El ministro José Luis Escrivá niega que se vayan a reducir las pensiones a raíz del aumento del periodo de cálculo, que pasará de 25 a 35 años si se cumple lo pactado por el gobierno de Pedro Sánchez con la Comisión Europea. Sin embargo, los cálculos elaborados por el gobierno parten de que, en caso de aplicarse un cambio de este tipo, la pensión media experimentaría una reducción del 5,5%.
Este porcentaje, que se desprende de las simulaciones y estudios que ha realizado el gabinete de coalición conformado por PSOE y Podemos, podría quedarse corto, puesto que los informes sobre esta cuestión realizados por las Universidades de Extremadura y de Valencia señalan que el descenso sería aún mayor de lo que plantea el Ejecutivo en sus documentos de trabajo.
Para ser precisos, el estudio elaborado por ambos centros de formación de la mano de la consultora WTW estima que los trabajadores que coticen un mayor número de años (es decir, una vida laboral con pocas lagunas de cotización) sufrirán un descenso medio del 7,5%, mientras que las carreras laborales más cortas enfrentarán una reducción media del 15%. En el caso de los autónomos, la caída estimada sería del 10%. Hablamos, pues, que la paga media de un jubilado caería en casi 1.500 euros anuales.
En cualquier caso, Escrivá sigue en sus trece y, de espaldas a toda la evidencia disponible, ha insistido en que su intención no es bajar las pensiones. El titular de la cartera responsable de la Seguridad Social ha aseverado también que este debate es una suerte de "serpiente de verano" que "aparece y desaparece de vez en cuando", lo que ha motivado la respuesta de Pablo Iglesias, ex vicepresidente del gobierno, quien ha acusado a Escrivá de mentir y de haber hecho circular distintos documentos en los que planteaba este tipo de ajuste.
Por si fuera poco, los sindicatos también han entrado en este debate. Tanto CCOO como UGT han emitido un comunicado conjunto en el que cargan contra el gobierno de PSOE y Podemos, al que acusan de tener "una capacidad sin límite para complicar los procesos de negociación" y de mantener una postura "incomprensible" sobre esta cuestión.
Escrivá se ha colocado así en una posición imposible. Por un lado, plantea ante Bruselas un ajuste de las pensiones basado en aumentar el periodo de cálculo y, por otro lado, defiende que esto no supondrá un descenso generalizado de las pensiones. Y, mientras este asunto enfrenta a los dos partidos del gobierno, la deuda del sistema ya supera los 100.000 millones y el déficit anual de sus cuentas se mantendrá, por lo menos, hasta 2024, según la documentación remitida por el gobierno a Bruselas.
Además, todo esto sucede a pesar de que el gobierno tiene previsto traspasar 36.000 millones de los Presupuestos Generales del Estado a la Seguridad Social, de modo que cada vez hay menos gastos del sistema que se pagan vía cotizaciones.