Una de las reformas que están pendientes es la del Sistema de Financiación Autonómica. En este contexto, al inicio de este verano, el Gobierno de Sánchez, apoyado en ERC, Podemos, el PNV y todos sus socios de la moción de censura, acordaron iniciar los procedimientos para impedir que Madrid baje impuestos, cosa en la que reinciden ahora, al tratar de imponerle a Madrid un recargo estatal de dudosa constitucionalidad en el impuesto de Patrimonio, y al acusarla falsamente de dumping fiscal. Se quejan de que el resto de españoles está pagando a Madrid dichas bajadas de impuestos y que compite deslealmente. Nada más lejos de la realidad. Como los madrileños no votan las políticas confiscatorias impulsadas por Sánchez y sus aliados, como ha quedado de manifiesto en las últimas elecciones regionales del cuatro de mayo, intenta imponer sus normas en forma de trágala, con ese comité de expertos sesgado hacia sus ideas que ha organizado y con estos intentos de introducir enmiendas en los presupuestos para acabar con la fiscalidad de Madrid, fiscalidad que podría imitar Cataluña, si quisiese.
Con la opinión de dicho comité, donde varios de sus miembros ya dejaron clara su posición en el pasado en línea con los postulados del Gobierno, tendrán la excusa para tratar de obligar a Madrid a que elimine las deducciones en Sucesiones y Donaciones y para que reponga Patrimonio. Es cierto que ahora, en actitud de contraataque, Madrid especialmente, con la importante rebaja de IRPF propuesta y la eliminación de los dos tributos propios que tenía, y también Andalucía y Castilla y León han impulsado iniciativas para reducir los impuestos dentro de las competencias regionales, pero el riesgo de que Sánchez obligue a las regiones a subirlos es alto.
Esa subida de impuestos la promociona el Gobierno para combatir lo que, falsamente, llama insolidaridad de Madrid, paraíso fiscal y, en palabras de sus amigos de Más Madrid, "guarida de millonarios". Todo es falso: Madrid es la región más próspera, la que más aporta al resto y donde más se recauda, como veremos a continuación, empleando datos del Sistema de Financiación Autonómica (SFA). Basados en 2018, eso sí, por dos razones: la primera se debe a que los datos de 2019 todavía están en liquidación provisional, de manera que aunque se acercan a los definitivos, todavía no lo son estrictamente; la segunda, que los datos de 2018 quedan al margen de estimaciones inexactas como las actuales de las entregas a cuenta de 2021, con lo que tampoco podemos ir por la vía de emplear las previsiones, ya que las de 2020 y 2021 son importes artificialmente elevados, que se corregirán vía liquidaciones.
¿Y qué se desprende de los datos? En primer lugar, la Comunidad de Madrid es la región que más aporta al Sistema de Financiación Autonómica para, vía solidaridad, hacer posible que las regiones menos prósperas puedan tener una sanidad, educación y servicios sociales dignos, que no podrían sostener si no fuese por la solidaridad de Madrid, ejercida con agrado, a diferencia de lo que suele pasar con los nacionalistas.
Madrid es, de largo, la que más aporta al Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Esenciales, para que esas regiones con menor capacidad económica puedan prestar los servicios, sanitarios, educativos o sociales. De esa manera, solo en el último año liquidado de manera definitiva, Madrid ha aportado al Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales (FGSPF) 4.039 millones de euros, frente a los 1.517 de Cataluña o los 390 millones de Baleares. El resto, de manear neta, recibe fondos.
Pero es que, si analizamos la aportación neta de Madrid al FGSPF desde el comienzo del SFA (2009) hasta el último año liquidado definitivamente (2018), comprobamos cómo Madrid ha aportado al fondo para que otras regiones puedan prestar la sanidad, educación y servicios sociales de otras regiones una cantidad que asciende a 31.671 millones de euros, frente a los 11.169 millones aportados por Cataluña. Es decir, Madrid aporta el triple que Cataluña a la solidaridad con el resto de regiones.
