y, para terminar, con salarios más bajos para las nuevas incorporaciones. Como explicábamos este fin de semana, lo relevante para el empresario es el coste total y la productividad del trabajador. Si le suben las cotizaciones, lo repercutirá en el sueldo.
- ¿Y el resto de las reformas?: quizás sea de lo que menos se hable estos días, pero puede ser lo más peligroso a medio plazo.
Tanto el ministro como los sindicatos han vendido este acuerdo como esto fuera el final del proceso o, al menos, lo más importante. Parece que ya está lo gordo: la reforma está completa o casi. A falta de pequeños flecos. Pero no es cierto.
El problema es que, de cara a la opinión pública, ahora será más complicado aprobar cualquier reforma que se interprete como un recorte. Porque al mismo tiempo le estamos diciendo al ciudadano medio que "vamos a llenar la hucha".
Ya vimos lo que ocurrió la semana pasada con la polémica del período de cómputo. Era algo que más o menos estaba asumido: en algún momento habrá que subirlo para contener el incremento de gasto. Pues bien, todo terminó con el ministro defendiendo algo tan surrealista y poco creíble como que en el documento de reformas y ajustes que el Gobierno ha enviado a Bruselas... hay la promesa de ¡¡más!! gasto en pensiones y no menos. Si algún día se toca ese período de cálculo, será mucho más difícil que la opinión pública lo acepte.
Además, este nuevo impuesto que parece tan pequeño y con poco impacto (un 0,6%) será la puntilla definitiva para el Factor de Sostenibilidad de la reforma de 2013. Y ya no hablamos del Índice de Revalorización de esa misma reforma que también ha pasado a mejor vida. Pues bien, según apuntaba este mismo martes Alfonso Sánchez, uno de los expertos de Fedea que más ha escrito sobre pensiones en los últimos años, "esta medida recaudará unos 2.000 millones al año. El agujero creado por abolir el IRP y el FS en, digamos, 2040, se estima (Banco de España) entre 50.000 y 100.0000 millones de euros anuales (dependiendo de los procesos exógenos del modelo). Nuestros cálculos dan cifras en ese rango".
O lo que es lo mismo, nos cargamos dos medidas de ahorro de 50.000-100.000 millones al año (es cierto que esas cifras llegarían en 2040, pero ya estarían aliviando algo el déficit de las pensiones) a cambio de una subida de impuestos de 3.000-3.500 millones dentro de una década en el mejor de los casos. Y nos dicen que estemos tranquilos, que si la hucha acumula esos hipotéticos 50.000 millones en 2032 los problemas de sostenibilidad estarán resueltos.
- El ministro técnico. Cuando José Luis Escrivá accedió al cargo, se le dijo a la opinión pública que era un ministro "técnico"; el que, por un lado, controlaría a Podemos y, por otro, nos explicaría sin trucos la realidad del sistema de pensiones. Pero hasta ahora, lo que ha ocurrido es que (1) se posponen día tras día todas las reformas impopulares; (2) lo que se aprueba consiste en movimientos presupuestarios pero que apenas suponen un cambio real en el tema de fondo, el déficit entre lo que se recauda y lo que se gasta; (3) se oculta la realidad, se exageran las cifras del futuro con previsiones muy optimistas o se defienden tesis tan raras como que le estamos prometiendo más gasto en pensiones a Bruselas.
Es cierto que estos trucos no son extraños entre nuestros partidos. Y que casi todos los gobiernos los han practicado. En este sentido, lo único que se puede decir al respecto es que no hacía falta traer a alguien de la academia o el mundo financiero para algo que ya estaba cubierto con los políticos tradicionales.