Y, para finalizar, esa aportación de Madrid ha sido creciente en el tiempo: ha pasado de aportar a la solidaridad 3.180 millones en 2009 a aportar 4.039 millones en 2018. Esto no solo demuestra que Madrid aporta más, sino que cuanto más crece Madrid, más aporta, de manera que, si se le impidiese seguir con la política de bajada de impuestos que ha impulsado más su crecimiento, perderían también el resto de regiones, al poder aportar menos por crecer menos.
Es más, esa mayor aportación de Madrid de 4039, 3 millones de euros asciende a 5.599,29 millones de euros si atendemos al resultado tras las transferencias de nivelación. De ese modo, solo tres regiones aportan en neto:
- Madrid, con 5.599,29 millones de euros.
- Cataluña, con 2.300,36 millones de euros.
- Baleares, con 557,74 millones de euros.
Es más, esto hace que Madrid aporte el 32% de la financiación que recibe, por 18% de Baleares y por el 11% de Cataluña. Es decir, Madrid aporta, sobre los recursos que recibe, el triple de lo que aporta Cataluña.
Eso ha hecho que Cataluña sea la que más fondos —de los recursos sujetos a liquidación— ha recibido del actual SFA desde su puesta en marcha en 2009 hasta el último año liquidado definitivamente (2018). De esta forma, Cataluña ha sido, junto con Andalucía, la que más ha recibido del SFA, con 167.420 millones de euros, que son más de 43.868,59 millones de euros más que los recibidos por Madrid, que tiene el mismo tamaño económico que Cataluña y donde se genera la mayor recaudación de IRPF. Es decir, Cataluña se ha llevado el 18,33% de los fondos sujetos a liquidación, casi cinco puntos más que Madrid, cuando tienen el mismo peso económico.
De esa manera, como se puede comprobar, de los recursos sujetos a liquidación, Madrid ha recibido menos fondos per cápita que la media, lo que demuestra que el SFA perjudica a la región madrileña a lo largo de todo el período analizado, aunque realmente se ve mucho más perjudicada, porque la población ajustada se diseñó de manera que genera a Madrid un perjuicio mucho mayor que a cualquier otra región (por ejemplo, mientras que Cataluña pierde un 1,8% sobre la población real, Madrid pierde casi el doble, un 3,2%).
Pueden querer frenar las bajadas de impuestos de Madrid, que tanto les molestan al Gobierno y a sus socios, pero deberán buscarse otra excusa y no la de la solidaridad, porque la realidad es tozuda y muestra, con datos, cómo Madrid es la que realmente aporta más fondos, con diferencia, a la solidaridad regional. Si el Gobierno quiere mejorar la solidaridad, debería decírselo al PNV, por ejemplo. Una cosa es que los regímenes forales del País Vasco y Navarra deban ser respetados, porque son constitucionales, al quedar así reflejados en la DA 1ª de la Constitución, y otra muy distinta es que el erróneo cálculo del cupo vasco y de la aportación navarra deberían ser corregidos, además de que debería articularse un mecanismo para que, manteniendo los regímenes forales, estas dos regiones cumpliesen con otro precepto constitucional —recogido en los artículos 2, 138, 156 y 158 de la Constitución—, como es la solidaridad entre regiones, solidaridad que, a día de hoy, no cumplen.
Los datos son claros: las dos regiones forales ni aportan a la solidaridad interterritorial, al no participar del Sistema de Financiación, ni las aportaciones estatales a dicha solidaridad se incluyen a la hora de establecer el cupo vasco o la aportación navarra, cupo y aportación que no hay que confundir con una aportación a la solidaridad del resto de españoles, pues sólo reflejan una compensación por los servicios que el Estado presta en dichas regiones. Cupo y aportación, que, por cierto, no se actualizan adecuadamente, de manera que supone una merma para el Estado y, por tanto, un drenaje de recursos que el propio Estado podría destinar a la solidaridad para las regiones de régimen común.
Esa es la realidad. Mejor les iría a todos copiando las políticas de la Comunidad de Madrid, ya que la experiencia muestra que generan prosperidad, pero si no quieren imitarla, al menos que respeten su corresponsabilidad fiscal al igual que Madrid respeta la del resto. Nadie está obligado a bajar impuestos, pero tampoco debe obligarse a nadie a subirlos. Que cada cual haga lo que estime y luego que responda ante sus ciudadanos.